Puente remunicipalizó el agua de Valladolid, pero tapó 30 contratos con empresas privadas
Presumió de la remunicipalización para abaratar el precio, algo que no coincide necesariamente con la realidad
Oscar Puente, ministro de Movilidad. | Europa Press
Diversas fuentes han confirmado a THE OBJECTIVE -entre ellas, la voz autorizada de Hilario Albarracín Santa Cruz, presidente de la Asociación de Gestores Urbanos del Agua- que el hoy ministro de Transportes, Óscar Puente, cuando fue alcalde de Valladolid hasta el pasado 17 de junio, presumió de la gran remunicipalización del servicio del agua en la capital castellana para abaratar el precio, algo que no coincide necesariamente con la realidad.
Datos de una simple lectura del perfil de contratante de Aquavall, entre 2022 y 2023, revelan la suscripción de más de 30 contratos con entidades privadas para la realización de las actividades propias de este tipo de entidades suministradoras, como pueden ser la instalación de contadores, mantenimiento de equipos, ejecución de obras, redacción de proyectos, servicios técnicos e incluso la reclamación judicial de deudas, poniendo de manifiesto -apunta Albarracín- que esa municipalización ha conllevado una fuerte dependencia de las nuevas entidades públicas ‘operadoras’ del servicio de la colaboración del sector privado.
Así pues, vista la documentación a la que ha tenido acceso este diario a través de la Plataforma del sector público, la defensa de la municipalización de Puente se desvanece tras, en efecto, comprobar que el dirigente socialista, durante su gestión en el Consistorio de Valladolid, echó mano de distintas empresas privadas para apoyar a Aquavall (Consejo de Administración de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de Valladolid). Y lo hizo con instalaciones, sustituciones, trabajos de construcción, mantenimiento y reparación de equipos, de obras de ejecución de proyectos de adecuación y también, entre otras contrataciones, con un contrato privado de régimen de alquiler con opción a compra, con un valor estimado de 198.000 euros, aunque finalmente se adjudicó por 5.400 euros.
Almudena Semur, secretaria de Osur (Observatorio de Servicios Urbanos) y economista por la Universidad de Barcelona, recapacita precisamente sobre esta ‘doble moral’ de la defensa de la municipalización, cuando el servicio necesita para su eficacia la colaboración de la empresa privada. Y es que -comenta-, por un lado tenemos las necesidades de inversión que necesita de recursos, y a nadie se le escapa que la tarifa desde la llegada de gobiernos populistas a los ayuntamientos ha quedado prácticamente congelada en muchos municipios en los que, en el mejor de los casos, apenas cubren los gastos operativos del servicio, pero no permite el correcto mantenimiento y renovación de las infraestructuras. Y por otro -mantiene-, no hay que olvidar que, «según datos del estudio Necesidades de inversión en renovación de las infraestructuras del ciclo urbano del agua en España, de AEAS, la media anual de inversión real ni siquiera alcanza el 50% de lo necesario».
Por eso -recalca-, estamos ante una situación preocupante, «porque el agua urbana necesita una inversión anual de 2.500 millones de euros adicionales, hasta alcanzar los 4.900 millones de euros/año, para garantizar la calidad, la sostenibilidad de los servicios y afrontar retos futuros. Esto supone 53 euros anuales per cápita adicionales».
El precio del agua
Según los resultados arrojados por el Estudio de Tarifas AEAS-AGA 2020, el precio medio del agua para uso doméstico en España se situó en 1,90 euros/m3 (sin IVA), una de las más bajas de Europa. De esta cantidad, 1,06 euros/m3 (el 56%) corresponden al servicio de abastecimiento y 0,83 euros/m3 (el 44%) al servicio de saneamiento. Con un céntimo de euro un ciudadano dispone de cinco litros de agua (abastecimiento y saneamiento).
Por eso, señala Semur, «es muy posible que uno piense que no deja de resultar paradójico que nuestro país, uno de los países europeos con mayor escasez en recursos hídricos, tenga una de las tarifas de agua urbana más bajas de Europa. Concretamente, un 45% por debajo de la media europea, la mitad de Alemania o un tercio de Dinamarca y similar a otros países como Finlandia, Portugal o Polonia».
En 2019, el periodista Diego Jalón aborda la demagogia en el uso del agua con este título en las librerías: El futuro del agua pasa por Valladolid. Se trata de una vieja aspiración, la del socialista Óscar Puente, de remunicipalizar el servicio de agua potable de la capital de Castilla y León, «sin mayores explicaciones».
En sus investigaciones, Jalón se remonta al origen de Aquavall, y de aquel periodo opina literalmente: «Hace ya ocho meses, en un muy lejano mes de febrero, cuando la normalidad todavía no era nueva y circulábamos por las calles libres y sin embozos, nos vino María Sánchez, ya saben, la concejal de medio Ambiente y presidente de Aquavall a razón de 80.000 euros al año, con el cuento de las millonarias inversiones de la empresa municipal del agua para renovar los equipamientos públicos de abastecimiento, saneamiento y depuración de agua. Nos quería camelar por aquel entonces, con la intención de justificar la creación de esa empresa municipal del agua que todo lo subcontrata, explicándonos que en solo dos años y medio habían licitado más de 22 millones de euros para ‘avanzar de forma decidida en la necesaria renovación de las redes’».
La herencia de Puente: 37,3 millones de déficit
Hace apenas un mes, y en continuidad con el servicio remunicipalizado de Óscar Puente, el Gobierno popular del consistorio, con Jesús Julio Carnero al frente, ha anunciado la congelación de la tarifa del agua en 2024 -si bien la tarifa no ha cambiado desde 2017- para impulsar entre otras actuaciones la inversión hasta los 10,7 millones.
Pero antes, en julio, y a petición del nuevo regidor, el interventor del Ayuntamiento de Valladolid ha hecho un informe municipal en el que confirma la complicada situación económico-financiera del Ayuntamiento de Valladolid, algo de lo que dio cuenta este medio, recalcando que la gestión del primer espada al frente del Ministerio de Transportes deja un déficit de más de 37 millones de euros para el ejercicio de 2023.
