El mundo rural exigirá a la UE que imponga aranceles agrícolas en plena alza de precios
SOS Rural negocia con otras organizaciones para registrar una Iniciativa Ciudadana contra la competencia desleal
Marcha de SOS Rural en mayo por la defensa del territorio y sector primario. | Alberto Ortega (Europa Press)
Los agricultores españoles tienen un plan para combatir la competencia desleal. SOS Rural, que incluye a más de 400 organizaciones, lleva meses sembrando entre sus colegas europeos la idea de presentar una Iniciativa Ciudadana Europea. La intención es exigir a la UE que imponga aranceles para defender los productos comunitarios y asegurar la soberanía y seguridad alimentaria. Lo hace en plena escalada de precios. En el conjunto de los 27 la tasa de inflación interanual superó en agosto el 6%, mientras que en España se situó en el 10,5%.
La Iniciativa Ciudadana Europea es un instrumento que facilita la participación política de sus habitantes. Se utiliza para instar a la Comisión Europea a cambiar la legislación comunitaria, aunque para ello es necesario que firmen la propuesta un millón de personas de la UE. Lo primero es crear un grupo de organizadores que debe estar compuesto, como mínimo, por siete ciudadanos que residan en siete Estados miembros diferentes.
Los organizadores deben enviar una solicitud de registro a la Comisión Europea, que verificará si tiene competencias al respecto. Cuando la iniciativa esté registrada, sus responsables deberán señalar la fecha para iniciar la recogida de firmas en toda la UE. El número de apoyos necesarios varía según el país, ya que resulta de multiplicar el número de diputados que aporta a la Eurocámara y el número total de parlamentarios. España debe proporcionar 41.595 rúbricas.
Siete países de la UE
«Un millón de firmas parecen muchas, pero en toda Europa no son tantas», reconoce Natalia Corbalán, portavoz de SOS Rural. La también CEO de la Fundación Ingenio explica por teléfono a THE OBJECTIVE que llevan algo más de dos meses moviendo la Iniciativa Ciudadana Europea. Para iniciar los trámites necesitan que se sumen al proyecto organizaciones agrícolas de otros seis países de la UE. De momento cuentan con representantes de cuatro: Hungría, Polonia, Rumanía y Estonia.
A ese selecto grupo se le puede unir en próximas fechas Austria y Letonia. Corbalán admite que también existen contactos con organizaciones agrícolas de Francia, Italia y Alemania. Todas ellas, asegura, comparten preocupación similares: velar por la soberanía alimentaria y blindar los productos europeos frente a la competencia desleal de terceros países que no forman parte de la UE.
«Que vengan productos fuera pensando que son más baratos es una trampa. Cuando ya estén implantados aquí los subirán muchísimo y nos quedaremos sin posibilidad de reaccionar», subraya Corbalán. El texto de la iniciativa, en la que ya están trabajando, instará a la Comisión Europea a utilizar sus políticas comerciales para evitar dicha competencia desleal de manera que los agricultores foráneos «tengan las mismas exigencias que los que operan en la UE».
Entre esas exigencias Corbalán apunta a las condiciones laborales de los empleados, ya que los agricultores de terceros países se benefician de una mano de obra mucho más barata. También exige medidas de carácter medioambiental. «Deben restringir el uso de herbicidas y pesticidas. Los controles fuera de Europa son cero. Eso supone un atentado contra la seguridad alimentaria», recalca la portavoz de SOS Rural.
«Disparar los precios»
Los expertos consultados por este diario aseguran que la imposición de aranceles a productos de fuera de la UE es un viejo anhelo de diversos sectores productivos. Especialmente, el agrícola, cuya producción está a expensas de la climatología, entre otros muchos factores. No obstante, consideran que, en este momento, poner un canon a los productos foráneos supondría restringir la oferta y podría «disparar los precios».
La lucha del campo español no se circunscribe a Europa. SOS Rural ha emprendido en nuestro país una recogida de firmas «contra la competencia desleal de terceros países». El objetivo es presentar una Iniciativa Legislativa Popular que «proteja la agricultura y la economía rural, en especial el regadío», ya que es un «sector estratégico que aporta un gran valor económico, social, territorial y medioambiental que se encuentra sometido a fuertes presiones y amenazas que requieren de una respuesta regulatoria integral».
La Iniciativa Legislativa Popular es un mecanismo de democracia directa amparado en la Constitución. A través de ella los ciudadanos pueden presentar proposiciones de ley al Congreso. Si quieren hacerlo necesitan reunir al menos 500.000 firmas en un plazo de nueve meses tras la presentación de la iniciativa en la Cámara baja. Conseguirlas no supone que se vayan a tramitar. De las casi 200 que se han registrado en democracia apenas un tercio consiguieron pasar el filtro de la Mesa del Congreso.
Solo una docena de ellas alcanzaron las firmas. La mayoría fueron rechazadas por la Cámara. De las tres que tuvieron éxito, dos fueron incluidas en otras iniciativas y solo una fue aprobada, aunque con modificaciones en su texto. A veces son los propios partidos quienes hacen suyas esas reivindicaciones. En España algunas formaciones han mostrado su compromiso con el asunto de la soberanía alimentaria, entre ellos Vox.
Corbalán asegura que SOS Rural, que nació el pasado abril, es un movimiento civil apartidista, aunque no apolítico. «Nuestra intención es generar presión en los partidos para que atiendan las necesidades del mundo rural. Hay algunos que las llevan en su programa, pero lo que tienen es que desarrollarlas y que no se queden solo en un papel. ¿Cómo? Creando un marco legislativo».
