Los inversores ven con terror el control estatal que Sumar propone para Telefónica y Celsa

Inversores y asesores de capital extranjero ven con terror las intenciones de Sumar, el socio del PSOE en el Gobierno de coalición, de establecer un férreo control estatal sobre empresas estratégicas como Telefónica o Celsa. Según han indicado varias fuentes de este sector a THE OBJECTIVE, estamos ante un órdago en toda regla contra el derecho a la propiedad, una nacionalización de empresas encubierta y una declaración de intenciones que podría marcar la hoja de ruta de un eventual Ejecutivo en que se revalide la presidencia de Pedro Sánchez con el apoyo de Yolanda Díaz.

Estas fuentes indican que cualquier intromisión del Gobierno en empresas privadas sería visto como un peligroso precedente que generaría un efecto contagio, frenando proyectos o marcando una peligrosa huida de capitales. El mayor activo económico que tiene un Ejecutivo es su seguridad jurídica por lo que intentar controlar empresas privadas es -indican- un ataque inequívoco a los inversores.

Este miércoles, la vicepresidenta segunda en funciones y líder de Sumar esbozó las líneas generales de su programa económico ante una posible reedición de su actual pacto de legislatura con el PSOE. Durante la reunión con su grupo parlamentario en el Congreso desplegó un decálogo de intervencionismo estatal en las empresas privadas que sorprendió a los inversores, asesores y bancos de inversión consultados por este diario. Díaz volvió a pedir la intervención del Estado para frenar la arremetida de inversores extranjeros como ya hizo el pasado viernes.

Participaciones de la SEPI

Aprovechando la entrada de Saudi Telecom en Telefónica, tras pagar 2.100 millones por el 9,9% de la operadora, y el fallo judicial que da el control de Celsa a sus acreedores, entre los que se encuentran fondos de inversión como Deutsche Bank, Anchorage, Capital Group y Attesor Capital; Díaz propuso condicionar la entrada de capital extranjero a que estos inversores no puedan formar parte del consejo y que tampoco puedan ejercer su derecho a voto ni cederlo limitándose a una inversión «estrictamente financiera».

Díaz también ha pedido que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) tome participaciones de control en empresas estratégicas, reforzar «legalmente» el escudo antiopas y desplegar una acción de oro, con la que el Gobierno tendría la última palabras en determinadas decisiones del consejo de compañías como Telefónica o Celsa. La vicepresidenta segunda indicó que es necesario impulsar una nueva industrialización «que tome en serio sus sectores estratégicos» y que los proteja de los intereses extranjeros.

«Ha llegado el momento de activar todos los resortes para garantizar la autonomía estratégica de nuestro aparato productivo, asegurar la independencia y sobre todo, nuestro futuro. De esto va también la política», dijo. Unas palabras que los inversores interpretan como una peligrosa deriva estatizadora para dejar a los principales sectores productivos en manos del Gobierno de turno, una nacionalización encubierta propia de regímenes autoritarios que parecían olvidados en la Europa desarrollada, señalan.

Telefónica y Celsa

Respecto a los casos puntuales de Telefónica y Celsa, las fuentes consultadas indican que actualmente el Gobierno tiene las suficientes herramientas -de hecho, se reforzaron con la Ley de inversión extranjera promulgada mediante Real Decreto en julio– para preservar la autonomía estratégica de estas dos empresas y velar por su integridad, sin tener que desplegar acciones adicionales o entrar en su capital. Estas dos operaciones deben pasar por la autorización del Consejo de Ministros.

En relación a Telefónica, dicen que se puede estar de acuerdo (o no) con la entrada de una participada por el Estado Saudí, pero el Ejecutivo no puede combatir esta arremetida tomando una parte del capital como pide Sumar, y menos dejándola a merced del Gobierno central. La operadora de telecomunicaciones es, además, una empresa que ha demostrado ser económicamente viable, rentable y competitiva en las tres décadas en las que ha estado fuera del control público.

En relación a Celsa, se recuerda que la cesión de la gestión de la compañía a sus acreedores, en detrimento de la familia Rubiralta, se produjo por una decisión de la Justicia. Es por ello por lo que cualquier movimiento contrario a ésta resolución es visto como una intromisión en un poder independiente que mermará la seguridad jurídica del país y la confianza de los inversores.

Sumar contra Calviño

Yolanda Díaz también habló de la «incertidumbre» que trabajadores de empresas como Telefónica o Celsa viven por los movimientos en su accionariado, aunque el propio secretario general de UGT, Pepe Álvarez, sindicato mayoritario en la operadora de telecomunicaciones, dijo que la entrada de STC «no produce incertidumbre», sino, al contrario, «creo que Telefónica, con esta entrada de capital, va a poder afrontar las necesidades financieras que no tenía cubiertas y, por tanto, que la compañía va a poder funcionar en buenas condiciones».

En cualquier caso, las palabras de Sumar no han sentado nada bien en el ala socialista del Gobierno y en especial en el área económica dirigida por la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ya que temen que perjudiquen el sentimiento inversor. La ministra de Asuntos Económicos en funciones respondió a las declaraciones del viernes de Díaz indicando que España es un «país serio» y que el Ejecutivo defenderá su interés general ante el desembarco de los saudíes.

Díaz respondió de vuelta el miércoles diciendo que para ser un país «serio» es necesario impulsar una nueva industrialización «que tome en serio sus sectores estratégicos» y que los proteja de los intereses extranjeros. Para la líder de Sumar esta situación es «fundamental» para garantizar el empleo de calidad, emprender e impulsar un crecimiento económico sostenible y que vaya de la mano de la transición ecológica y de prestar servicios esenciales para la ciudadanía.