Las bajas de funcionarios por jubilación duplican las altas por oposiciones desde 2013
Tasa de reposición, oposiciones mal planificadas y envejecimiento han provocado la ‘extinción’ del funcionario de carrera
María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública. | Europa Press
Las oposiciones para convertirse en funcionario de carrera no han logrado contrarrestar, ni de lejos, las bajas que se van produciendo por jubilaciones y fallecimientos. El objetivo está muy lejos de conseguirse pese a una Oferta de Empleo Público (OPE) histórica durante los últimos años.
La limitación de la tasa de reposición aplicada en la primera legislatura de Mariano Rajoy para controlar el gasto público tiene todavía hoy en día efectos en la plantilla pública. El paralelo, los funcionarios que entraron en aluvión en los años 80 han comenzado a jubilarse de forma mayoritaria. Para cerrar el círculo, las oposiciones, concursos y ofertas de empleo público se han centrado en convertir interinos en fijos y buena parte de oferta se ha dirigido al personal laboral.
Los datos facilitados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública a THE OBJECTIVE a través del Portal de Transparencia muestran la situación. La bajas de funcionarios de carrera por jubilación o fallecimiento en la última década son el doble -el 97% más- que las altas generadas por las oposiciones. El balance abarca desde el 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2022.
Oposición, concurso y OPE
Al detalle, en los últimos diez años solo han entrado en la Administración del Estado vía oposición un total de 29.067 funcionarios de carrera. Mientras, durante este periodo, según los datos del ministerio han fallecido 1.983. El número de muertes se ha mostrado estable en la década en el entorno de las 200.
Por su parte, las jubilaciones alcanzaron en 2022 las 6.672, el récord histórico. En total se han producido 55.079 retiros desde 2013. En cuanto a la evolución de las entradas, destacan las escasísimas altas de los tres primeros años -2013 a 2015-. Durante el primer año apenas se constataron 200 altas, un dato que contrasta con las recogidas en 2021 -7.723- y 2022 -6.354-. El efecto de la limitación de la tasa de reposición -no cubrir las bajas que se producen con relevos- está más que claro.
Si bien el número de funcionarios se ha reducido, el número de empleados públicos -personal laboral y eventual- en la AGE se mantuvo en julio de 2022 casi idéntico al que se registro en enero de 2023-.
‘Baby boom’
Otro de los aspectos destacados es el progresivo incremento de jubilaciones. Los funcionarios boomer, que tienen la posibilidad e acogerse a la jubilación a los 60 años con determinados requisitos, no han perdido la oportunidad que se les brinda. José Joaquín Castro, secretario de Desarrollo Sindical de Unión Sindical Obrera (USO), describe a THE OBJECTIVE el panorama actual. Solo en los ministerios, en los que trabajan 88.541 efectivos, más de seis de cada diez tienen más de 50 años. Mientras, apenas 2.200 tienen menos de 30 años.
El envejecimiento en las administraciones autonómicas resulta menor y el relevo proporcionalmente es mayor. La entrada a través de oposiciones y concursos ha propiciado una alta proporción de empleados públicos no funcionarios. Mientras, la temporalidad está situada en torno al 25%. En el aspecto positivo, las comunidades tienen plantillas más jóvenes -también más precarias- que la AGE.
Objetivo: 8% de eventualidad
El objetivo, recogido en el Plan de Recuperación, para situar los contratos eventuales en el 8% en las administraciones en 2025, hoy no parece fácil. El Boletín de Hacienda muestra que en enero de 2018, cuando Rajoy afrontaba sus últimos meses en La Moncloa, la tasa de interinos se situaba en el 18,59%. Hoy se supera ese porcentaje en 5,75 puntos.
Para reducir la interinidad, el Gobierno sacó adelante en 2021 el Decreto Ley de Interinos, una norma que busca dar estabilidad a este colectivo. Sin embargo, el proyecto estrella de Miquel Iceta tras su paso por el Ministerio de Función Pública no parece estar dando el resultado previsto.
La Ley 20/2021, de 28 de diciembre tenía como objeto reforzar el carácter temporal de la figura del personal interino, aclarar los procedimientos de acceso a la condición de personal interino y determinar las causas de los ceses. Una de las claves de la ley era que transcurridos tres años desde el nombramiento, se producirá el cese del personal interino y la vacante sólo podrá ser ocupada por un funcionario de carrera.
