Tres de cada cuatro euros del aumento de recaudación de 2023 se debieron al IRPF

Según los últimos datos de la Agencia Tributaria, tres de cada cuatro euros del aumento que la recaudación de impuestos de 2023 experimentó con respecto al anterior año -concretamente, 13.188 millones más de un total de 252.927 millones- vienen directamente del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), tributo por el que llegó a recaudar hasta 10.001 millones más, de un total de 112.591 millones.

Una cantidad, la de IRPF, de extraordinaria relevancia, teniendo en cuenta que la recaudación aumentó de media un 5,5% y que este impuesto sobre la renta del trabajo supuso un 9,7% del total en la variación anual. Mientras, Hacienda obtuvo 1.260 millones de euros más por el impuesto de Sociedades y solo 661 millones más por IVA.

Fue otro año, en cuanto a su peso en la recaudación, en el que el IRPF sigue demostrando en España que es el principal motor de la recaudación, con el 44,5% del total, seguido del 31,8% del IVA, el 11,8% de Sociedades y el 7,5% de impuestos especiales.

Con la foto fija que arrojan los datos de la Agencia Tributaria, el perfil de los contribuyentes pasa porque más del 75% de éstos cobra hasta 30.000 euros y el 95% de los mismos percibe hasta los 60.000 euros. Este es un dato que da una idea de cómo el IRPF afecta a la mayor parte de contribuyentes de clase media, y de cómo éstos aportan el grueso de la recaudación que reciben las arcas del Estado. Por tanto, son quienes mayor esfuerzo fiscal hacen vía IRPF e IVA.

El efecto del IRPF sobre el contribuyente

Esta semana, el efecto del IRPF ha sido uno de los temas principales que han marcado la agenda informativa económica. De ello también dio cuenta THE OBJECTIVE, señalando que los jubilados pagaron un 14% más de IRPF en 2023. Este lunes, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, anunciaba la intención de presentar en el Congreso de los Diputados una iniciativa para ampliar el mínimo personal o mínimo exento, de manera que los perceptores del salario mínimo interprofesional, al verse revalorizados sus sueldos un 5%, no vieran cómo saltaban la tabla tributaria y finalmente acababan pagando el incremento del SMI, vía IRPF.

Esa iniciativa no tardó en ser respondida por el Gobierno, subrayando el propósito de acometer la actuación de subida del mínimo exento, para no perjudicar a los perceptores del SMI. Lo cierto es que el Ejecutivo tuvo ocasión de hacerlo en el mes de diciembre, pero no lo incluyó en el real decreto 8/2023, en la disposición sexta que se refiere a la evaluación de obligación de declarar en el impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas por medios electrónicos, derivada de la modificación introducida al efecto por la disposición final segunda de este real decreto ley.

En cualquier caso, y a rebufo de la propuesta del Partido Popular relatada en un desayuno informativo, el paso para rebajar ese mínimo exento corresponde ahora al Ejecutivo de Pedro Sánchez. De no llevarlo a cabo, no solo acabaría perjudicando a los trabajadores que cobren el salario mínimo, sino también a los pensionistas, al no deflactarse las tarifas y que tampoco fueron tenidos en cuenta en esa modificación de real decreto de 8/2023. Y es que, en el caso de los jubilados, explican fuentes de la dirección nacional del Partido Popular, «no parece justificado que, por un aumento de la pensión de 592,80 euros, se le acabe exigiendo a un pensionista el 42.88% de ese incremento».

Cierto es que, en 2023, el Gobierno de Sánchez incluyó la flexibilización del mínimo exento en los Presupuestos Generales del Estado pasados. Pero este año la aprobación de unas nuevas Cuentas Públicas se antoja difícil, y por eso -explican fuentes fiscalistas a este diario-, sería mejor contar con una ley ad hoc que bajo una fórmula genérica actualice y adapte los mínimos exentos por la inflación.

Pensionistas olvidados y mesas pendientes

Esa falta de adecuación del mínimo exento a la inflación también alcanza a los jubilados anticipados con largas carreras de jubilación, que ven cómo sus pensiones están penalizadas, pese a haber contribuido más de 40 años, frente a los 35 años de las clases pasivas, éstos sí, con el 100% de sus jubilaciones.

Es un colectivo que llega a cerca de 900.000 familias, y que no encuentra el canal para que el Gobierno de Pedro Sánchez y el Ministerio de Seguridad les reciba y escuche sus demandas, centradas fundamentalmente en una actuación de justicia para que ese coeficiente reductor que se les aplica sobre sus pensiones -en algunos casos rebasa el 24%- no sea tan discriminatorio, en un mercado laboral en el que faltan trabajadores, y que, paradójicamente, ha posicionado a España como el país de la UE con mayor desempleo entre los mayores de 50 años.

A la espera de que la nueva ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, conteste a sus cartas, les atienda y que sus propuestas se debatan con altura en las futuras mesas de negociación, la que parece que ha quedado claramente establecida ha sido la mesa de negociación del Ministerio de Trabajo, el 25 de enero.

Allí, Yolanda Díaz quiere negociar con los agentes sociales la reforma del subsidio de desempleo -que cayó con el decreto que Podemos le tumbó la semana pasada en el hemiciclo-. Pero también, y en el mismo paquete, que pretende llevar al Congreso envuelto en proyecto de ley, quiere debatir la reducción de la jornada de 40 horas. Esto último ya ha hecho saltar las alarmas entre las organizaciones empresariales, coligiendo que eso acabará gravando de nuevo más los costes laborales y destruyendo empleo.