Los minoritarios del Popular refutan a la Fiscalía y piden citar a Linde por la ampliación de 2012
Rechazan el cierre de la causa y solicitan llamar como testigo al exgobernador del Banco de España
El exgobernador del Banco de España Luis María Linde, en una foto de archivo. | Europa Press
Los antiguos accionistas minoritarios del Banco Popular se rebelan contra la Fiscalía. Intentan mantener viva la investigación en la Audiencia Nacional sobre las presuntas irregularidades en la ampliación de capital de 2012. Y, en contra de la reciente solicitud de archivo de la causa interesada por el Ministerio Público, piden al juez Santiago Pedraz una nueva batería de diligencias destinada a esclarecer las supuestas lagunas halladas en el informe pericial aportado por el Banco de España a la causa. Un documento que avalaba en sus conclusiones la gestión del expresidente del Popular Ángel Ron y de la auditora PwC en la ampliación de capital, por importe de 2.500 millones euros, suscrita por los accionistas de la entidad cinco años de ser adquirida por el Banco Santander a cambio se un euro.
«La petición de sobreseimiento provisional del Ministerio Fiscal es un seguidismo acrítico de una lectura superficial del informe del Banco de España», señala en un escrito, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, una de las acusaciones particulares que representa a más de 300 accionistas que participaron en la ampliación de 2012. En su escrito, remitido al juez Pedraz, se solicita llamar a declarar en calidad de testigos a los peritos del organismo regulador que elaboraron el informe en el que se basa la Fiscalía para pedir el archivo de las actuaciones. Pero también se solicitan otras testificales, entre ellas las del exgobernador del Banco de España Luis María Linde, además de ingente cantidad de documentos del organismo regulador sobre el Plan de Recapitalización del Banco Popular y los informes de seguimiento emitidos por sus inspectores respecto de la entidad.
«Es clamorosa la necesidad de que se practiquen diligencias de investigación pues, si se nos permite la expresión, el informe del Banco de España es poco menos que un intento por salvar los muebles a la desesperada», añade el escrito interpuesto por el despacho Durán & Durán en representación de una de las acusaciones populares. «Una lectura minuciosa del informe constata precisamente el fraude mayúsculo a los inversores», agrega el documento. La misma acusación popular ya había solicitado a finales de septiembre una serie de diligencias destinadas a profundizar en el análisis de los peritos del Banco de España y, también, a esclarecer una supuesta operativa para financiar irregularmente la ampliación de capital de 2012, en la que los consejeros de la entidad suscribieron 500 millones en acciones (el 20% del total).
Ampliación del Popular de 2012
El juez Pedraz acordó a finales de septiembre prorrogar la causa durante otros seis meses, hasta el abril de 2024, para dar tiempo a todas las partes a analizar el extenso informe aportado por los peritos del Banco de España este verano. Unos días después, como adelantó este diario el pasado martes, la Fiscalía hizo suyas las conclusiones de los inspectores del organismo regulador y ha pedido al juez el sobreseimiento provisional del caso.
El escrito de los antiguos accionistas minoritarios, remitido al magistrado Pedraz, reprocha el «seguidismo acrítico» de la Fiscalía y asegura que el informe del Banco de España está plagado de omisiones sobre cuestiones que podrían ser fundamentales para esclarecer si hubo fraude a los inversores. Señalan, entre otras cuestiones, que «no existe mención alguna a los déficits de provisiones de la cartera crediticia y a la valoración de la cartera inmobiliaria». «Nada se comenta, ni se refiere, de la actualización del informe de la Inspección del Banco de España de junio de 2012, a escasos tres meses de la ampliación de capital, en el que se desgranan las graves irregularidades que no se mencionan en el folleto», alegan los minoritarios.
