Las regiones afloran 195.000 contratos de menos de seis meses en sanidad y educación
Los cambios metodológicos de Escrivá destapan miles de contratos formativos y en prácticas de sanitarios y docentes
Los ministros María Jesús Montero y José Luis Escrivá. | Europa Press
Las áreas de sanidad y educación de las comunidades autónomas registraron el año pasado 195.339 empleos más que en 2022. La mayor parte de estos nuevos trabajadores estaban en formación, en prácticas o habían firmado contratos con una duración inferior a seis meses.
La nueva metodología introducida por el ministro de Función Pública José Luis Escrivá ha permitido aflorar todos estos puestos que hasta ahora permanecían ocultos. Con su irrupción en el registro oficial queda aún más patente la precariedad y la temporalidad en ámbitos claves para los ciudadanos.
Las comunidades no consiguen deshacerse del lastre de la temporalidad y precariedad, pese a las medidas que se tratan de imponer en el sentido opuesto. Así, el personal funcionario de carrera representa aproximadamente la mitad del total de sus efectivos, porcentaje que supera el 79% en el sector público estatal.
Sanidad y educación, áreas afectadas
El análisis de la estadística sobre la evolución de los efectivos de las comunidades autónomas realizado por THE OBJECTIVE muestra que en enero de 2023 el número de empleados públicos que trabajaba en sanidad y educación alcanzó los 1.357.107. Es la cifra más elevada de la serie histórica. Además, supone un aumento del 16% con respecto al segundo semestre de 2022. En ese periodo se registraron 1.171.768 efectivos.
Entre julio de 2022 y enero de 2023, el sector público de las CCAA registró un incremento «agudizado» de los efectivos. Según el Ministerio Función Pública, el espectacular alza «se explica fundamentalmente por el cambio metodológico introducido en el Boletín Estadístico en enero de 2023». Desde el ministerio se destaca que el aumento en el Estado y las CCAA de 241.000 empleos es consecuencia de la incorporación del personal laboral temporal con contratos de duración inferior a seis meses. También recalca la presencia de 70.000 efectivos en formación o en prácticas.
La temporalidad en la sanidad
La estadística de Función Pública muestra que el personal dependiente de las regiones se situó en enero de 2023 en 1.841.572, 3.600 efectivos menos que en julio de ese mismo año. Estos efectivos están empleados mayoritariamente en las áreas de sanidad y educación -docencia no universitaria-. También tienen asumidas las universidades, la administración general y, la mayoría, gestiona las competencias de justicia. País Vasco y Cataluña tiene bajo su mando cuerpos propios de policía -la Ertzaintza y los Mossos d’Esquadra-. El 78% del empleo en las comunidades se concentra en el área educativa no docente y la sanitaria.
En total, entre julio de 2022 y enero de 2023, las autonomías han aflorado prácticamente 230.000 puestos de trabajo en todos los ámbitos. Mientras, el Estado destapa 8.000 contrataciones y las corporaciones locales, 3.550.
El ‘método Escrivá’
A principios de enero de 2023, José Luis Escrivá se hacía cargo del ministerio responsable de gestionar todo lo relacionado con los funcionarios. Tras recoger el testigo de María Jesús Montero, los cambios han empezado a evidenciarse. Uno de los más patentes, pero no el único, ha sido la transformación de la estadística que mide el empleo público. El objetivo inmediato es dotar de mayor transparencia, en una estadística que compite con la EPA y la afiliación a la Seguridad para medir el empleo público. Una de las claves ha sido mostrar empleo precario oculto en sanidad y educación.
En la estadística de enero de 2023 que conocemos ahora se han realizado sobre el gobierno del dato. El objetivo según destaca el departamento gestionado por Escrivá es disponer de información actualizada y precisa para la toma de decisiones en materia de planificación y gestión de recursos humanos.
Jueces, magistrados y fiscales
A los datos de empleo público se ha incorporado información sobre todos los contratos temporales y no únicamente sobre aquellos que tuvieran una duración superior a seis meses como se hacía hasta ahora. También se incluyen el personal en formación o prácticas. «El objetivo de proporcionar una imagen global del empleo público», señala el ministerio. Junto a esto se han simplificado fuentes fuentes administrativas. A partir de ahora será el ministerio el que informe del personal en las universidades, para hacer más coherentes los registros que aportan las comunidades.
Además, se ha dejado de publicar los datos relativos al personal del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal -jueces, fiscales, magistrados- «por entender que no deben computarse dentro del personal de las Administraciones Públicas». Hasta 10.000 efectivos han salido del área de justicia, en la únicamente se incluye información el personal de la Administración al servicio de juzgados y tribunales.
Más transparencia
Acabar con parte de la opacidad permitirá conocer con mayor claridad quienes reciben sueldos públicos, de que forma y en que condiciones se trabaja en sanidad y educación. Los primeros cambios ya han facilitado saber, entre otras cosas, que en torno a 220.000 empleados públicos con trabajos precarios estuvieron ‘ocultos’ durante la era Montero. La nueva estadística, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, muestra que el número de funcionarios se situó en el primer semestre de 2023 en 2.967.578, la cifra más alta de toda la serie histórica. El dato, último disponible, es consecuencia, según el Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, de los cambios metodológicos introducidos.
