El IPC y la jubilación de los 'boomers' disparan un 40% el gasto en pensiones del funcionariado
Más de la mitad de los actuales efectivos de la Administración General del Estado se retirarán en los próximos ocho años
José Luis Escrivá, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública. | Europa Press
El Índice de Precios al Consumo (IPC) y la llegada de los boomers a la jubilación han disparado el gasto de las pensiones de los funcionarios. Según la estadística de Clases Pasivas, a 31 de diciembre la nómina total de las pensiones —que incluye una paga extra— ascendió a 2.975,5 millones. Son 840 millones euros más que en el mismo mes de 2018 y supone un incremento del 40%. Mientras, el gasto vinculado a los pensionistas del Régimen General de la Seguridad Social y el RETA ha crecido un 30%. Entre 2018 y 2023, la revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC ha sido del 14,56%.
Según los datos analizados por THE OBJECTIVE, a finales de 2023 había 706.773 beneficiarios de pensiones y prestaciones de Clases Pasivas. La gestión de este régimen fue asumida por el Ministerio de la Seguridad Social en octubre de 2020. Son un 9,6% más que en 2018, cuando en los registros había 644.750 millones de jubilados civiles, militares y familiares de ambos. En paralelo, las altas anuales se han ido incrementando durante los últimos ejercicios. Mientras, el descenso de las bajas por la mayor longevidad ha protagonizado la estadística.
Los funcionarios incluidos en el Régimen de Clases Pasivas cuentan con la posibilidad de jubilarse a los 60 años acreditando 30 años de cotización. Esto supone que su retiro se produce cinco años antes que el de los trabajadores del sector privado y el cobro de su prestación se prolonga más tiempo. De esta forma, su desembarco, que en algunos casos comenzó en 2016 y 2017, se ha empezado a notar con más fuerza. Además, la edad de jubilación de los asalariados privados ha ido aumentando en los últimos años y lo seguirá haciendo de forma progresiva. Mientras, la de los funcionarios permanece —de momento— establecida en los 60 años en la mayoría de los casos.
Funcionarios al borde la jubilación
La mayor parte de los funcionarios actuales entraron en la Administración en los años 80 y forman parte de la generación del baby boom, la más numerosa. Algunos ya se han empezado a jubilar durante los últimos años, pero el verdadero aluvión se producirá durante la próxima década. Según los datos facilitados recientemente por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), en 2025 habrá 330.000 funcionarios en edad de jubilación.
Un reciente estudio de la Secretaría de Estado de Función Publicaba apuntaba que más de la mitad de la plantilla actual de la Administración General del Estado se jubilará durante los próximos ocho años. Solo en los ministerios, en los que trabajan 88.541 efectivos, más de seis de cada diez trabajadores tienen más de 50 años, según los datos del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. Mientras, apenas 2.200 tienen menos de 30 años.
El envejecimiento de la plantilla pública es más que patente en diversos organismos, como el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y la Seguridad Social. Esta áreas afrontan cada vez más gestiones relacionadas con las pensiones, subsidios y rentas. Cerca de un millón de empleados públicos de los 2,6 millones actuales tienen edades que oscilan entre 50 y 59 años.
Requisitos para el retiro
Los funcionarios de Clases Pasivas pueden jubilarse voluntariamente desde los 60 años, siempre que tengan reconocidos 30 años de servicios al Estado. Es imprescindible que lleven trabajando al menos 15 años para la Administración. Según el blog Mi Jubilación de BBVA, si para completar los 30 años exigibles hubieran de computarse cotizaciones a otros regímenes de protección social se requerirá, cuando la jubilación sea posterior a 1 de enero de 2011, que los últimos cinco años de servicios computables para la determinación de la pensión de jubilación estén cubiertos en el Régimen de Clases Pasivas del Estado.
Este requisito no será de aplicación a los funcionarios de la Administración del Estado en servicio activo, servicios especiales, excedencia por cuidado de familiares y excedencia por razón de violencia de género que, cambien de régimen de protección social, destaca.
A la pensión de jubilación de los funcionarios en Régimen de Clases Pasivas no se le aplica coeficiente reductor de la pensión, como sí ocurre en el Régimen General de la Seguridad Social. La cuantía de la pensión de jubilación, según los años cotizados, depende del cuerpo o categoría del funcionario y de los años de cotización acumulados por éste.
Cortes Generales, jueces y letrados
Existen una serie de excepciones a esta norma general: el personal de las Cortes Generales podrá jubilarse voluntariamente cuando cumpla 60 años de edad o tenga reconocidos 35 años de servicios efectivos al Estado.
Por su parte, os funcionarios de los cuerpos docentes universitarios y los magistrados, jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia, que tienen fijada la edad de jubilación forzosa en 70 años de edad, pueden acceder a la jubilación desde los 65 años tras acreditar 15 años de servicios efectivos al Estado. En el caso de los magistrados, jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia, este tipo de jubilación voluntaria deberán solicitarla con seis meses de antelación a la fecha de jubilación.
