Las eléctricas piden ya a la CNMC una mejor retribución en redes que evite fuga de inversión

La asociación que reúne a las principales eléctricas del país (conocida como Aelec) pide a la CNMC (la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia) que se apruebe cuanto antes una nueva retribución financiera en las redes de distribución que mejore a la del periodo anterior (2019-2025) para que las inversiones en estas infraestructuras no se deslocalicen a otros países.

El escenario actual es muy distinto al de hace unos años: los tipos de interés están muy elevados y la inflación de los costes afecta a todos los equipos que hay que introducir en la red. Una realidad que salpica de lleno a EDP, Endesa, Iberdrola, Naturgy y Viesgo, que llevan a cabo una serie de funciones técnicas relativas a las actividades de la red.

Marta Castro, directora de regulación de la Aelec, atiende a THE OBJECTIVE para relatar la situación energética en España. Una de ellas es precisamente esta tasa que tanto preocupa dentro del sector. «Alcanzar los objetivos medioambientales tan ambiciosos implica tener que desarrollar las redes de distribución. Para ello, necesitamos de un marco retributivo predecible, que garantice la seguridad jurídica y que dé visibilidad a los inversores en el reconocimiento de sus inversiones», aseguran.

Aelec, continúa: «Es necesario contar con una tasa de retribución que refleje los costes y la realidad de los mercados financieros. Por ello, y de cara al tercer periodo regulatorio (2026-2032) se necesita revisar y actualizar la metodología de fijación de esta tasa para que sea acorde con los costes actuales de financiación. De no hacerlo, corremos el riesgo de que los países que sí lo incorporen presenten rentabilidades mayores a las nuestras y con ello produzca una deslocalización de la inversión».

La CNMC se encuentra hoy en una situación delicada. En la Sala de Supervisión Regulatoria hay varios mandatos caducados, o que caducarán próximamente. Por un lado, el de Xabier Ormaetxea, que vencerá a finales de septiembre, mientras que el de María Ortiz y Pilar Canedo ya ha concluido, cuyos ceses se hicieron públicos a través del Boletín Oficial del Estado (BOE). Por otro lado, en la Sala de Competencia, Bernardo Lorenzo también tiene su mandato a punto de caducar.

Por otro lado, la Aelec asegura que tiene varios retos por delante, aunque destacan tres. «El primero es la descarbonización de la economía. Hay una agenda muy ambiciosa en lo que se refiere a invertir en activos de renovables para alcanzar los objetivos medioambientales de 2030. El segundo reto es acompasar el desarrollo de las renovables que se van a requerir con los niveles de inversión en redes. Se estima que más del 70% de la nueva capacidad de las energías renovables que se van a instalar se van a tener que conectar a las redes de distribución según se apunta en Eurelectric y tenemos también el reto de alcanzar esa descarbonización fomentando la inversión en redes, que están llamadas a jugar un papel importante en este objetivo».

El último reto, apuntan, es «reducir el consumo del gas, sobre todo tras la guerra de Ucrania, por medio de las energías renovables para alcanzar un precio de la electricidad más competitivo, además de fomentar la contratación a plazo, que garantizará un precio mucho más competitivo y estable a todos los consumidores«.

En cuanto a la actualización del Plan Nacional Integrado y Clima (PNIEC) aseguran que «refleja un plan ambicioso a 2030 estando en línea con el cumplimiento de los objetivos climáticos a 2030». Sin embargo, aseguran que el plan necesita revisar algunos aspectos, como acompasar el crecimiento de la producción de renovables con la demanda eléctrica que se espera para que los consumidores puedan beneficiarse de los beneficios de las energías renovables, además de conocer una estimación del requerimiento de inversión en redes que va a suponer este despegue energético a 2030.

Por otro lado, la Aelec opina sobre la reforma eléctrica de la Unión Europea. «Unos de los temas que más se ha debatido era la necesidad de que todos los instrumentos para fomentar la contratación a plazo (PPAs, Cfd…) debían competir en igualdad de condiciones y que los procedimientos de liquidación de los Cfd (contratos por diferencia), en particular, no debieran interferir ni fragmentar la competencia de la industria europea. Sin embargo, es necesario avanzar hacia la eliminación de ciertas medidas intervencionistas y no prorrogar su vigencia por más tiempo por los efectos negativos que presentan tanto para el mercado, como para los consumidores e inversiones».

Sobre esto último, las eléctricas critican la Ley 17/2021, que minora los ingresos a la nuclear, hidráulica y a la solar y eólica sin primas. «El texto europeo aprobado en la reforma eléctrica establece que hasta junio de 2024 se puede prorrogar la limitación de los ingresos a la tecnología inframarginales. El límite fijado en Europa se sitúa en 180 euros megavatio hora, sin embargo, en España ese límite es aún más bajo. Dada la situación actual de los mercados y las distorsiones en el mercado a corto y largo plazo que implica la medida vemos necesario eliminar la prórroga de dicha medida intervencionista. Esta medida en concreto pone en riesgo la consecución de las inversiones, además de ser una barrera al desarrollo de la contratación a plazo e incrementar el riesgo regulatorio», añaden.

Por último, y sobre la continuación de la excepción ibérica, apuntan a que «desde que se aprobó la excepción ibérica se han ido aprobando una serie de medidas regulatorias que van en la línea con el objetivo de garantizar un precio competitivo y estable a los consumidores. La nueva metodología que estamos teniendo con la tarifa regulada del PVPC viene a responder al objetivo de la excepción ibérica y darle un precio a los consumidores lo mas estable posible».