Un socio del Gobierno complica los planes de eólica marina de Ribera en el Congreso

El pasado 29 de septiembre, el Bloque Nacionalista Gallego (BNG), uno de los socios clave para el hipotético futuro gobierno de Pedro Sánchez, presentó una pregunta por escrito donde se pedía la «retirada inmediata de los planes de ordenación marítima (POEM) de la eólica marina en coherencia con lo que había expuesto y recomendado el Tribunal de Cuentas Europeo en un informe del 5 de julio». Fuentes del partido aseguran a THE OBJECTIVE que, en cuanto se conforme el nuevo ejecutivo, forzarán una votación -ya sea en el pleno o en la comisión- para que todos los grupos políticos se posicionen sobre los planes presentados por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

En dicho informe, los auditores de la institución europea estimaban una inversión de 800.000 millones en esta tecnología hasta 2050, pero subrayaban su temor a que dicha expansión de esta energía renovable resultase perjudicial para el medio ambiente, ya que la Comisión Europea, pese a sus esfuerzos por reconciliarla con la biodiversidad, no ha evaluado su impacto y sus consecuencias.

«En marzo hicimos una interpelación en el pleno a Teresa Ribera. Ella reconoció que aunque les faltaban estudios sobre el impacto de los parques de la eólica marina en la biodiversidad y la pesca, sus estudios sí veían compatible su puesta en marcha ante la necesidad de producir más energía verde. Nosotros lo que pedimos es que se revisen esos POEM porque carece de sentido atacar a un sector del que viven miles de personas en Galicia», aseguran fuentes del BNG.

Por otro lado, exponen a través del país vecino, Portugal, las consecuencias negativas de esta tecnología. «Pusieron solo tres molinos y el efecto fue que, literalmente, la pesca desapareció varios kilómetros alrededor del parque porque las vibraciones que producen los aerogeneradores afecta de forma muy directa a muchas especies que son muy sensibles. Esto nos demuestra que no es compatible con el sector pesquero. Estamos a favor de las energías renovables, también de la energía eólica, pero siempre minimizando los impactos», sentencian.

Aunque la votación no será vinculante y no comprometerá el siguiente paso esperado tras los planes de ordenación, la ansiada convocatoria sí servirá como pequeño escollo para el desarrollo de esta tecnología, ya que generará un nuevo debate dentro del Congreso de los Diputados. Además, esta es una de las grandes pugnas defendidas por los nacionalistas gallegos, un voto clave en una legislatura donde estos están cotizados y muy medidos. Por otro lado, este escenario obligará a muchos partidos políticos, como el PP, Sumar y Vox, a dar su opinión respecto a esta tecnología que tiene en pie de guerra a los pescadores.

Sin ir más lejos, estos últimos tienen recurridos los planes de ordenación presentados por el Ministerio el pasado febrero en el Tribunal Supremo. Alegan diversos argumentos jurídicos, entre ellos la inconstitucionalidad de estos. Un plus de presión que se añade a esa futura votación, ya que a ningún partido le interesa apoyar una medida que luego sea tumbada por los tribunales. No obstante, tampoco hay que olvidar que muchas compañías del sector energético ya han gastado recursos en hacer despegar esta tecnología en España.

El pasado viernes, durante la mañana, se reunió en la sede de Madrid del Ministerio de Transición Ecológica la ministra Teresa Ribera con la Asociación Eólica Española, que aglutina a las principales compañías del sector. Allí, aseguran fuentes de la asociación, se trataron temas sectoriales, además de repasar la actualidad del gremio. En pocos meses se han reunido varias veces. En una de ellas, el sector le presentó un estudio para impulsar el desarrollo de la eólica en España.

La presión que recibe el Ministerio viene también por otras instituciones. Así, hace unos días la asociación WWF publicó un informe en el que situaba a España fuera de los diez países que sí cumplían con los objetivos de desarrollo de eólica marina y terrestre que se había impuesto tras el Acuerdo de París de 2015. «Los Estados miembros tendrán que superar importantes retos, desde la necesidad de ganarse el apoyo público local hasta la ampliación de la infraestructura de red y la agilización de los procesos de concesión de permisos, en particular aumentando la capacidad administrativa de las autoridades competentes», sentenciaban.