El pacto Sánchez-Díaz consolida a España como el país que más castiga a la gran empresa
España es el país de la UE en el que las grandes empresas pagan un tipo efectivo más alto sobre sus beneficios
El hachazo fiscal a la gran empresa previsto en el acuerdo entre Yolanda Díaz y Pedro Sánchez ha puesto en alerta a compañías industriales y al gigante Repsol. Las grandes corporaciones ya no descartan desinvertir en España si finalmente se ejecuta la reforma impositiva. La iniciativa consolidaría a España como el país de la Unión Europea que más castiga a sus grandes empresas.
Si los datos de 2022 incluidos en el Informe Anual de Fiscalidad de la Comisión Europea 2023 ya eran alarmantes, el nuevo escenario podría ser la puntilla para las empresas que invierten en nuestro país.
El documento, elaborado por economistas y técnicos de la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión Europea, destaca que España es el país de la UE en el que las grandes empresas pagan un tipo efectivo más alto sobre sus beneficios. Este tipo efectivo medio se sitúa en el 29%. Esto supone 8,6 puntos porcentuales más que el que se paga de media en los países del euro. Son 12,2 puntos más que la media de la UE.
El estudio nace como guía para los responsables políticos de UE. Pretende que sirva para ayudarles a mejorar el funcionamiento de sus sistemas tributarios. El análisis se centra en parte del tejido productivo, pero no incluye a pequeñas y medianas empresas, protagonistas en España, y también asfixiadas a impuestos.
Impuestos a la gran empresa
El informe destaca que el tipo efectivo que las grandes empresas pagan en España supera al que están sometidas las alemanas -28,8%- o francesas. También, que está muy lejos del que se paga en los Países Bajos, un territorio que acaba como refugio fiscal de grandes corporaciones, como Ferrovial.
La brecha entre España y sus socios se ampliará teniendo en cuenta que el pacto PSOE-Sumar recoge la reforma del tipo mínimo del 15% de Sociedades. El objetivo es que se aplique no sobre la base imponible, sino sobre el resultado contable. Además, el acuerdo prevé convertir la temporalidad de los gravámenes a la banca, las empresas energéticas y el impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas, en figuras tributarias permanentes. La iniciativa no ha tenido en cuenta el impacto que dicha medida puede tener sobre la economía.
Finalmente, el estudio encargado por la Comisión relaciona el efecto que tiene la aplicación de diferentes tasas sobre la deuda interna de las empresas. En ese sentido -colige el informe-, «cuanto mayor sea la tasa impositiva corporativa de un país, mayor será la deuda interna de sus empresas».
Un alto nivel de deuda en las empresas de algunos países de la UE -Alemania, Portugal y España-, afectadas con altos impuestos tiene como consecuencia más elusión fiscal y economía sumergida. Aquí, España también ocupa una de las peores posiciones, como recoge el último Índice de Competitividad Fiscal, analizado por el Instituto de Estudios Económicos -y dado a conocer por THE OBJECTIVE-, con datos de 2022 de la Tax Foundation, en los que se revela que nuestro país suspende y se encuentra en la posición 34 de los 38 países que estudia la OCDE. Y lo que es peor, hemos ido bajando y perdiendo posiciones desde 2019 a esta parte, pasando del puesto 23 al 34.
Preocupantes niveles de fiscalidad
Los niveles de fiscalidad de España son preocupantes. Así lo rubrica también el IEE en otro informe elaborado esta vez con datos de The Heritage Foundation. Año tras año ha confeccionado los Índices de Libertad de las Empresa y de Libertad Económica, donde una vez más, España tampoco destaca por su buena puntuación, algo que preocupa a los empresarios, ya que estos baremos están estrechamente relacionados con los principales motores de la generación de riqueza y de empleo.
Pues bien, según los últimos datos registrados -donde entran a examen aspectos como los derechos de propiedad, la efectividad judicial, la ausencia de corrupción y, la libertad de empresas-, España obtiene un 48,1% menos en salud fiscal, que la media de los 38 países conforman la OCDE.
Y la salud fiscal es un asunto mollar en este informe. En el documento se subraya cómo las instituciones han de facilitar el entorno adecuado que fomente la actividad empresarial y apoye a las empresas. La semana pasada, Ana Botín, presidenta del Grupo Santander, defendió en Bilbao, ante más de 600 empresarios reunidos con motivo del XXVI Congreso de la Empresa Familiar, que «sin empresas no hay impuestos, pero tampoco hay educación pública». Y por eso -señaló-, dependemos de las empresas para que la economía funcione.
España suspende en libertad económica y de empresas
Es es otro de los puntos de vista tratados en el Informe de Libertad Económica y de Empresas, publicado por la IEE este año y, donde la libertad de las empresas españolas queda en una posición comprometida de puesto 29 de 38 países. El grado de intervencionismo fiscal de los países -remarcan las conclusiones de los distintos sondeos de la The Heritage Foundation– acaba perjudicando al empleo. Cuanto mayor es la libertad de empresa del país en cuestión, menores son las tasas de desempleo -alrededor de un 6%-; mientras que, a menos libertad empresarial, mayores tasas de desempleo, moviéndose en porcentajes por encima del 10,7% de media, como le sucede a España, que en su última EPA ya alcanza el 11,8%.
Además, sostiene este trabajo, los países que tienen mayor libertad económica, también triplican la renta media de las economías donde sus políticas son más intervencionistas, y por ende, también se observa que los países con mayor renta, tienen mejores niveles de educación, salud, medio ambiente, innovación y democracia. De igual modo, y como consecuencia de esta correlación de actuaciones -sostiene el estudio-, también se detecta otra ecuación, y es que mayor libertad económica y de las empresas, mayor es el PIB de esos países.