La nueva CNE de Ribera vuelve sin autonomía financiera y seguirá dependiendo de Hacienda

El anteproyecto de ley para crear la Comisión Nacional de Energía (CNE) recibió el pasado martes luz verde tras el Consejo de Ministros. Vuelve así un organismo enterrado en 2012 por el Partido Popular (PP), que trató más tarde sin éxito de recuperar en 2018, pero cuyo intento fue frustrado tras llegada de un gobierno socialista. Ahora, casi seis años después de aquel tanteo, regresa sin una de sus grandes competencias, que tanto la caracterizó: la autonomía financiera.

Si uno acude al texto del anteproyecto de ley observará que no está incluida la tasa de operadores como exclusiva de la CNE. Es decir, aquello que sirve para cubrir los costes del regulador. Estas tasas son abonadas por los sujetos supervisados en los sectores regulados (Iberdrola, Naturgy, Endesa…) como contraprestación por la función de la supervisión que realiza ahora la CNMC, y que llevará a cabo la futura CNE.

Una competencia que había pertenecido históricamente al regulador pero que con la irrupción de la CNMC, el Gobierno decidió cobrarlas, a través del Ministerio de Hacienda, tras una previa liquidación del regulador. Al haber estado las tasas fijadas por ley, provocó un gran superávit para la antigua CNE y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CNT), hace ya más de una década.

Fuentes conocedoras, sin embargo, reconocen que la cantidad que recaudaba la CNE en su momento apenas representaba unas decenas de millones, por lo que no tendría que ser un objeto de recelo para Hacienda. No obstante, las mismas fuentes sostienen que al no reconocerse una autonomía financiera a la CNE se estaría atentando contra la independencia del regulador. Por otro lado, los expertos remarcan que al ser un anteproyecto – y no proyecto- todavía existe un margen para que esta se incluya durante las negociaciones.

Según se desprende en el texto del anteproyecto, se limitará su función a la gestión de las liquidaciones. «Además de la atribución a la CNE de la función de liquidación de los ingresos y costes del sistema eléctrico, así como en atención a las recomendaciones de la Intervención General de la Administración del Estado (por medio de la Oficina Nacional de Contabilidad), se crea un fondo para la gestión económico-financiera de las liquidaciones del Sistema Eléctrico. Una medida que permitirá la separación entre los flujos de dinero gestionados por la CNE para el sistema eléctrico y los flujos de recursos propios de la CNE».

Por otro lado, y tal y como se desprende del texto del anteproyecto, cuatro ministerios del PSOE: Hacienda, Transformación Digital y Función Pública, Economía, Comercio y Empresa y Transición Ecológica y el Reto Demográfico tendrán que negociar «los saldos de tesorería y los activos financieros de la CNMC que deban incorporarse a la CNE».

Pese a que la falta de autonomía financiera se mantiene, el sector energético celebra la vuelta de la CNE. «Lo importante es la división y creación del organismo regulador de energía. Es un avance muy positivo, que va en linea con lo que ya existe en todos los países, excepto cuatro: Estonia, Países Bajos, España y Nueva Zelanda. En Europa, de los 27 países miembros de la UE, solo tres tienen un sistema integrado (como la actual CNMC). La nueva ley colocará a nuestro país en la normalidad internacional», sentencian fuentes conocedoras de regulación energética.

Los expertos estiman que la nueva comisión comience a funcionar después del verano. El Gobierno tendrá que elegir durante estos meses al futuro presidente, vicepresidente y a los cinco consejeros que integrarán la nueva comisión. Con el PP, de momento, no ha habido contactos. Fuentes técnicas intuyen que, de pactarse algunos nombramientos con el principal partido de la oposición, esta negociación no sería aislada sino que formaría parte de un paquete en el que se tendrían que pactar también los nombres de jueces o juristas de reconocido prestigio para reformar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Aún así, fuentes solventes apuntan a que aún quedan varios meses para conocer los nombramientos. «Después del anteproyecto, van los informes y luego se tiene que convertir en proyecto. También falta el debate en el Parlamento para discutir la idoneidad de los candidatos propuestos por el Gobierno». Los partidos nacionalistas buscarán incluir perfiles en el máximo regulador energético que se está erigiendo.