La falta de inspecciones permite que se venda combustible sin los mínimos que exige Europa
El Gobierno trata de reducir de quince meses a tres el control mínimo exigido de biocombustible en los carburantes
Una mujer en una gasolinera. | EuropaPress
La ley obliga a que el combustible que se vende en una gasolinera, ya sea convencional o low cost, tenga un mínimo porcentaje de biocombustible con el objetivo de cumplir con la descarbonización. Un examen que el Gobierno hace una vez después del año vencido, más un trimestre. Es decir, hasta quince meses tarda el Ejecutivo en comprobar la exigencia verde del combustible. Un espacio de tiempo más que suficiente para que algunas empresas hagan el siguiente negocio: venden el carburante a un precio menor al del mercado gracias a que incumplen los niveles mínimos verdes exigidos o los pagos compensatorios y, cuando toca rendir cuentas, desparecen con todo lo recaudado.
El plan lo llevan a cabo una serie de operadores y distribuidores minoristas que han creado una red entramada para eludir obligaciones para vender el diésel y la gasolina más barata que la de sus competidores. Dos directivas europeas transpuestas en España —conocidas como RED II y FQD— exigen a un determinado nivel de biocombustibles en la gasolina y el diésel que se vende en España (ya está en el 10,5%) y reducir un 6% las emisiones del mix de combustible.
Fuentes del sector aseguran que «el incumplimiento de esta obligación supone un evidente daño para el medioambiente, porque no se reducen emisiones, y también para la competitividad de los que sí cumplen frente a los que defraudan, porque el coste de los biocarburantes es superior al de los combustibles convencionales».
La obligación de incorporar biocombustibles se debe cumplir cada año. Para lograr este objetivo, las petroleras pueden introducir el 10,5% exigido de forma física o por medio de una serie de pagos compensatorios. No obstante, desde el sector se quejan de que «hay empresas que no meten los biocombustibles y tampoco realizan esos pagos anuales, y que como la revisión es tardía, estas empresas huyen de sus obligaciones, deshacen la sociedad y se constituyen con otro nombre».
Reducirlo a tres meses
El Gobierno es consciente de esta problemática y por ello existe una orden ministerial para reducir los tiempos de las inspecciones de quince meses a solo un trimestre. Por otro lado, en el decreto económico aprobado a finales del pasado año, subraya que «el incumplimiento por parte de algunos operadores de las obligaciones de biocarburantes está atentando contra la competencia en el sector ya que, solo en 2022, siete empresas no han sufragado su deuda con el mecanismo de fomento de biocarburantes, por un importe total de 95 millones de euros«.
Fuentes técnicas aseguran que las empresas que no introducen los biocombustibles ahorran hasta seis céntimos de litro de combustible. La patronal petrolera, AOP, denunció hace unos meses que «conforme han aumentado las obligaciones de venta de biocarburantes, han incrementado los importes no ingresados en concepto de pago compensatorio por el déficit de certificados, que a cada sujeto le corresponde obtener».
El otro fraude
El fraude de los biocombustibles no es el único quebradero de cabeza en el sector. Así, el Gobierno, en su propio decreto, aseguró que «en relación con el sector de los hidrocarburos, la rápida transformación del mercado de los hidrocarburos líquidos en los últimos años hace imprescindible una revisión urgente de aquellos artículos de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, y su normativa de desarrollo que afectan a este sector. Se han detectado crecientes prácticas fraudulentas en el sector de los hidrocarburos líquidos por incumplimiento de sus obligaciones sectoriales respecto de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES), el Sistema de Información para la Certificación de los Biocarburante (SICBIOS), el Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE), así como fiscales (IVA, IIEE)».
Esto último, sin ir más lejos, es otra de las grandes preocupaciones. Una serie de operadores, a través del depósito fiscal con el que cuentan, recaudan el IVA y más tarde deciden no trasladar esa cantidad al Ministerio de Hacienda, haciendo desparecer la compañía y quedándose con todo lo recaudado. Para ello, el Real Decreto-ley del 28 de diciembre también busca atajar este problema y prohibirá que entre los distribuidores minoristas se pueda revender el combustible para intentar atajar el entramado con el que cuentan. Una medida que se hará oficial a finales de marzo y que puede hacer daño a ese entramado.
