Solo 15 altos cargos han sido vetados al tratar de pasarse al sector privado en diez años

La Oficina de Conflictos e Intereses, el órgano encargado de gestionar el régimen de incompatibilidades y los conflictos de intereses de funcionarios y altos cargos, solo ha vetado 15 solicitudes de directivos para pasar al sector privado en los últimos diez años. Apenas suponen un 3% del total de las 495 peticiones que han tenido lugar desde enero de 2014.

Los datos facilitado por el Portal de Transparencia a THE OBJECTIVE muestran las pocas dificultades que existen para saltar al sector privado desde un alto cargo público. Al detalle, de las 15 denegaciones, siete se produjeron tras el cese de esos responsables durante el segundo semestre de 2018.

Las destituciones tuvieron lugar en los primeros meses de la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa y las negativas para trabajar en el sector privado, poco después. Esto supone que el equipo del actual presidente ha sido especialmente duro, al principio, con el paso al sector privado de cargos vinculados al PP. El plazo para resolver las solicitudes de reconocimiento de compatibilidad para actividades privadas es de tres meses.

Autorizaciones para altos cargos

La entidad dependiente del Ministerio de Hacienda ha emitido desde 2014 un total de 480 autorizaciones. Los altos cargos puede recibir más de un permiso para saltar al sector privado. Agencias de comunicación, la universidad, consultoras, empresas del Ibex o de fabricación de armamento son destinos habituales tras el paso por la administración.

Las dos últimas autorizaciones se concedieron a finales de octubre al teniente general Ignacio Bengoechea tras dejar su responsabilidad como segundo jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire. El militar tiene permiso para trabajar como asesor en defensa en Acento Consultoría y ELA Aviación, un fabricante de aviones español con sede en Córdoba (Andalucía). También logró en el agosto del año pasado la autorización para entrar en Airbus. En cualquier caso, el teniente general tuvo que esperar seis meses tras su cese para lograr el primer permiso.

Mientras, fue a principios de diciembre de 2023 cuando se cerró la última puerta giratoria. En este caso la decisión afectó a Nieves Olivera, que fue directora de la Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI). Su objetivo era trabajar en la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital). A diferencia de los ministros, secretarios de Estados y responsables de empresas y organismos públicos, los cargos no reciben indemnizaciones. Estas equivalen al 80% de sueldo anual que percibían en su cargo público y pueden percibirse un máximo de dos años.

Según destaca Transparencia estas indemnizaciones solo corresponden a determinados altos cargos. Desde el año 2012, la compensación es incompatible con cualquier otra retribución derivada de actividades públicas o privadas a raíz del Real Decreto-Ley 20/2012.

Patronales y Defensa

Hasta siete altos cargos vieron frustrado su paso al sector privado tras sus ceses entre julio de 2018 y octubre de ese año. Fue en junio de 2018, gracias a la moción de censura contra Mariano Rajoy, cuando Pedro Sánchez desembarcó por primera vez en Moncloa.

Tras su destitución como director general de Deportes a finales de junio de 2018, Jaime González Castaño vio vetado su paso a Iberdrola. Castaño había estado poco más de un año en el cargo público. Tras la negativa de la Oficina, estuvo durante diez meses colaborando en el programa Las Mañanas de Radio Nacional. En la actualidad es cónsul general en Rosario (Argentina).

Begoña Cristeto, ex secretaria general de Industria y de la Pyme, vio denegada su petición para incorporarse como directora general de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac). La negativa se produjo tras su cese en junio de 2018. En septiembre Cristeto sí pudo unirse como socia al equipo de mercados de KPMG en España.

La economista del Estado, con amplia experiencia en el sector público, finalmente perdió la oportunidad de dirigir Anfac. Solo cuatro meses antes de que Cristeto pudiese incorporarse a la patronal -tras pasar dos años de su cese- Anfac eligió para el cargo a  José López-Tafall.

Universidad y Airbus

Durante los primeros meses del Gobierno socialista tras la moción de censura incluso se ha impedido desempeñar labor docente en la Universidad a tres altos cargos. Se trata de Salvador Marín Hernández, ex presidente y consejero delegado de Cofides, que vio vetado su paso a la Udima. También se negó trabajar en la universidad a Francisco Javier Gómez Galligo, ex director general de los Registros y el Notariado; y a Rafael Eduardo Matamoros, auditor presidente del Tribunal Militar Central.

Por su parte, Ignacio Azqueta Ortiz, director general de Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas, vio frustrado su interés por trabajar en Airbus tras dejar el cargo. El teniente general Azqueta también fue segundo jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, el mismo puesto que desempeñó Ignacio Bengoechea, que sí ha sido autorizado para incorporarse a la empresa fabricante de aviones. También el teniente general César Simón López obtuvo el permiso inmediatamente después de su cese para trabajar en Airbus. Esta multinacional es una de la principales beneficiarias de los contratos de Defensa.