Alemania y Países Bajos se oponen al plan español de levantar las sanciones a Venezuela

Los gobiernos de Alemania y Países Bajos se opusieron este lunes a la propuesta del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, de revisar en noviembre las sanciones de la UE a Venezuela a la luz de los avances registrados en el diálogo entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, según desvelan fuentes de la oposición venezolana a THE OBJECTIVE.

Albares formuló esta propuesta durante el Consejo de Asuntos Exteriores celebrado en Luxemburgo, planteando que los Veintisiete estudien «la revisión de las sanciones de la Unión Europea a Venezuela en línea con las recientes decisiones de Estados Unidos en ese sentido y vista la evolución positiva del diálogo entre venezolanos».

El ministro se refería con ello al acuerdo alcanzado la semana pasada en Barbados por el Gobierno y la Plataforma Unitaria que aglutina a los principales partidos opositores de cara a la celebración de elecciones presidenciales en la segunda mitad de 2024, el cual, entre otras cosas, recoge «el derecho de todo partido político a elegir a su candidato para las elecciones presidenciales de forma libre y conforme a sus mecanismos internos».

A raíz de dicho acuerdo, Estados Unidos anunció el levantamiento temporal de algunas sanciones impuestas al sector petrolero venezolano, tras lo cual Caracas procedió a la liberación de cinco prisioneros políticos, entre ellos el exdiputado Juan Requesens y el periodista Roland Carreño.

Las sanciones de la UE se renuevan en noviembre

Albares argumentó que el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, «ha estado de acuerdo» con su solicitud y avanzó que llevará «ese estudio de revisión» al siguiente Consejo de Asuntos Exteriores. Se refería a la próxima cita de noviembre en Bruselas, en la que los Veintisiete tienen que decidir si renuevan por un año las sanciones europeas al país sudamericano.

Los representantes alemán y holandés discreparon de la propuesta de Albares con el argumento de que habría que esperar a ver si Maduro cumple al pie de la letra el acuerdo de Barbados y, sobre todo, si levanta la inhabilitación a la candidata ganadora de las primarias de la oposición, María Corina Machado, para que pueda competir contra él en las presidenciales de 2024 después de que esta última arrasase en los comicios internos de este domingo.

Las sanciones europeas son distintas de las de EEUU. Las de carácter económico se limitan al embargo de material militar y antidisturbios, así que las más importantes son la prohibición de entrada en el espacio Schengen a dirigentes, mandos militares y policiales del régimen de Maduro, así como la congelación de sus bienes en la UE de los que entraban en la ‘lista negra’.

Las primeras sanciones se aprobaron en noviembre de 2017. Dos meses después llegó la primera lista con Diosdado Cabello como principal figura. La UE fue la primera en sancionarle y Caracas respondió con la expulsión del embajador español. Un gesto inamistoso que fue respondido por Madrid y otras capitales europeas.

En junio de 2018 se aprobó una segunda lista de jerarcas chavistas sancionados, entre los que destacaba Delcy Rodríguez. Pese a ello, la vicepresidenta de Maduro se paseó por el aeropuerto de Madrid-Barajas en enero de 2020 tras reunirse con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en la terminal VIP. Unos hechos reconocidos y confirmados por el Tribunal Supremo, que determinó que «la estancia en el aeropuerto de Delcy Rodríguez implicó una vulneración de la expresa prohibición de permitir su entrada en el territorio de la Unión Europea está fuera de cualquier duda».

La tercera ronda de sanciones data de septiembre 2019 e incluyó a torturadores de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). La cuarta lista, de junio de 2020, abarcó a magistrados del Tribunal Supremo y la última, de febrero de 2021, amplió el número de jueces sancionados.

El movimiento de Albares se produce tras la ausencia española en la firma del acuerdo de Barbados entre el oficialismo y la oposición venezolana, donde se ha fijado la hoja de ruta para las próximas elecciones presidenciales en este país sudamericano con el respaldo de hasta nueve países.

La implicación de España en este proceso negociador ha sido «nula» y provocó preocupación entre algunos diplomáticos españoles destinados en Iberoamérica, según fuentes consultadas por este diario. Una situación que ha sido aprovechada por otros países vecinos de la UE, caso de Francia o los citados Países Bajos, para ocupar una posición de influencia en la región que la diplomacia española ha tenido casi en exclusiva en las últimas décadas.

A las reuniones de las últimas semanas en Barbados y a la firma de los acuerdos en la isla caribeña asistieron representantes de Argentina, Brasil, Colombia, México, Rusia, Estados Unidos, Francia, Países Bajos y Noruega. El país nórdico ejerció de país facilitador y los otros, como acompañantes. Hay que destacar que la presencia de Rusia fue por decisión expresa de Maduro, mientras que la oposición se decantó por Países Bajos en detrimento de España.

Albares se puso en enero «a disposición» del Gobierno de Maduro y la oposición venezolana para ayudar al proceso de conversaciones iniciado en México. Pero en aquel momento admitió que no había una «petición formal» para que España jugase un papel en las negociaciones, tras reconocer que el diálogo no se estructuraba como el de Colombia y el Ejercito de Liberación Nacional (ELN), donde la diplomacia española sí está presente como acompañante del proceso de paz.

«Son los venezolanos los que deciden si podemos ser útil, si nos necesitan en alguna cosa o no nos necesitan», sintetizó Albares antes de un encuentro con el jefe de la delegación opositora, Gerardo Blyde, en Madrid. Con este último tuvo un malentendido previo en Bruselas cuando dijo que ambas partes habían pedido a España «estar presente y acompañar el diálogo», pero la oposición venezolana desmintió esto último. En realidad, nunca ha aceptado la presencia española por «desconfianza» hacia Madrid. De ahí que la oposición buscase el abrigo y la complicidad de La Haya, hacen hincapié las citadas fuentes.