Los funcionarios pierden la batalla del teletrabajo y fían todo a las 35 horas... o menos
La Administración apuesta por la presencialidad y los sindicatos centran su esfuerzo en la reducción de la jornada
La ministra de Justicia, Pilar Llop, y la de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero. | Europa Press
El teletrabajo pierde fuerza en la Administración tras su auge durante la pandemia del coronavirus y la resaca de los meses posteriores. Los funcionarios empiezan a mentalizarse que deberán cambiar su forma de trabajar y que la actividad en su domicilio será limitada. Aseguran que los responsables públicos no se fían y que prefieren claramente la presencialidad, aunque solo sea para tenerlos controlados. Ahora la apuesta es por las 35 horas, una reivindicación histórica que no se ha materializado.
«Al final, da igual, quieren que estés y da lo mismo si trabajas o no», asegura un funcionario con nivel 25 en la Administración General del Estado. El departamento de Justicia ha sido el primero en dar el paso, con una circular remitida el pasado 27 de octubre en la que ponía fin de la modalidad del teletrabajo.
Pese a todo, algunas comunidades han preferido esperar y no aplicarla, al menos de momento. El Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia se ha mostrado perplejo por una iniciativa que llega muchos meses después del fin estado de alarma. Mientras, Agricultura ha fijado en dos días el máximo de trabajo en el domicilio.
Teletrabajo y ahorro energético
Hasta el 1 de noviembre, los empleados públicos -los que tienen jornada igual o inferior a 37,5 horas y media- podían trabajar tres días a la semana. Lo hacían avalados por el plan de ahorro energético del Gobierno. La iniciativa que buscaba reducir gastos en la administraciones, los disparó en algunos hogares. La falta de información sobre la vigencia de la medida ha hecho que en algunos departamentos sigan con los calendarios habituales, mientras que en otros el tiempo presencial haya pasado a cuatro días.
José Joaquín Castro, secretario de Desarrollo Sindical de la Unión Sindical Obrera, respalda el teletrabajo, «que no reduce la productividad», asegura a THE OBJECTIVE. Sin embargo, no ve claro que se justifique como una medida de ahorro, ya que aunque vaya una persona al centro de trabajo, la calefacción y la iluminación se mantiene. Para Castro, el teletrabajo permite la conciliación, mayor cumplimiento de objetivos y flexibilidad a la hora de realizar las labores.
El dirigente sindical asegura que a los responsables políticos y a los altos cargos no les interesa que los subordinados trabajen en casa, «porque ellos, en principio, tienen que acudir al centro de trabajo». Castro critica que no haya una norma común que regule el tiempo que se puede trabajar en el domicilio, lo que provoca criterios muy dispares. «Mientras en el Ministerio de Trabajo hay tres días de teletrabajo, en la Seguridad Social solo hay uno», destaca.
Uno de cada cuatro funcionarios
El dirigente de USO señala que un problema añadido ha sido el frenazo, por el parón político, de la ley de la Función Pública. La norma que pretende regular el teletrabajo sigue pendiente de las enmiendas en el Congreso de los Diputados. Comparte que la nueva ley evitaría la extinción completa de la actividad laboral en el domicilio.
La realidad es que apenas 55.000 funcionarios de la Administración General de Estado (AGE) trabajan más de dos días en casa. Suponen apenas uno de cada cuatro, porque para muchos empleados es imposible. La atención al público hace inviable desarrollar la labor en el domicilio. El fin del teletrabajo también hará que muchos empleados en comisión de servicios, básicamente para poder teletrabajar, se replanteen el próximo destino.
Ante las numerosas trabas con respecto al teletrabajo y el posicionamiento de la Administración por la presencialidad, los funcionarios y sus representantes han decidido apostar por la implantación de las 35 horas. Pese a que es una vieja reivindicación, un porcentaje muy elevado de funcionarios están lejos de esa jornada. El Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI firmado en entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y CCOO y UGT recogía la intención de recuperación o implantar la jornada de 35 horas.
El reto de las 35 horas… o las 32
«Las distintas administraciones públicas están comprometidas con el desarrollo de importantes objetivos como fomentar el empleo, la modernización de las plantillas y su rejuvenecimiento, apostando por la implantación o recuperación de una jornada laboral de 35 horas semanales como una medidas para alcanzar dichos objetivos», señalaba el texto.
El sindicato CSIF exigirá en la próxima legislatura una jornada laboral de 35 horas a la semana, una medida que comparten el resto de las centrales. Pese a que la jornada de siete horas durante cinco días a la semana fue una realidad, la crisis económica forzó la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, contenía la obligación para todo los empleados públicos tuviesen una jornada de al menos 37,5 horas semanales. inferior a treinta y siete horas y media semanales, de trabajo efectivo, en cómputo anual.
La situación actual es confusa, aunque se puede aclarar con un acuerdo Administración sindicatos, ya que existen dos normas enfrentadas. En algunas comunidades como la Región de Murcia o Castilla y León ya han pactado la jornada de 35 horas para sus empleados. A partir de ese logro, UGT ya plantea 32 horas semanales.
Horas trabajadas
Las horas trabajadas por los asalariados públicos y privas continúan desplomándose, una tendencia que tomó fuerza durante la pandemia y que no se ha conseguido modificar. Con el debate de la jornada laboral de 37,5 horas semanales de fondo y con más empleo, aunque de peor calidad, la caída de la productividad y del tiempo efectivo de trabajo es cada vez más patente.
Los datos cruzados de diferentes estadísticas que publica de forma periódica el Instituto Nacional de Estadística (INE) analizados por THE OBJECTIVE muestran que en el tercer trimestre de 2023 las horas efectivas trabajadas por los asalariados suponen 27,85 semanales. Estas son casi cuatro menos que las que se registraron en los tres últimos meses de 2019.
Las diferencias cada vez son más notables entre los asalariados del sector privado y el público. Las horas semanales reales de los funcionarios son apenas 23,3 frente a las casi 29 del sector privado. Las jornadas de trabajo en las administraciones son menores que en las empresas y seguirán reduciéndose. Los representantes sindicales reclamarán de cara durante la legislatura las 35 horas semanales. Es una de sus metas, como lo es mantener el teletrabajo, negociar un nuevo acuerdo salarial y eliminar la tasa de reposición. Uno de cada cuatro funcionarios de la Administración del Estado trabaja en su domicilio. Esto supone 55.000 trabajadores, 10.000 más que a mediados del año pasado.
