España paga 500 millones por el petróleo de Venezuela y supera ya las cifras de 2022
España lleva cuatro meses seguidos comprando crudo después del fin al veto a Maduro tras la guerra en Ucrania
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. | Europa Press
La guerra en Ucrania y el consiguiente veto al petróleo ruso provocó que Estados Unidos autorizase a mediados de 2022 las compras de petróleo procedente de Venezuela por parte de los países europeos, que estaban hasta ese momento vetadas en Occidente. Desde entonces, España comenzó a hacer tímidas compras en 2022. Sin embargo, en 2023 están han aumentado aún más con respecto al año anterior y, solo en los primeros nueve meses, España ya ha pagado 500 millones de euros por el petróleo venezolano.
Ayer se conoció el último dato actualizado de importaciones de petróleo a Venezuela. En total, se compraron 121.000 toneladas de crudo. De esta forma, a través de las estadísticas mensuales de la Corporación de Reservas Estrategicas de Productos Petrolíferos (Cores), podemos apreciar que España lleva cuatro meses seguidos importando petróleo venezolano, sumando en total 933.000 toneladas de petróleo.
Los cálculos llevados a cabo por este medio junto con expertos -que tienen en cuenta el precio medio del petróleo venezolano en euros cada mes, los litros (158,9) que contiene un barril de petróleo de dicho país y el peso aproximado de un barril de crudo venezolano en kilos por cada litro (que es mucho más pesado que el europeo)- permiten confirmar que el precio a pagar en septiembre fue de 74,9 millones de euros.
Esta operación se puede trasladar al resto de importaciones en los meses de 2023 (agosto, julio, junio, abril y marzo). De esta forma, y aplicando los mismos parámetros mencionados, podemos concluir que el precio que se ha pagado en estos primeros nueve meses del año ha sido de 498 millones de euros. Una cantidad que ya supera a la del año anterior en su conjunto, que se situó en los 400 millones de euros.
En mayo de 2022, Estados Unidos anunció que iba a levantar ciertas sanciones contra el gobierno de Maduro, que permitían el diálogo sobre el comercio del petróleo. Desde entonces, y tal como se refleja en las estadísticas de Cores, España comenzó a hacer tímidas importaciones de petróleo venezolano. Más de un año después, en octubre de 2023, el país norteamericano ha levantado de forma temporal las sanciones contra el gas y el petróleo del país que dirige Nicolás Maduro.
El pasado 18 de julio, la Unión Europea ofreció a Venezuela el fin de las sanciones internacionales contra su país si celebraba unas elecciones inclusivas en 2024. La exdiputada María Corina Machado arrasó en las primarias opositoras hace unas semanas. Sin embargo, unos días después la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó la suspensión de dicha elección. La oposición acusa de que el máximo tribunal del país actúa a favor del gobierno.
El petróleo tiene tres fases desde su extracción hasta su venta final. En primer lugar, es producido (extracción) y vendido al mercado internacional después de haber pagado un canon al país de origen por el uso del suelo. En segundo lugar, en el mercado internacional, se compra el petróleo crudo (surge el famoso precio al que cotiza) y en el que aparecen nuevos actores, como los refineros, que compran ese petróleo crudo y lo refinan para vender los productos derivados (gasolina, gasóleo, queroseno o fuel, que cotizan todos ellos también a un precio distinto en el mercado internacional).
Por último, aparece una tercera fase, que consiste en comprar los derivados en el mercado internacional, transportarlos y venderlos al cliente final incorporando el margen minorista, es decir, retribuyendo al titular de la estación de servicio, que es el último elemento de la cadena. Hay energéticas en España, como Repsol o Cepsa, que controlan toda la cadena de valor: desde el pozo de extracción hasta estaciones de servicio. Pero luego hay otras muchas compañías españolas que solo participan en una parte de la cadena.
El Gobierno de España podría llevarse una pequeña parte de esta operación. Así, por ejemplo, la compañía española Repsol, que tiene activos de crudo y gas en fase de desarrollo y producción en Venezuela acabaría cediendo parte de sus beneficios -generados por producir petróleo y venderlo en España- a las arcas de España ya que este los recaudaría el Gobierno a través de los impuestos (el IVA y el Impuesto Especial) que paga en España como comercializadora. Un escenario que se da porque la energética está presente en toda la cadena de valor actuando como productor y comercializador.
