Una investigación exculpa a los agricultores de dañar el Mar Menor y apunta a las depuradoras
La Fundación Ingenio analiza con muestras en el agua el nitrato para descartar la incidencia de los agricultores
«Lo de los nitratos en el Mar Menor es mentira, es falso». Así de contundentes responden en la Fundación Ingenio, que está llevando a cabo una lucha particular en el Mar Menor contra un relato creado desde gobiernos y empresas que acusa al campo de ser el responsable de la contaminación del mar murciano, un lugar complejo por la infinidad de intereses y ataques cruzados entre diversos sectores, que salpican a empresas de depuración, desaladoras, agricultores, ganaderos, pescadores, entre muchos otros.
Pocas voces se atreven a hacer frente al postulado científico que sostiene que la endeble situación del Mar Menor se debe a la cantidad de nitratos que las raíces de las plantas envían de forma constante y minuciosa hacía el mar a través del acuífero. Un químico, este último, que usan los agricultores como nutriente para sus plantas. No obstante, como la propia fundación argumenta, la queja con respecto al Mar Menor es su «eutroficación», es decir, la alta presencia en la mar de nitrógeno y fósforo, elementos químicos que, apuntan, no son producidos por los agricultores, sino por las depuradoras. Añaden además que existe tecnología en el campo que evita que el nitrato profundice en el interior del terreno.
La Fundación Ingenio nació en 2020 y según se describen son una «una organización civil y apolítica, compuesta por 10.000 agricultores, cooperativas, empresas hortofrutícolas, comunidades de regantes, entre otros». Desde su aparición han generado rechazo por parte de todos los actores involucrados en el Mar Menor, incluidas las propias asociaciones que defienden el campo. «Tuvimos que retirar el nombre de las empresas asociadas porque estaban recibiendo ataques», apuntan desde Ingenio.
THE OBJECTIVE ha querido acompañar a esta fundación al Mar Menor para comprobar in situ su investigación. En una mañana soleada de un lunes de noviembre se suben a una pequeña embarcación tres hombres: el capitán, un biólogo de la ENAC (la Entidad Nacional de Acreditación en España) y un experto marino. Recorren diversos puntos (en concreto 14) del Mar Menor (llegando incluso a salir a las aguas del Mar Mediterráneo para comparar su calidad). «Lo que hacemos es replicar los puntos de seguimiento de la Comisión Europea», apuntan. En cada parada, de tan solo unos breves segundos, recogen en un tubo una muestra de agua, que enviarán luego a un laboratorio para conocer el nivel de nitratos del agua.
«El campo es un sector con un miedo terrible. Son muy miedosos. Por lo que todos los actores implicados en el Mar Menor despejan de esta forma la ecuación: el mar tiene nitratos y eso es igual a que el culpable es la agricultura. En 2021 es cuando dijimos que esto se acababa». Es así como comenzaron desde la fundación una larga batalla para buscar a los que consideraban los culpables reales. Y los encontraron: las depuradoras. Sostienen que son las encargadas de trasladar aguas residuales al Mar Menor y, por ende, lo que genera fósforo y nitrógeno en el mar.
«Las depuradoras están gestionadas por los gobiernos regionales, aunque son propiedad de los ayuntamientos. Mientras que los vertidos de estas depuradoras son controladas por el Ministerio. Nosotros decidimos preguntar al Ministerio (en concreto a la Confederación Hidrográfica del Segura) sobre los informes de calidad de las depuradoras y nos dijeron que en el año 2022 hicieron 28 controles a la depuradora más grande, que es la de Pedro Chico, y en los 28 incumplió. Es decir, el cien por cien de los controles de una depuradora de un año entero incumplía los límites de calidad», sentencian. Mejorar la depuración supone una inversión muy potente para los ayuntamientos.
Por otro lado, desde la fundación afirman que existe un segundo problema: el saneamiento. «Hay algunos ayuntamientos que están apostado por la renovación en redes de saneamiento. Consiguen atraer capital ofreciendo a las empresas privadas, como Acciona o ACS, la gestión del agua durante los próximos 20 o 25 años y a cambio la compañía les da 30 millones de euros al ayuntamiento. Con ese dinero algunos ayuntamientos lo invierten en mejorar las redes de saneamiento. Pero la incidencia de esta medida es mínima porque hay muchas casas que rodean el Mar Menor que no tienen saneamiento y que usan pozos ciegos y, es allí donde van los excrementos. Además, como han prohibido sacar agua del acuífero, ha subido el nivel y eso arrastra todos los excrementos de los últimos treinta o cuarenta años que había debajo del suelo al Mar Menor», añaden.
Medir los nitratos
«Medir en el mar nitratos es muy complicado porque hay mucha sal. Hay ahora una campaña muy importante de los ecologistas de Greenpeace que está repartiendo a la gente una especie de papel para medir nitratos. Eso es un disparate. Nosotros esta investigación la hacemos con biólogos acreditados. Nosotros las muestras ni las tocamos, las enviamos directamente al laboratorio para que nos emitan un informe. Somos asépticos«, aseguran.
El número mágico es, según aseguran los expertos de la fundación, el 6,45. Esa cantidad es el límite y se considera un nivel de nitratos en el agua moderado. Las últimas veces que han analizado ese agua recogida su resultado ha sido cero. Lo que les deja una primera conclusión: el campo no daña el Mar Menor. En este momento hay cinco administraciones midiendo el Mar Menor, pero solo hay una oficial, que es la Consejería de Medioambiente de Murcia, que reporta a Bruselas.
La situación del Mar Menor complicó el acuerdo durante las negociaciones entre el Partido Popular y Vox. La repercusión que genera esta situación en el campo es importante y los del partido de Santiago Abascal apostaron por conseguir la consejería de Agricultura, que, sin embargo, el PP rechazó. Una situación anómala con respecto a otros territorios, donde esta consejería se ha obtenido sin graves perjuicios. Pero la amalgama de intereses puede salpicar las políticas de los populares en los municipios que gobierna cercanos el Mar Menor y en su propia hoja de ruta con respecto al acuífero.
Interés del sector solar
La Ley sobre el Mar Menor aprobada hace unos años aseguraba que mientras no se aprobase el plan de ordenación de la cuenca quedaba prohibido el cambio de uso agrícola a industrial en los terrenos, salvo si el fin era para invertir en placas solares. Una realidad que provocó el interés de muchas empresas fotovoltaicas en invertir en la zona. Al final, esta zona costera de Murcia se caracteriza por el brillo del sol en casi todas las épocas del año. Así, muchos agricultores hastiados por la situación de su tierra han aceptado alquilar su terreno para que se instale esta tecnología renovable.
Sin embargo, esto tiene un cierto riesgo que algunos han desconocido: una vez que esa tierra se le asigna la etiqueta de suelo para uso industrial ya no hay marcha atrás. Es decir, ese terreno no podrá volver a ser nunca para uso agrícola. Una situación que deja a estos trabajadores del campo en una situación comprometida ya que la tierra no ha sido vendida, sino alquilada. Por lo que en el momento en el que la empresa recupere el capital invertido, si no comienza a ver beneficios suficientes existe la probabilidad de que abandone el terreno en busca de nuevas oportunidades, dejando la zona del agricultor bajo la eterna incertidumbre de que aterrice una nueva compañía del sector.