Una entidad feminista documenta 250 casos de posible malversación con fondos de Igualdad
La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres sigue denunciando el mal uso de dinero para las víctimas
La ministra de Igualdad, Ana Redondo. | EP
El fallo en las pulseras antimaltrato es quizá el gran escándalo que ha salpicado al Ministerio de Igualdad en esta legislatura, pero no el único. El gabinete de Ana Redondo acumula cerca de 250 casos de presunta malversación de fondos públicos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Así se desprende del escrutinio efectuado por la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, que aglutina a centenares de colectivos feministas, con casos documentados de 2024, 2025 y 2026.
Con dinero que debería haber ido a parar a las mujeres víctimas de violencia, Igualdad ha financiado carreras de tacones, cursos de oratoria, batucadas, papeleras y contenedores para tampones, pasos de peatones arcoíris, talleres de maquillaje, talleres de cocina, charlas LGTB, masterclasses de zumba, torneos de pelota mano y bailes con vermú posterior, entre otras actividades que, a juicio de la alianza, «no son objeto de ninguna medida financiable con los fondos del Pacto de Estado».
Los asuntos iniciales trascendieron en abril de 2024, cuando las feministas enviaron a la ministra la primera relación documentada de casos sobre el mal uso de los fondos del Pacto de Estado contra la violencia machista por parte de ayuntamientos y comunidades autónomas, a las que el Gobierno de España repartió este año 160 millones de euros. Esta primera recapitulación recogía un concierto tributo a Alejandro Sanz en Abrera (Barcelona), un acto de pelota mano y cesta punta en Arnedo (La Rioja), un taller-evento de belleza y hasta unas jornadas de tiro con arco, pádel, baile moderno y desayuno por la charanga El Zimbombazo en Bargas (Toledo), entre otros dispendios.
Como respuesta, la ministra se comprometió por carta a «identificar si se está realizando un uso indebido de los fondos y, de ser así, se considerarán actividades no financiables y así se les comunicará a los organizadores». Redondo expresaba en la misiva su condena a «aquellas actividades que supongan un mal uso de estos fondos o que banalicen las políticas públicas destinadas a erradicar la violencia de género, la expresión más salvaje de la desigualdad entre mujeres y hombres».
Pese a que Ana Redondo se comprometió entonces a revisar las partidas para que no volviera a ocurrir, la cascada de casos continúa produciéndose, y la Alianza contra el Borrado de las Mujeres actualiza los asuntos de supuestos desvíos de cuando en cuando. En la última actualización, correspondiente a este pasado lunes, se han incorporado talleres de mandalas, bancos morados y comedias sobre la menopausia.
Supuesta malversación
Estos gastos se sufragaron con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, independientes de los 511,5 millones de euros anuales del presupuesto del Ministerio de Igualdad, que también han ido a parar muchas veces a campañas controvertidas. Por ejemplo, dos millones dedicados a una polémica campaña que presentaba a los españoles como violentos contra las mujeres; 1,2 millones en otra para que «el miedo cambie de bando»; 100.000 euros en contratar a una empresa externa que haga un resumen de prensa de todas las noticias relativas al gabinete; o 9.992 euros en un informe que concluía que las mujeres trans sufren más la menstruación que las mujeres biológicas.
Los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que oscilan en torno a los 280 millones de euros al año, deberían destinarse exclusivamente a medidas específicas para prevenir, detectar, proteger, atender y erradicar la violencia contra las mujeres por parte de hombres. El Ministerio de Igualdad, las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla acordaron el pasado mes de abril, en la Conferencia Sectorial de Igualdad, otros 160 millones.
Sin embargo, esa fuerte inversión no está suponiendo menos violencia contra las mujeres. De hecho, en lo que va de año, 9 de las 24 mujeres que han sido asesinadas habían denunciado previamente a su agresor, el 37,5%. Nunca este porcentaje había sido tan alto, lo que evidencia, a juicio de la abogada Paula Fraga, de la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, que «el fallo es institucional»: «El Ministerio de Igualdad es uno de los ministerios con más presupuesto y lo gasta en cuestiones intrascendentes cuando no perjudiciales para la causa de las mujeres, en ridiculeces, cuando se tiene que poner casi en su integridad el presupuesto a la protección de las víctimas».