La burocracia de la UE acumula 2.800 expedientes contra los países incumplidores
Hay algunos asuntos activos desde 2000. La Defensora del Pueblo urge una ley de procedimiento administrativo europeo
Ilustración de Alejandra Svriz.
La Comisión Europea mantiene activos 2.800 procedimientos de infracción contra normas de los países miembros que no respetan el Derecho de la Unión. Estas leyes nacionales denunciadas ocasionan perjuicios a los contribuyentes y a los ciudadanos, que años más tarde, incluso décadas, se ven obligados a reclamar por, entre otras cosas, impuestos indebidamente pagados.
La situación es crítica, según reconocen las autoridades europeas. Estas alegan complejidad y volumen legislativo para justificar la tardanza. Algunos emplazamientos para cumplir con la normativa europea se remontan a 2000 y 2001, una demora que tiene unos efectos perversos en el bolsillo de los contribuyentes y en el medioambiente, entre otros asuntos. España, con 177, es uno de los países europeos, tras Italia (176) y Grecia (186), con más procesos en marcha.
La situación actual queda patente a través de un petición realizada al Parlamento Europeo por el abogado Isaac Ibáñez. En la petición, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, se insta a la Comisión Europea a que ponga en marcha una ley de procedimiento administrativo de la UE y un Reglamento sobre el procedimiento sancionador. Ante la petición, la Comisión Europea ha decidido hacer oídos sordos, pese a las demandas a favor del Defensor del Pueblo y el Parlamento Europeo.
Se trata, según asegura el abogado a este medio, de dar transparencia y acelerar y clarificar los trámites. Admite Ibáñez que estas tardanzas tiene consecuencias graves, que no se solventan totalmente, para ciudadanos y contribuyentes.
‘Céntimo sanitario’
El abogado, que ha llevado procedimientos de infracción del Derecho comunitario que han supuesto la modificación de leyes y prácticas administrativas nacionales, reconoce que algunos procesos se prolongan «eternamente». Basta recordar el céntimo sanitario, que estuvo en un limbo jurídico en las instituciones comunitarias durante una década.
En 2014, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) decidió que el «céntimo sanitario» recaudado en España no se ajustaba al derecho comunitario y abría la puerta para que los contribuyentes reclamasen al Estado las cantidades abonadas. La tasa se repercutía en los precios de los combustibles y se dirigía a cubrir una parte del gasto sanitario. El Estado recaudó 13.000 millones de euros entre 2002 y 2011 por este concepto, pero los contribuyentes solo recuperaron 3.000 millones.
Tribunal de Justicia de la Unión Europea
La demora afecta también a la ejecución de sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por ejemplo sigue sin ejecutarse la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala) de 28 de junio de 2022 (Comisión Europea/España. Asunto C-278/20), que declaró que el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado legislador por incumplimientos del Derecho de la UE es contrario al principio de efectividad, al hacer prácticamente imposible o excesivamente difícil el resarcimiento, por las condiciones impuestas en la reforma legislativa del año 2015.
Infracciones y demoras
Pese a las razones expuestas, la Comisión no tiene previsto proponer una ley general sobre el procedimiento administrativo, seguirá buscando formas de mantener sus métodos de trabajo adecuados a su finalidad y de acortar el tiempo necesario para cerrar los procedimientos de infracción, o en su caso, remitirlos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Ibáñez admite que esta situación, que la Comisión gestiona de forma discrecional, puede mejorar de forma notable y evitar perjuicios al ciudadano. Señala, en su petición, que no es compresible el concepto de demora indebida ni el concepto de plazo razonable. En esta línea ya se ha manifestado la Defensora del Pueblo que demanda de forma urgente una ley de procedimiento administrativo europeo.
El caso de España
España acumula 177 advertencias por incumplimientos en la transposición de las normativa UE. Estas irregularidades, debidas a errores en algunos casos y desidia en otros, derivan en ocasiones en multas millonarias. Pese a la importancia que supone trasladar a las legislaciones nacionales la normativa comunitaria, que dota de mayores derechos a los ciudadanos, España está a la cola de la Unión Europea. Solo Italia y Grecia tienen unos pocos más expedientes abiertos.
Además, a diferencia de otros países, España no informa regularmente de los avisos de infracción ni de las sanciones. Tampoco lo notifica al Congreso, el poder legislativo. De estos incumplimientos dan cuenta las respuestas sobre el asuntos de los responsables del Ejecutivo a través del Portal de Transparencia a las que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
