El Gobierno se asegura el control de Telefónica tras pactar con STC una entrada amistosa
El objetivo es que la SEPI y Saudi Telecom tengan cada uno un sillón en el Consejo de Administración de la operadora
José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefonica. | Ilustración de Alejandra Svriz
El Gobierno español se ha asegurado el control de Telefónica y de su Consejo de Administración tras el principio de acuerdo cerrado con Saudi Telecom (STC) para una entrada amistosa y escalonada de los árabes y de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en la operadora de telecomunicaciones, según ha podido confirmar THE OBJECTIVE con fuentes cercanas a estas conversaciones.
Estas mismas fuentes indican a este diario que la entrada del Estado con el 10% del capital anunciada el martes supone de facto la aprobación para que los saudíes puedan subir hasta el 9,9% del capital de la compañía presidida por José María Álvarez-Pallete y que se desbloquee la presentación de la autorización por el 5% que les queda hasta alcanzar este porcentaje.
El principal acuerdo es que los dos nuevos socios entren con una «proporción similar» en el accionariado de Telefónica para equilibrar fuerzas, lo que además irá acompañado de que la SEPI y STC puedan tener un sillón cada uno en el Consejo de Administración de la operadora. Con ello se consolida un pacto de no agresión y se mantienen las buenas relaciones comerciales al más alto nivel entre España y Arabia Saudí, principal accionista de Saudi Telecom.
SEPI y Telefónica
Este periódico informó hace una semana de que Moncloa estaba próxima a cerrar un pacto con STC para una entrada amistosa en Telefónica. El Ejecutivo de Pedro Sánchez quería obtener las garantías necesarias de que la compañía asiática no tuviera ninguna injerencia en los negocios ni contratos vinculados con Defensa, lo que daría vía libre para asegurar el desembarco de la teleco y del Estado en el accionariado de la operadora.
El objetivo era tenerlo cerrado antes de finalizar el año, para que tanto el Estado como STC entrasen en el capital de forma paulatina durante el primer trimestre de 2024. Sin embargo, no entraba en la ecuación que el Estado subiese su apuesta hasta el 10% del capital (hasta ahora había trascendido que quería la mitad de esta cifra) para convertirse en el mayor accionista por encima del grupo compuesto por BBVA, Caixa, Blackrock y la propia STC, todos con un 5%.
Las fuentes consultadas indican que subir al 10% responde a una estrategia defensiva del Gobierno al no poder imponer ninguna cláusula explícita mediante la cual STC no renunciase a influir en la gestión de Telefónica. Los saudíes insistieron en su compromiso verbal manifestado desde el primer día de no querer controlar la compañía e incluso no subir más allá del 9,9%, pero no fue suficiente para Moncloa, que consideró que la única manera de proteger sus intereses era teniendo la misma o más participación que la de sus nuevos socios.
Autorización de STC
Durante varias semanas de negociaciones el Gobierno buscó sin éxito sumar socios españoles para que sufragaran parte de esta entrada en Telefónica y formar un núcleo que mantuviese la españolidad de la compañía, luego ofreció varias opciones a STC como que se quedaran solo con el 4,9% y a cambio tuviesen participación destacada en otras filiales, pero en todo momento la operadora asiática se mantuvo firme en sus intenciones de manejar su inversión como un activo bursátil aunque sin renunciar a sus derechos políticos.
Este diario ya explicó que el Estado ya había asumido que era imposible bloquear la entrada de STC en el Consejo de Administración y que incluso estaban dispuestos a ceder un asiento en el máximo órgano de gobernanza. Del mismo modo, se llegó a la conclusión de que era imposible bloquear su entrada a través de los decretos antiopas o de la Ley de Inversiones Extranjeras por lo que se optó por una solución en la que se garantizaba matemáticamente su control de la compañía como primer accionista.
Ahora se tomarán varias decisiones que se irán acelerando en los próximos días. Lo primero será que STC pida finalmente la autorización para subir hasta el 9,9% de Telefónica tras lo que deberá esperar un máximo de tres meses para recibir una respuesta que, con toda seguridad, será positiva aunque con algunas restricciones que permitan al Gobierno vender a la opinión pública que protege los intereses estratégicos de España.
Consejo de Telefónica
Por su parte, la SEPI deberá tener la autorización y los recursos para gastar hasta 2.000 millones de euros en la compra de acciones, recursos que podrían salir de financiación bancaria, aunque es muy probable que se consiga vía Presupuestos Generales del Estado (PGE). Como ha hecho en Indra, la SEPI comenzará antes del final del primer trimestre la compra de acciones en pequeños porcentajes hasta completar la entrada con el 10% prometido. Será un proceso gradual y que podría mantenerse durante todo 2024.
No obstante, coincidiendo con la autorización de la entrada de STC con el 9,9% del capital de Telefónica en el primer trimestre del próximo año se podría activar la entrada de los dos nuevos socios en el Consejo de Administración. Para no generar desbarajustes se espera que su entrada se haga simultáneamente para intentar generar el menor ruido posible en el organismo.
BBVA y Caixa
La compañía modificó la semana pasada este órgano con dos nuevos integrantes, por lo que ahora deberá hacer sitio a otros, uno de la SEPI y otro de Saudi Telecom. Que cada uno pida solo un miembro en el Consejo (podrían tener dos gracias a su elevada participación accionarial) intenta preservar los estándares de buen gobierno y la intención de la cotizada de mantener el número de independientes.
Por otro lado, el Gobierno también ha buscado acercamientos con Caixa y BBVA para construir un núcleo sólido de empresas españolas que den estabilidad a Telefónica ante eventuales arremetidas de fondos extranjeros. Las dos compañías no rechazan a priori la entrada del Estado si es que se respetan criterios técnicos y económicos de gobernanza y no hay injerencias políticas, algo que el Partido Popular no cree posible tras acusar a Pedro Sánchez de «ocupar» el sector privado.
