Empresas y autónomos se levantan contra las políticas fiscal y laboral de Sánchez

La distancia entre la economía real y la lectura que el Gobierno de Pedro Sánchez hace de sus políticas se agranda por días. La baja calidad normativa, el exceso de regulación, el alejamiento entre las cifras macroeconómicas y lo que realmente le pasa a las empresas, a las pymes y a los autónomos -el incremento incesante de costes laborales y de impuestos, la pérdida de confianza o la lectura imprecisa que el Ejecutivo hace de sus datos laborales y del crecimiento- han provocado un rechazo o una enmienda a la totalidad por parte de empresarios, gestores administrativos y economistas, que coinciden en señalar que estamos «en un clima nada propicio para las empresas».

Y lo que es peor -añaden-, el Ejecutivo no va por buen camino para reconducir una situación que hace que hoy España sea reconocida, entre otras variables, por sus bajos niveles de inversión -por debajo de la media, igual que el de hace 30 años-; por unos márgenes de productividad estancados desde hace un cuarto de siglo y por una rentabilidad por parte de las empresas por debajo de 2019, lo que también se manifiesta en el desincentivo inversor y el fenómeno de expulsión de éstas y, por tanto, en la menor creación de empleo.

Son situaciones, explicó este martes Celia Ferrero, vicepresidenta de Asociación de Trabajadores Autónomos, que no reflejan la estadística oficial que maneja el Ejecutivo de coalición, desde el mismo momento en el que, en el caso de la CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas), el problema es que sigue utilizando información de actividades que «bien han desaparecido, bien no existen».

Y ese registro difuso de la estadística es extensible, comenta Ferrero, a los datos de fijos discontinuos, «de los que todavía no sabemos quiénes están en activo o no lo están». De igual modo, sostiene, también es extensible a los datos de afiliación, «sabiendo, como se sabe, que hay disminución de intensidad de trabajo y menos horas trabajadas».

«Demasiados años de dinero gratis»

Este lunes, el Consejo General de Gestores Administrativos y la CEOE celebraron en la sede nacional de la patronal una jornada cuyo título pivotó en torno al grado en el que afecta la actual presión normativa, económica, fiscal y laboral en las empresas españolas, acercándose así a una visión de futuro de nuestros negocios. En dicha jornada participaron los economistas Javier Santacruz y Francisco Vidal, también economista jefe de Cepyme; Celia Ferrero, vicepresidenta de la ATA, y Gregorio Izquierdo, director del Instituto de Estudios Económicos.

Ferrero, por su parte, se refirió a la escasa claridad de las normas que regulan el funcionamiento de las empresas, que conducen a situaciones kafkianas, «exigiendo cosas impensables e imposibles, que atienden más a planteamientos ideológicos», y exigiendo, a veces, procesos donde «la tecnología que se requiere ni existe». Esto, recalcó Ferrero, «pone muy difícil la inversión de las empresas, una de las grandes asignaturas de la economía española».

En opinión de Javier Santacruz, «ha habido demasiados años de dinero gratis, lo que ha traído consigo un espejismo de los datos macro, también gastando dinero en tonterías, y perjudicando así el ahorro y el crecimiento económico».

En un momento de «estanflación, con crecimientos bajos e inflación todavía elevada», lo que procede -señala Santacruz- «es buscar vías de escape para que no se acreciente el divorcio entre las cifras macro y la verdadera situación que viven las pymes».

Baja rentabilidad y costes abusivos

«Vivimos en una situación de gran debilidad para las empresas -explicó Gregorio Izquierdo- y las condiciones de rentabilidad para éstas son muy acuciantes y no cubren los riesgos, y esto hace que no se invierta y que la economía no funcione como palanca, de modo que no se crece, no aumenta el empleo y la productividad tampoco».

Esto -razona el director del IEE- «nos lleva a perder oportunidades de crecimiento, así que, más que ayudas o apoyo, lo que necesita el entorno empresarial español es un clima en el que los sobrecostes no perjudiquen a la empresa».

En cuanto a las cifras que baraja el Gobierno, relativas a las variables macroeconómicas, Ferrero mantiene, por su parte, que «las situaciones no se reflejan en la estadística y menos respecto a los autónomos». Y es que son muchas las ocasiones en las que «se trabaja con datos que recogen información de épocas pasadas -afirmó-, de modo que los datos necesarios no están disponibles».

En su opinión, en España «hay una tendencia a basarse en los grandes datos, en lugar de los matices», por lo que, sostiene, «debería haber mayor segmentación». Es el caso de la Administración. En este terreno, «a las empresas se les exige más que a la propia Administración, porque, son muy buenos recaudando impuestos -indica-, pero no igual de eficaces en otros negociados de la Administración».

Del triunfalismo al oligopolio

Francisco Vidal, director de Economía y Política Sectorial de Cepyme, ha ido directo a la «falta de ejemplaridad de la Administración», reclamando a ésta el cumplimiento de una normativa que el Estado no es capaz de aplicarse. Y mientras -señala-, «España va a una economía de escala, que soporta el crecimiento, mientras se destruyen empresas y prevalece un caos normativo, y mientras la Administración fomenta el relato del triunfalismo».

Siendo líderes en regulación, al igual que Europa, recalca Ferrero, en España «cada norma conlleva un coste para las empresas y esto es porque vamos a un modelo de gobiernos sociales», que con estas políticas traen «más oligopolios y monopolios, que son los que sobreviven».

En esa línea, Santacruz opina que las cifras macroeconómicas no casan con las de la economía real: parámetros como las horas trabajadas no coinciden con las horas efectivas. De hecho, hoy tenemos un 5% menos de horas trabajadas que en 2019, en un escenario -añade-estacionario de productividad y solo para sobrevivir, más allá de sectores que han ido muy bien como el exterior, con un comportamiento extraordinario.

