El Gobierno decidirá «caso a caso» los proveedores de alto riesgo de 5G
En marzo se cumplirán dos años de la promulgación de la Ley de Ciberseguridad de 5G y todavía no hay lista de vetados
Feria tecnológica de 5G. | Agencias.
El Gobierno vuelve a abonarse a la ambigüedad con la postergada lista de proveedores de alto riesgo de 5G. Después de la última polémica con las operadoras de telecomunicaciones por la orden de bases para las ayudas ÚNICO Activas 5G rural y pese a la petición expresa de la Unión Europea de limitar el acceso de proveedores chinos de las infraestructuras digitales críticas, el Ejecutivo español prefiere no identificar proveedores vetados, sino que decidir «caso a caso» y dependiendo de la convocatoria o caso específico.
Así lo han señalado fuentes del Ministerio de Transformación Digital tras la intervención del ministro José Luis Escrivá este lunes ante la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso para presentar las estrategias y líneas generales que llevará a cabo su cartera durante la XV Legislatura que acaba de empezar.
El Gobierno aprobó por decreto el pasado 29 de marzo la Ley de Ciberseguridad 5G en la que se establecía la posibilidad de poner en marcha un listado de proveedores de alto, medio y bajo riesgo, que serviría de base para seleccionar a los suministradores que estarían presentes en las redes digitales españolas. En un comienzo se habló de un veto directo a empresas chinas como ZTE y Huawei, pero con el paso de los meses el Gobierno confió en la capacidad disuasoria de la normativa para que las operadoras no utilizaran estas empresas en sus redes.
Vodafone y Huawei
No obstante, todo cambió antes del verano del año pasado cuando la Comisión Europea pidió expresamente a los Estados miembro que estuviesen más activos en el veto a proveedores externos a la OTAN y a la Unión Europea y además agregaron la novedad de que deberían estar fuera no solo de las redes futuras de 5G, sino que también de las de 4G que ya se han construido.
Esto obligó al Gobierno a incluir en sus convocatorias de ayudas cláusulas concretas referidas a los proveedores de alto riesgo, que generaron un recurso de Vodafone y de Huawei defendiendo sus intereses. Por otro lado, se está avanzando en el Esquema de Ciberseguridad, plazo anterior a la elaboración de esta lista. Sin embargo, el Ejecutivo públicamente ha vuelto a su postura inicial en la que evita referirse a proveedores concretos.
El Ministerio de Transformación Digital (anteriormente englobado en el Ministerio de Asuntos Económicos) ha indicado que se decidirá «caso a caso» y que no están pensando «en la necesidad de identificar ningún proveedor en concreto». «No tenemos por qué identificar a priori un proveedor prohibido, cada decisión es independiente y en cada convocatoria evaluaremos qué pasa en cada» y han recordado que la Ley faculta a que estos proveedores de alto riesgo se nombren, o no, por lo que han dejado abierto su desarrollo.
5G ÚNICO rural
En relación a la reciente incorporación a la Ley de Ciberseguridad 5G de la norma en la que el Gobierno tiene la facultad de modificar el uso de proveedores de las operadoras de telecomunicaciones, desde el ministerio se ha indicado que «cuando hablamos de infraestructuras críticas y de usos muy sensibles, nos reservamos un margen de discrecionalidad para determinar algunas restricciones. Esa es la política y la seguiremos aplicando sistemáticamente en las normas que venimos desarrollando».
En cualquier caso, en el ministerio se apela en todo momento a la seguridad nacional y la necesidad de mantener estos temas en una absoluta discreción. En cualquier caso, en convocatorias ya en marcha como la 5G ÚNICO rural ya se penaliza a las operadoras de telecomunicaciones como Vodafone y Orange que tienen una mayor exposición a Huawei y se beneficia a las que tienen menos componentes como Telefónica.
En las convocatorias se habla de una futura lista de proveedores vetados, que según las últimas declaraciones, sigue sin estar clara dos años después, pero también es cierto que se produce un efecto que desincentiva su uso y fomenta su desmontaje, aunque sin ningún tipo de ayuda económica para este proceso, como se ha pedido desde las operadoras a nivel europeo.
Coste de desmontar las redes
En este sentido, las compañías han advertido que tendrán que afrontar un coste de entre 400 y 1.000 millones de euros si es que finalmente el Gobierno decide aplicar un veto a los suministradores chinos como Huawei y ZTE, según fuentes del sector consultadas por este diario. En el peor de los escenarios y con una política dura como ya se ha aplicado en otros países europeos, la factura total de sustituir los equipos de estos proveedores estaría en la parte alta de esta franja, un gasto inasumible para Telefónica, Orange y Vodafone, que en estos momentos están en pleno despliegue de sus redes 5G stand alone.
De esta manera, sin lista -y oficialmente sin fecha para elaborarla- las operadoras con mayor peso de proveedores chinos se enfrentan a un coste de desmontar sus equipos o de lo contrario quedarán excluidos probablemente de todas las futuras convocatorias con recursos públicos, en especial los de fondos europeos Next Generation. Esto, a la espera de que el Ejecutivo mueve ficha en los próximos meses.
