El Gobierno marca territorio en el examen final de la fusión de Orange y MásMóvil

El Gobierno español no quiere ser solo un espectador de la fusión entre Orange y MásMóvil que esta semana aprobó la Comisión Europea después de un año de tramitación. El ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, indicó el viernes ante los consejeros delegados de las dos compañías que se está examinando la operación con el «máximo cuidado, interés y responsabilidad», lo que es interpretado en el sector como un aviso de que las condiciones definitivas para dar el plácet podrían tener algunas modificaciones puntuales tras pasar por el Ejecutivo.

El Gobierno ya tiene en sus manos el expediente que aprobó Bruselas definitivamente el pasado martes. Se trata de dos autorizaciones finales: la de inversiones extranjeras y la de cesión del espectro público, esta última en manos del ministerio dirigido por Escrivá. La sensación que han transmitido Orange y MásMóvil es que estamos ante el tramo final del proceso de autorizaciones regulatorias que debería completarse antes del final de marzo y sin demasiados sobresaltos.

No obstante, las fuentes consultadas indican que el Ejecutivo querrá marcar territorio en forma de algunas modificaciones puntuales o compromisos adicionales al acuerdo aprobado por Bruselas, en especial en la cesión de 60 MHz de espectro radioeléctrico de la joint venture a Digi para salvar los condicionantes de competencia de Bruselas. Al tratarse de espectro público que Digi no ha recibido en subasta, una de las posibilidades es exigirle alguna obligación de inversión en el mercado móvil de cara a los próximos años.

Espectro de Digi

Hablamos de algún apunte con el que el Gobierno complemente el pacto alcanzado con la Unión Europea, pero nada que cambie sustancialmente el acuerdo ni que implique un encarecimiento de la operación para ninguna de las partes. Tampoco se espera que se retrasen los plazos estimados para poner en marcha la nueva sociedad. Transformación Digital conoce los remedies desde el verano e incluso ha estado en conversaciones con Bruselas, por lo que sus eventuales aportaciones llevan semanas sobre la mesa.

Lo que está claro es que Escrivá dejó patente públicamente que el Gobierno ha sido un actor activo en la fusión de Orange y MásMóvil. Ha indicado en al menos dos ocasiones en las últimas semanas que España ha participado en el expediente, aunque oficialmente todo ha estado en manos de Bruselas y su departamento de Competencia. Y en su comparecencia del viernes fuebastante directo al decir que el trabajo del ministerio no pasa solo por una aprobación rutinaria.

Frente a Meinrad Spenger, CEO de MásMóvil y futuro consejero delegado de la join venture y Ludovic Pech, CEO de Orange y futuro director financiero, Escrivá recordó que esta operación «afecta al 75% del mercado de las telecomunicaciones en España y a dos tercios del espectro», un espectro que es «un bien escaso» de propiedad estatal que se ofrece en concesión a las operadoras de telecomunicaciones.

«Valor estratégico»

«Ahora es nuestro momento, y lo estamos examinando con el máximo cuidado, como no puede ser de otra forma, nos lo exige la ley de telecomunicaciones por el carácter estratégico, y el borrador del libro blanco sobre plataformas digitales de Bruselas, en el que se nos pide a los países a que todo lo que tiene que ver con las telecomunicaciones y las redes tiene que mirarse desde el punto de vista de la seguridad económica europea y nacional», apuntó.

Y acto seguido hizo un guiño al sector. «Es fundamental que al sector de las telecomunicaciones se le evalúe desde una perspectiva estratégica, porque ellos son los que al final mantienen esta infraestructura y todo lo que se ha desarrollado se sustenta en tener grandes operadores de telecomunicaciones, que han apostado por esa visión de medio plazo por tener esas infraestructuras», agregó.

Fusión de Orange y MásMóvil

Además del compromiso de cesión de 60 MHz de espectro, Orange y MásMóvil acordaron con Digi la opción de establecer un contrato de servicios mayoristas de red móvil a partir del año 2027, cuando expira su pacto con Telefónica y por el que le paga unos 300 millones de euros al año. Un condicionante que no se vería modificado tras pasar por el filtro del Gobierno, según las fuentes consultadas.

Por otro lado, en el caso de la autorización de inversión extranjera (en manos del Ministerio de Economía), aunque Orange Francia y fondos extranjeros (Lorca) tendrán el 100% de la nueva sociedad a partes iguales, al tratarse de dos empresas que ya están en el mercado español desde hace décadas –y que además han mostrado voluntad inversora e industrial– se espera que el plácet se produzca también de forma expedita.