Pero hay trabas -sustancia- y también falta la ejemplaridad de la Administración, mientras «se pide lo imposible», como puede suceder con «la normativa de la facturación electrónica». Y es que, más allá la maraña de normativa española, tampoco Europa ayuda, porque según el economista Javier Santacruz, «los colegios y organismos estadísticos europeos no actualizan los datos y no saben lo que pasa, y por tanto, no tienen conocimiento de cómo funcionan las cosas».

«Un SMI que se puede quedar en nada»

Desde un punto de vista fiscal, Santacruz también se plantea «cómo compensar la subida del SMI, que a la postre pagará el empresario y también el trabajador». ¿Cómo se le devuelve el esfuerzo fiscal al que nos va a obligar el Gobierno? -se cuestiona-. Esto es algo que, en su opinión, todavía estamos a tiempo de trabajar, no sin olvidar que los contribuyentes y las empresas ya le han dado al Estado «45.000 millones de euros de más por el alto coste de la inflación».

En ese punto se fija también Ferrero, desvelando que «la subida del SMI se puede quedar en nada si no somos capaces de revertir la inflación, de manera que empresas y trabajadores van a asumir los costes, frente a los contratos públicos, a los que el Estado no quiere indexar el SMI». Es por eso por lo que la vicepresidenta de ATA pide «igualdad entre españoles, y entre administradores y administración», porque -destaca-, los demás, empresa, autónomos, «no somos la vaca a ordeñar». Por eso necesitamos -apunta- «menos normativa y menos cargas, porque no podemos competir con los costes de un hospital público».

Vidal, por su parte, demanda «marcos favorables por parte de la Administración», marcos ordenados que no se superpongan, por lo que es preciso darles la vuelta a más de unos de ellos, entretanto, «al de I+D», para generar certidumbre. Además, precisa, también hay que «atraer capital humano, como en el caso de las profesiones STEM».

También desde el punto de vista fiscal, el responsable del servicio económico de Cepyme, pide al Gobierno que la deriva impositiva se contenga, y que no parezca que solo hay ganas de recaudar más y de gastar más, porque no hay que olvidar -ahonda- que España no hay hecho los deberes con el déficit, y no tenemos margen fiscal.

La necesidad de la eficiencia administrativa

Gregorio Izquierdo, por su parte, enfatizó en los dos conceptos que desde su experiencia profesional y académica son más importantes para la economía: la productividad y la competitividad, para así generar crecimiento y empleo. A su modo de ver, a España le falta la tradición de los países anglosajones de constituir comisiones de seguimiento sobre la fiscalidad.

Una actuación propicia -aborda-, partiendo de la idea de que los parámetros de eficiencia de las administraciones de nuestro país o son buenas y están por debajo de la media, cuando lo que procede son las colaboraciones público-privadas, como aquí podemos ver entre los gestores y la Administración, de modo que no prevalezca lo público sobre lo privado, ni tampoco el cortoplacismo, que premia al consumo mientras se distancia la inversión.

Si no cuidas a las empresas -coligió Izquierdo-, no cuidas ni a las familias, al empleo ni a la riqueza económica de un país.

El economista Juan Iranzo también intervino en el turno de preguntas, y desde el patio de butacas afirmó que lo que hay que cuestionar en España es la regulación en sí misma. Por tanto, el sector público tiene que dejar de actuar, bajando presión fiscal, recortando gasto público, flexibilizando el mercado laboral, despenalizando el empleo, permitiendo más contratos a tiempo parcial e indiciando los contratos públicos.

«Una normativa imposible de cumplir»

En el broche final del acto, con Fernando Santiago y Antonio Garamendi -presidente del Consejo General del Colegio de Gestores Administrativos de España y presidente de la patronal de empresarios CEOE, respectivamente-, ambos coincidieron en señalar «la honda preocupación» que les trasmiten tanto la situación como los datos macro y micro que manejan. Asimismo, observan las dificultades de las empresas, de las familias y de los autónomos para salir adelante frente a la carga impositiva y los costes sociales, con un IRPF no deflactado y un incremento del MEI, que está a la vuelta de la esquina.

Santiago, que dio a conocer algunos de los datos del último Barómetro de los Gestores Admnistrativos, a tenor de los resultados se preguntó qué pasa con la economía real, cuando de los encuestados, el casi un 8% entiende el impacto negativo que la presión fiscal y normativa está ejerciendo sobre el futuro de las empresas. Por cierto -señaló-, «una normativa que es esquizofrénica y paranoica es imposible de cumplir».

Garamendi concluyó la jornada reconociendo que los datos macro oficiales te dicen que no vamos tan mal, pero hay otro dato, el de la confianza, que no expresan lo mismo.

Sostiene Garamendi que en España, «la mayor empresa es el Estado y todas sus filiales -ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas-». Por ello -destacó-, nosotros -la empresa- «no coincidimos con los datos del Gobierno, si bien hay unos fondos que se están inyectando y esperamos que no sean un Plan E», apostilló.

En ese sentido -remató el presidente de la patronal-, «nosotros no creemos que el déficit de 2024 sea del 3%, porque viendo la línea de gastos y ingresos», eso no parece que pueda ocurrir. De ahí -afirmó- que las previsiones no sean optimistas».

Garamendi también se mostró contrario y preocupado al ataque a la división de poderes, a la condonación de la deuda de las comunidades autónomas que pidieron el FLA -por la mala imagen que eso pueda suponer- y al bloqueo al diálogo social.