Las empresas plantearán una batalla judicial si el Gobierno les obliga a volver a Cataluña
El Ejecutivo adopta una posición ambigua con la Ley de Sociedades de Capital, aunque apela a la «seguridad jurídica»
El nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en la rueda de prensa posterior a su primer Consejo de Ministros. | Europa Press
Las grandes empresas están preparadas para afrontar una batalla judicial si es que el Gobierno termina forzando su vuelta a Cataluña, según ha podido saber THE OBJECTIVE a través de fuentes cercanas a estas corporaciones, muchas de ellas cotizadas del Ibex 35. Junts pidió públicamente este martes que las compañías que se marcharon en 2017 por los efectos del procés fuesen sancionadas si no acceden a volver. Una demanda de los catalanes para aprobar los tres decretos ómnibus que al cierre de esta información no tienen los votos suficientes para salir adelante.
Entre las empresas que abandonaron Cataluña para marcharse a otras sedes como Valencia, Madrid o Palma de Mallorca, se encuentran grandes corporaciones como Naturgy, Cellnex, Caixabank, Sabadell, Abertis, Agbar o Catalana Occidente, a las que se sumaron posteriormente Cementos Molins, Hotusa, Planeta, Codorníu, Axa, Bimbo, Allianz o Zurich. Desde 2017 se han marchado de la región más de 5.000 empresas, la mayoría pequeñas que han buscado mayor estabilidad tras años de incertidumbres del procés.
En noviembre pasado el PSOE pactó con Junts apoyar la investidura de Pedro Sánchez y una de las condiciones para ceder sus votos fue «facilitar y promover el regreso a Cataluña de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años«. Pero hasta la fecha ninguno de los dos partidos -ni el Gobierno- había explicado cómo se llevaría a cabo esta medida ni qué consecuencias reales tendría para las empresas.
Seguridad jurídica
Con todo, a la luz de las declaraciones de Junts y la calculada ambigüedad del Gobierno, las empresas consultadas temen que finalmente salga adelante algún sistema mediante el cual se les termine coaccionando para volver a Cataluña. El nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo, reiteró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del martes que la seguridad jurídica de las empresas y de los empresarios está por encima de cualquier otra medida. «La estabilidad y seguridad del marco jurídico son fundamentales. Y es ahí donde nos vamos a encontrar», dijo .
Sin embargo, ni Cuerpo, ni la portavoz de Gobierno, Pilar Alegría, negaron que este tipo de medidas (las sanciones) finalmente terminen imponiéndose y declinaron comentar el estado de las negociaciones con Junts. Menos diplomático fue el portavoz en el Congreso del PSOE, Patxi López, quien indicó que las negociaciones siguen adelante y que el punto de partida del PSOE se basa en tres ejes: generar incentivos para que las empresas vuelvan, el cumplimiento de la Ley de Sociedades de Capital y garantizar la seguridad jurídica.
La mención a la Ley de Sociedades de Capital ha generado alarma en las empresas consultadas ya que -advierten- puede tratarse de un aviso para navegantes respecto de las medidas que saldrán adelante. López se refiere en concreto artículo 9 de esta normativa que establece que «las sociedades de capital fijarán su domicilio dentro del territorio español en el lugar en que se halle el centro de su efectiva administración y dirección, o en el que radique su principal establecimiento o explotación».
Vuelta a Cataluña
Pese a que posteriormente el Gobierno corrigió a López y manifestó en privado su predisposición a buscar fórmulas más cercanas a los incentivos que a las sanciones, lo cierto es que en las empresas consultadas consideran que estamos ante nuevas amenazas veladas y presiones indirectas para que vuelvan a Cataluña.
Este diario ya publicó en noviembre que ninguna gran empresa tenía intención de volver a Cataluña, ya que consideran que no habrá seguridad jurídica mientras exista voluntad independentista de parte de la clase política catalana, en especial de Junts y de ERC, los partidos que se alternan en el poder y que siguen alentando la realización de un referéndum. En ese momento este periódico también informó de los temores de estas compañías a eventuales presiones del Gobierno y del independentismo.
Unas presiones que, temen, ya se están empezando a cumplir. Las fuentes consultadas indican que en las últimas semanas los partidos independentista han contactado con diferentes empresas y han comprobado de primera mano que no hay intenciones de volver a Cataluña. Una respuesta lógica, ya que hablamos de empresas que realizan cambios de sede social en situaciones extremas y que trabajan a largo plazo, por lo que deben dar certeza a sus accionistas y mantener su estructura sin cambios para generar estabilidad en el mercado.
Ley de Sociedades de Capital
Pero ahora ¿cuál es el camino a seguir? Las empresas consultadas indican que todo depende del camino que tome finalmente el Gobierno, aunque -creen- en todos los escenarios la respuesta de las grandes compañías seguirá siendo la misma: no volverán a Cataluña. Si finalmente todo se queda en incentivos para la vuelta a la región, no habría que activar ningún dispositivo, aunque consideran que es probable que algunas pequeñas y medianas empresas puedan mover ficha si es que se pone sobre la mesa un paquete importante de ayudas para mover su sede social.
Por el contrario, si es que se activan fórmulas para presionar a las empresas, como algún tipo de penalización o decreto basado en la Ley de Sociedades de Capital, las empresas consultadas están dispuestas a dar la batalla. Esto supone recurrir la normativa que se ponga en marcha, ir a los tribunales y defender sus intereses hasta las últimas instancias, por lo que consideran medidas que atentan contra la libertad de empresa y la libre movilidad del capital.
En el caso del artículo 9 anteriormente expuesto, se cree que está pensado para mantener las inversiones dentro de España y no para favorecer o perjudicar a determinados territorios. En este sentido, consideran que tienen suficientes argumentos jurídicos para defender su postura ante los tribunales y finalmente evitar tener que plegarse a un eventual decreto o legislación que les obligue volver a Cataluña.
