Varias empresas industriales estudian imitar a Repsol y replantear sus inversiones en España

Las empresas industriales españolas también se plantean dejar en el aire sus inversiones en España, siguiendo el camino que ya marcó Repsol este jueves, tras anunciar de manera sorpresiva que «podría condicionar sus futuros proyectos» en el país por «la falta de estabilidad en el marco regulatorio y fiscal». Las fuentes del sector consultadas por THE OBJECTIVE indican que muchas de estas compañías esperarán a mover ficha hasta que exista mayor claridad respecto de la avalancha regulatoria y fiscal incluida en el pacto de Gobierno entre PSOE y Sumar.

Estas mismas fuentes indican que Repsol es solo «la punta del iceberg» y que, pese a que ha sido la única que ha hablado -y que probablemente lo haga-, hay «muchas empresas industriales» que están valorando seguir el mismo camino que la energética liderada por Jon Josu Imaz, coincidentemente la mayor compañía industrial de España.

En todo el sector empresarial existe gran descontento e indignación con la batería de cambios regulatorios que acordó el bloque de Gobierno y que, entre otras cosas, prevén dejar de hacer temporal los impuestos a la banca, energéticas y grandes fortunas y que quiere subir hasta el 15% la tributación real de las grandes corporaciones.

Caos regulatorio

En este sentido, tras conocerse este proyecto -y la reivindicación que han realizado ministros del Gobierno respecto de sus medidas- los equipos jurídicos de compañías del sector energético, metalúrgico, de infraestructuras o de ingeniería se han puesto a trabajar para buscar fórmulas que les permitan reducir su exposición en España y para prepara el terreno para eventuales deslocalizaciones de sus fábricas y centros de producción fuera del país, si es que fuese necesario.

Del mismo modo, estas empresas -que prefieren guardar el anonimato para evitar represalias del Gobierno– han puesto en pausa sus futuras inversiones en España hasta que no se aclare el panorama regulatorio. Es decir, proyectos que estaban en carpeta o futuros movimientos para reforzar los centros productivos actuales se han quedado en el aire hasta nuevo aviso y cuando haya más visibilidad respecto de los anuncios que se produjeron el martes.

Al igual que Repsol, no hay ninguna decisión tomada respecto de marcharse de España o de llevarse proyectos a otras latitudes con un trato fiscal más favorable, pero sí que se ha frenado cualquier movimiento hasta que se confirme la investidura del Gobierno y efectivamente estos anuncios empiecen a convertirse en proyectos de ley.

Reforma del sistema fiscal

La principal crítica es la falta de seguridad jurídica que existe en España con este Gobierno y su constante intervencionismo en el funcionamiento de las empresas. En principio, el impuesto a las energéticas y a la banca y sus beneficios extraordinarios era temporal y solo por dos años, pero ahora -y sin consultar a nadie en el mundo empresarial- se planea hacerlo fijo. Lo mismo pasa con el impuesto a las grandes fortunas, que se mantendrá aunque todavía sin un diseño concreto.

Hay muchas dudas respecto de «la gran reforma global el sistema fiscal» prometida en el pacto de PSOE y Sumar. El objetivo es «mejorar su progresividad y acortar la brecha de ingresos sobre el PIB respecto a la media europea (46% del PIB) al final de la legislatura. Dicha reforma estará orientada a lograr que contribuyan más quienes hoy se esfuerzan menos (grandes empresas y patrimonios y rentas del capital, principalmente) y quienes incumplen con sus obligaciones tributarias». Esto deja la puerta abierta a nuevos tributos en el futuro que incluso no estén considerados en este pacto, dicen fuentes del sector a este diario. Es decir, la incertidumbre fiscal y tributaria es máxima.

Esta reforma promete que se alcanzará el 15% efectivo de tributación sobre el resultado contable de las grandes empresas en el impuesto de sociedades, una situación que preocupa en el sector que ya paga grandes cantidades de impuestos y que -ante una mayor presión de Hacienda– verían sus márgenes sumamente ajustados. A diferencia de Repsol, muchas de estas empresas han logrado superar las sucesivas crisis de la pandemia y de la guerra de Ucrania recientemente, por lo que siguen con muchas dificultades para conseguir grandes beneficios.

Calviño contra Repsol

En este sentido, las declaraciones realizadas este viernes por la vicepresidenta, Nadia Calviño, han vuelto a indignar al sector. La ministra de Asuntos Económicos en funciones dijo que «por supuesto que hay margen» para que las entidades financieras y energéticas, que están presentando resultados «milmillonarios» estos días, realicen una mayor aportación fiscal a la que efectúan actualmente. Una respuesta a Repsol, pero que es considerada como un aviso a navegantes para todos los sectores productivos.

Fuentes de estas empresas advierten también de que España debería fomentar el desarrollo del sector industrial en vez de torpedearlo con más impuestos. España se había comprometido con la Unión Europea a que el 20% de su PIB fuese el sector industrial, pero hasta la fecha apenas supera el 15% y con la imposición de más carga fiscal sería casi imposible llegar a este objetivo en los próximos años.

En medio de todo este debate, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha vuelto a recordar que España puede tener «un problema grave» si en estos momentos se aplican por ley «fórmulas populistas» que «sólo van en contra de las empresas». Ha indicado además que «cuando los impuestos son a la carta, las empresas tienen derecho a buscar otros espacios«. También recordó que hay millones de españoles que tienen sus ahorros depositados en empresas españolas y que podrían estar afectados indirectamente con estas medidas.