El Gobierno se decanta por pedir a BlackRock que clarifique sus intenciones en Naturgy
El margen legal para aplicar el escudo antiopas es escaso, aunque no está sobre la mesa vetar la operación en España
Larry Fink, consejero delegado de BlackRock. | Agencias
Moncloa y el equipo del nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo, llevan toda la semana analizando la compra de BlackRock a GIP y su desembarco en Naturgy, donde se convertirá en uno de sus principales accionistas con el 21,6% del capital. Una operación que no ha gustado en el seno del Ejecutivo, ya que no solo afecta a una empresa considerada estratégica, sino que además dejará al fondo como un inversor omnipresente en el sector energético en España. THE OBJECTIVE ha podido confirmar que hay coincidencia en que se debe actuar y que, como mínimo, se pedirá a los estadounidenses que clarifiquen sus intenciones.
Oficialmente, el Gobierno ha dicho que «está analizando la entrada de BlackRock en el capital de Naturgy», pero no han dado más detalles y han declinado comentar qué caminos se tomarán a partir de este análisis. El caso es que hay diferencias en el Ejecutivo respecto a cómo hay que articular estos movimientos.
Hay voces que piden que se active el decreto antiopas para forzar a BlackRock a que pida autorización para asumir este 20% en Naturgy y así obligarles a tener que presentar un proyecto detallado sobre sus objetivos, sus intereses a mediano y largo plazo y, en especial, para asegurarse de que quieren mantenerse en el largo plazo sin voluntad de incidir en la gestión ni condicionar futuras inversiones o ventas.
Posición de BlackRock
Se buscaría equiparar las condiciones impuestas a IMF en 2021 para comprar su 14,5% actual y que nunca ha tenido GIP que en 2016 compró su 20% a Repsol y Caixa por 3.800 millones de euros. En esos momentos no existía el escudo antiopas que se estableció en 2020 a causa de la pandemia, por lo que ahora se buscaría dar tranquilidad a la posición estratégica de Naturgy, dueña de activos estratégicos en gas y electricidad.
Sin embargo, en el Gobierno son conscientes de que esto supondría interpretar la norma con trazo grueso, ya que no se está comprando Naturgy, sino que simplemente se está haciendo un traspaso de dueños. Los asesores de BlackRock trabajan en un escenario en el que no tendrían que presentar esta solicitud ya que consideran que no hay letra pequeña en la ley de Inversiones que lo justifique.
En el Gobierno no quieren una confrontación con el mayor fondo de inversión del mundo en una relación que ya quedó tocada el año pasado. En abril, Pedro Sánchez dio plantón a última hora al consejero delegado de BlackRock, Larry Fink, una situación que no sentó bien en el fondo, en especial porque a la hora programada para la cita el presidente se marchó a Leganés a visitar a jóvenes para hablar sobre vivienda pública.
Inversión extranjera
De esta manera, por el momento se impone una actitud más dialogante. Es decir, un proceso ‘informal’ en el que se pida a BlackRock que clarifique sus intenciones y establezca compromisos a largo plazo, pero sin forzar una solicitud formal a la Secretaría de Estado y Comercio (dependiente ahora del Ministerio de Economía). Esta situación evitaría tener que activar los resortes del escudo antiopa y hacer más fácil la transición del cambio de accionista en Naturgy.
A favor de esta solución juega la posición de BlackRock, que ha transmitido al mercado que no se plantean realizar cambios con su 21% en Naturgy, ni forzar grandes modificaciones. Incluso han transmitido públicamente su intención de mantener la hoja de ruta de la compañía apoyando a su equipo gestor liderado por Francisco Reynés. Desde el punto de vista del Gobierno, bastaría un compromiso explícito en este sentido para dar por buena su entrada en la energética.
Nadie se plantea en el Gobierno bloquear la operación, por convicción y para no enviar un mensaje contrario al mercado. Los inversores estarán siguiendo con lupa los movimientos del Gobierno y cualquier acción intervencionista podría ser seriamente castigada en momentos en los que la inversión extranjera (IED) directa en España está cayendo y cuando Pedro Sánchez intenta recuperar la confianza de los empresarios.
Críticas de Sumar
En este sentido, en el Ejecutivo bajan completamente el perfil a las críticas de Sumar y Podemos y recuerdan que no tiene ningún tipo de injerencia en este tipo de decisiones. El portavoz de Economía y Hacienda de Sumar en el Congreso, Carlos Martín, y la exministra de Igualdad, Irene Montero, pidieron al Gobierno que impidese a BlackRock adquirir esta participación del 20% en manos de GIP.
En cualquier caso, el tiempo juega a favor de la operación. A nivel global, la compra de GIP tardará al menos un año en consumarse por todas las autorizaciones regulatorias que deben aprobarse. Esto dará mucho margen al Gobierno para buscar el encaje adecuado entre el interés estratégico de Naturgy, la protección de los intereses nacionales y los objetivos financieros del fondo de inversión.
BlackRock y el Ibex
Otro asunto que está sobre la mesa -indican las fuentes consultadas- son los posibles conflictos de interés que BlackRock podría tener con sus inversiones en España, aunque en este caso quien debería entrar en el asunto sería la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y no el Gobierno. Un análisis que se producirá cuando sea pertinente.
De concretarse la adquisición de GIP, BlackRock tendrá presencia directa y simultánea en Redeia, Solaria, Repsol, Naturgy, Medgaz, Iberdrola y Enagás aunque en diferentes porcentajes y siempre en una posición minoritaria. En España además tienen presencia en empresas clave como Santander, Telefónica, BBVA, Sabadell o CaixaBank y tiene participaciones significativas (por encima del 3% del capital) en 19 de las 35 mayores cotizadas con activos por valor de 42.000 millones de euros.