El informe del Banco de España aportado a la causa describía como un «éxito» la ampliación de capital de 2012 del Popular, presidido entonces por Ángel Ron. Sus autores, Jaime Cidoncha Gallego y Juan Francisco Castro Navarrete, concluyen que no hubo engaño a los inversores porque la documentación de la ampliación de capital «reflejaba la imagen fiel de la entidad» y añadían que la operación hizo subir la cotización de las acciones y mejoró la situación financiera de la entidad durante los tres años siguientes. Tras analizar el informe del Banco de España, la fiscal del caso concluye que no hay indicios suficientes para continuar con una causa en la que se investigan presuntos delitos de estafa y falsedad documental por supuestos engaños en el folleto de la ampliación y las cuentas de la entidad.
Omisiones en el folleto
No obstante, los minoritarios reprochan al Banco de España haber evitado incluir en su informe un análisis detallado del plan de recapitalización que el organismo aprobó para el Popular antes de la ampliación de 2012, y tampoco los informes de seguimiento efectuados por la Inspección del Banco de España al respecto entre los años 2008 y 2014. Insisten en que «pudo influir en los procesos de toma de decisión» de los inversores el hecho de que el regulador y la entidad hubiesen acordado no provisionar 2.226 millones de euros en el ejercicio 2012, algo «que era solamente conocido por el Banco de España y el Banco Popular».
Añaden que aún «no se conoce» el contenido exacto de la autorización por la que el Banco de España dio luz verde a la ampliación de 2012, «al igual que el contenido concreto del mencionado plan de recapitalización». «En el folleto no se describe ni menciona ni un solo hecho, déficit e irregularidad de los que era perfecta conocedora la Inspección del Banco de España», añaden los inversores en su escrito para solicitar nuevas diligencias.
Entre otras, piden que se cite a declarar a los inspectores del Banco de España Jaime Cidoncha Gallego y Juan Francisco Castro Navarrete, autores del informe pericial en el que se basa la Fiscalía para pedir el cierre provisional del caso. También solicitan la testifical del exgobernador Luis María Linde y del inspector Ignacio Pardo, quien «en su comparecencia ante el Congreso aseguró que, en el periodo en el participó de la inspección del Popular (2009-2011), identificó un déficit recurrente de provisiones en sus inspecciones e informes de seguimiento».
La Fiscalía descarta falsedad
En su escrito, la Fiscalía aborda y hace suyos los principales puntos del informe pericial del Banco de España: las reclasificaciones de activos previas a la ampliación de 2012; las razones y el contexto económico que llevaron a poner en marcha la operación; y los motivos por los que se dan por suficientes los indicios de que no hubo intención de engañar a los inversores. Señala que durante la causa no se han podido acreditar por tanto indicios suficientes de que se hayan cometidos delitos de falsedad documental y estafa.
El Ministerio Público subraya que en diciembre de 2011, cuando se anunció la ampliación de capital del Banco Popular, la entidad pudo haber sido más estricta en su proceso de análisis de riesgos y haberlos reclasificados con anterioridad. No obstante, y parafraseando a los peritos del Banco de España, la fiscal indica que de todo lo analizado hasta el momento «no puede deducirse, en nuestra opinión, que la información publicada en el momento de la ampliación de capital no reflejara la imagen fiel de la entidad».
La Fiscalía también descarta el supuesto engaño a los inversores en relación a las reclasificaciones de activos, a pesar de que admite que los inspectores del organismo regulador concluyeron que el Banco Popular «no cumplió con la normativa contable exigible de manera absoluta, al no efectuar todas las reclasificaciones recomendadas por el Banco de España en 2012».
No obstante, el Ministerio Público añade que «esas reclasificaciones se efectuaron al año siguiente, con lo que apreciamos que no había intención de desobedecer lo planteado por el BDE en sus diferentes inspecciones, no pudiendo olvidar el esfuerzo realizado por la entidad que logró realizar una reclasificación de operaciones a dudoso por importe de 9.436 millones de euros brutos (5.701 millones de euros netos de recuperaciones)».
