Escrivá se queda sin Economía y Sánchez le compensa con el área de Función Pública
Deberá afrontar la modernización de la Administración y el envejecimiento de la plantilla pública
Ilustración de Alejandra Svriz.
El ex ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y ahora responsable del departamento de Transformación Digital, José Luis Escrivá, asumirá también las competencias de Función Pública. Estas estaban hasta ahora en manos de la que será vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
La asunción por parte de Escrivá de competencias de dos ministerios, que en cualquier momento podrían anexionarse a otro departamento, dejan al ministro y ex presidente de la Airef para ser gobernador del Banco de España el próximo año. Esta posibilidad está sobre la mesas y supondría que los socialistas harían pleno en la institución con gobernador y subgobernadora.
Su nombre sonó en un principio como ministro de Economía tras la marcha de la Nadia Calviño al Banco Europeo de Inversiones (BEI). De hecho, recibió parte de las competencias de Calviño. Que se encargase de ese departamento, que recibirá y distribuirá millones de fondos europeos, causó sorpresa. Algunos de los principales Perte para la digitalización serán regados por fondos Next Generation.
Los retos de Escrivá
La asunción de las competencias de Función Pública, unidas a las de Transformación Digital, tiene que ver con el objetivo de modernizar y digitalizar la Administración. Las respuestas a los ciudadanos son lentas y todavía persisten las largas colas en organismos públicos y los largos tiempos de espera.
Sánchez ha declarado en Moncloa que lo que se pretende es reforzar la apuesta por una Administración moderna, más ágil y eficiente. Ha asegurado, para justificar la asunción de la Función Pública por parte de Escrivá «que se debe aprovechar la digitalización para mejorar la calidad de los servicios públicos».
El paso del ministro por la Seguridad Social acabó con una reforma, necesaria, de las pensiones. Buena parte de los expertos la consideraron insuficiente. También trató de reactivar el subsidio estrella de Sánchez, el Ingreso Mínimo Vital. Todavía hoy sigue habiendo más rechazos a la solicitudes que concesiones.
Una función pública envejecida
Ahora, entre los retos de Escrivá en Función Pública estará la consolidación del empleo público y afrontará el envejecimiento de la plantilla con sustituciones graduales. Otros de los frentes abiertos es culminar el proceso de estabilización de empleo temporal en las administraciones para consolidar un modelo de empleo público estable y de calidad, dando cumplimiento a la ley que establece un porcentaje máximo de temporalidad del 8% para el conjunto de los empleados de las Administraciones Públicas.
El ministro también será el encargado, por tanto, de liderar la interlocución con los sindicatos de la Función Pública y de llevar a cabo la transformación y modernización de la Administración Pública, aunque el reto más inmediato que tiene por delante es acometer la subida del salario de los funcionarios para el año 2024, que se incluirá en los Presupuestos del próximo año.
Según lo pactado con los sindicatos, que están molestos porque el Gobierno no ha incluido la subida salarial en el decreto ónmibus que aprobó este miércoles, el salario de los más de 3,5 millones de empleados públicos subirá en un porcentaje fijo del 2% con la llegada de 2024, que podrá elevarse en otro 0,5% adicional en función de la evolución del IPC armonizado (IPCA).
La Administración del Siglo XXI
Así lo acordaron Gobierno, CCOO y UGT en el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI firmado en octubre de 2022 y en el que se contemplaba una subida salarial para el conjunto de los tres años de hasta un 9,5%.
Al frente de Función Pública, Escrivá deberá acometer también un nuevo modelo de atención presencial a la ciudadanía sin cita previa obligatoria, garantizando unos horarios flexibles, y asegurando que la digitalización de los trámites administrativos no genere exclusión de colectivos, según los objetivos del Gobierno.
Además, se pretende garantizar por ley un tiempo máximo de respuesta en los servicios públicos y establecer un tiempo máximo de 30 días para la recepción de prestaciones sociales más importantes como la prestación por desempleo o a las ayudas a la dependencia.
