La Abogacía del Estado admite desconocer el impacto real de la eólica marina sobre la pesca

La guerra jurídica entre el sector de la pesca y el Gobierno central (y las eléctricas) ya ha comenzado. El Tribunal Supremo, en concreto la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, admitió el recurso de los pescadores a los planes de ordenación marítima y ahora las partes implicadas está respondiendo a dicho recurso. El primero, y de momento único, ha sido el Ejecutivo, a través de la Abogacía del Estado, que envió hace dos semanas al alto tribunal un escrito de casi 90 páginas argumentando la legalidad del plan de eólica marina del Ministerio de Teresa Ribera.

Así, en el documento, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la Abogacía del Estado reconoce que «el impacto real y cuantificable (de la eólica marina) no será posible conocerlo hasta que no se realice la evaluación ambiental de los proyectos concretos que finalmente se presenten en cada una de las zonas». Por otro lado, añaden que «en el diseño definitivo de las zonas de alto potencial de eólica marina se ha procurado reducir al máximo la afección al sector pesquero, aun reconociéndose que dicha afección existirá y no se podrá eliminar en su totalidad«.

Por otro lado, reconocen en el escrito de defensa la falta de experiencia con respecto a la eólica flotante en la actualidad, que es precisamente la que se trata de introducir en España debido a la escasa plataforma continental. «Es cierto que la eólica marina flotante es muy incipiente en todo el planeta, por lo que hay pocas experiencias de convivencia con el sector pesquero. Será algo en lo que habrá que profundizar y que deberá estudiarse caso a caso en la tramitación de los proyectos concretos».

Reconocen que en otros países, donde sí existe una eólica marina propiamente dicha (por la poca profundidad de sus aguas en comparación con las del Océano Atlántico) hay sinergias entre esta tecnología y los pescadores. «La eólica marina con
cimentación fija es una tecnología comercial extendida en el mundo, especialmente en el Mar del Norte en Europa, existiendo ya experiencias de convivencia con el sector pesquero».

Además, añaden que es posible extender este modelo europeo a España. «La definición de las zonas de alto potencial para la energía eólica marina (Zaper) no significa que los barcos de pesca no vayan a poder entrar en ellas sino, al contrario, que los proyectos de instalaciones de energías renovables se concentrarán en tales polígonos. En cambio, la no definición de zonas específicas para la pesca implica que podrá seguir desarrollándose sin exclusión espacial alguna predeterminada en los Planes«.

En el escrito también aseguran que hubo interacción los años previos a publicar los planes de ordenación con el sector pesquero. «El 8 de julio de 2021 se organizó un taller participativo con los representantes del sector pesquero (cofradías, federaciones y Administraciones estatal y autonómica). Se presentó el análisis realizado por el Instituto Español de Oceanografía sobre la interacción de los polígonos de eólica marina con el esfuerzo pesquero basado en los datos que proporciona la Secretaría General de Pesca del Ministerio y se solicitó a los pescadores propuestas de modificación que evitasen las zonas de mayor valor pesquero, y facilitasen la ubicación de los polígonos en zonas con menor intensidad de pesca».

Los argumentos jurídicos

Los pescadores alegan que los planes de ordenación marítima «priorizan indebidamente la energía eólica sobre la pesca«, «vulneran los principios de legalidad y de jerarquía normativa», «producen una desigualdad en el trato normativo de la Demarcación Marítima Noratlántica en relación con otras Demarcaciones Marítimas» y «vulneran los principios de buena regulación», entre otros.

La Abogacía del Estado se opone a ello y asegura que «los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (conocidos como los POEM) no confieren ni reconocen derecho alguno al desarrollo de parques eólicos marinos en las zonas de alto potencial identificadas en relación con la actividad de la pesca». Por otro lado, «cada solicitud de autorización de proyecto de parque eólico que se presente tendrá que ser evaluada de forma individual, tanto desde la perspectiva de la normativa sectorial (que ya existía antes de la aprobación de los Planes)».

Por último, desde la Abogacía del Estado afirman que «España es un país que mira hacia el mar: cuenta con más de 10.000 kilómetros de costa y un millón de kilómetros cuadrados de aguas marinas, siendo el segundo país de la Unión Europea en cuanto a superficie marina. Todo ese espacio forma parte del dominio público marítimo-terrestre y, como tal, todos tenemos el derecho de disfrutarlo y el deber de protegerlo, y constituye la base de la llamada economía azul».