Vivienda ignora a los afectados por la okupación tras un mes de su denuncia Bruselas
La eurodiputada Cristina Maestre se ofreció a hacer de «intermediaria» entre la asociación y Rodríguez
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. | Europa Press
El Ministerio de Vivienda aún no se ha puesto en contacto con la Plataforma de Afectados por la okupación e inquiokupación, según ha podido saber THE OBJECTIVE. Esta asociación llevó hasta el Parlamento Europeo el pasado 23 de enero la situación de desprotección que aseguran sentir por el «continuo desprecio» del Gobierno de Pedro Sánchez ante esta problemática. La asociación compareció ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para denunciar la inacción del Gobierno en la «protección de las viviendas de los españoles ante okupas e inquilinos morosos/okupas».
«La petición que hacemos a Bruselas es una especie de llamada de atención ante la constante ignorancia que el Gobierno hace a nuestro colectivo», explicaba entonces su portavoz, Ricardo Bravo, a este diario. Dentro de la comparecencia, Bravo expuso en Bruselas la situación que vive España. En el escrito presentado al Parlamento, la plataforma detallaba que el «incremento exponencial del impago de rentas por inquiokupación está relacionado con la aprobación del RD Ley 11/2020 de 31 de marzo, dictado para paliar los efectos de la pandemia por COVID-19 y a partir del cual se suspenden los procedimientos de desahucio y los lanzamientos para personas que sean declaradas vulnerables».
Sin contacto desde entonces
Tras las palabras del portavoz de la asociación y las intervenciones de los grupos parlamentarios, la petición ha quedó abierta y la Comisión de Peticiones, presidida por la popular Dolors Montserrat, decidió pedir a la Comisión Europea que investigue y que se ponga en contacto con las autoridades españolas para buscar soluciones sobre el terreno. También se solicitó una opinión a la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo.
Una visita a Bruselas de la plataforma que también sirvió para que sus portavoces se reuniesen con diferentes parlamentarios europeos de casi todos los partidos. También con la socialista Cristina Maestre que se ofreció, según Bravo, a hacer de «intermediaria» entre la asociación y la Ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, para cerrar una reunión. Sin embargo, más de un mes después no sólo no se ha producido esa reunión sino que «no ha habido ningún tipo de contacto», según asegura Bravo a este diario.
«Ella está en otras prioridades, ni nos han escrito ni nada. Tiene otras prioridades, al principio de su cartera dijo que los pequeños propietarios no debíamos preocuparnos, pero su prioridad está claro que no somos», asegura. No obstante, desde la plataforma insisten en que consideran que su problema no solo es relativo a Vivienda, pero esperaban que tras la promesa de Maestre se produjese un «gesto».
«Nuestro problema es de justicia. Siempre hemos mandado solicitud de reunión al Ministro de Justicia de turno, sin éxito», añade. Los afectados por la ocupación consideran que el crecimiento de estas situaciones está directamente relacionado con la nueva Ley de Vivienda que «da alas a la ocupación», asegura Bravo al tiempo que añade que «la ley no es justa, los que sufrimos okupación no tenemos derecho a denunciar nuestra vulnerabilidad».
Última reunión, con Espadas
Desde la asociación lamentan que, pese a haber mantenido desde 2019 una gran cantidad de reuniones con diversos cargos socialistas de todo tipo, todas han sido infructuosas. «Además, con cada una de ellas es como empezar desde el principio, explicar la problemática de cero. En privado se muestran muy comprensivos, pero no hay ningún avance», lamenta el portavoz de la plataforma. El último con el que los afectados por la ocupación han mantenido un encuentro ha sido Juan Espadas, portavoz del PSOE en el Senado, hace menos de un mes.
«Hay una frase de Juan Espadas que me llamó la atención. Mostró empatía, pero dijo que tenía que plantearlo en el partido a ver qué apoyos encontraba. Esto no es encontrar apoyos, es la justicia o no. Si algo es injusto habrá que luchar por ello. Luego hablas con ellos tú a tú en los despachos y nadie nos discute ni una coma ante nuestras realidades», añade. El problema llega fuera de los despachos.
El 40 Congreso del PSOE
«Para abordar este fenómeno con rigor y sin alarmismos, es necesario hacerlo desde una óptica integral que incluya propuestas de carácter social dirigidas a garantizar el derecho a la vivienda digna junto a aquellas que tienen por objeto la efectiva persecución de conductas ilícitas». Esta cita forma parte de una de las resoluciones del 40 Congreso del PSOE celebrado en octubre del año 2021.
El PSOE añadía entonces que era necesario abordar propuestas que diesen respuesta «tanto a las demandas de mayor seguridad de los propietarios de inmuebles, como a las carencia habitacionales de quienes se encuentran en situación de exclusión social». Además, señalaba el partido socialista entonces que era «necesario prevenir las actividades ilícitas aparejadas a las ocupaciones ilegales de inmuebles, ya sean viviendas, locales u otro tipo de establecimientos».
Por su parte, a principios del mes de febrero el PP inició en el Senado el trámite de una Ley antiokupación con desalojos en 24 horas y endurecimiento de las penas. Una ley que pretende crear un marco jurídico claro y eficaz para proteger el derecho a la propiedad privada y garantizar la seguridad de los propietarios afectados por la ocupación ilegal de viviendas. Una ley a cuya presentación el partido invitó a la Plataforma de Afectados por la Ocupación.
Desde la asociación consideran que esta propuesta «se queda corta por básica ya que no recoge el fenómeno creciente de la inquiocupación», pero reconocen por lo menos «la intención» de regular la situación. «La base de la ley del PP o, por lo menos las intenciones, la fundamentación teórica, es similar al texto que aparece en el 40 Congreso», añade Bravo.
Los propietarios, también vulnerables
Los afectados lamentan que desde el Gobierno «están contando con nuestros recursos, que en muchos de los casos son fundamentales para nuestra subsistencia, y estamos manteniendo a quienes han cometido un delito dejando de pagar e incumpliendo un contrato». Es el caso de Marcelino, un señor de Gijón que tiene desde hace seis meses okupada la vivienda de su madre por unos inquiokupas que se han declarado vulnerables.
Según cuenta a este diario, su madre tiene 84 años y está en una residencia. Precisamente el dinero del alquiler de esa vivienda servía para sufragar los gastos de la misma. «La situación es desesperante. A parte de no pagar la renta, tenemos que hacer frente al gasto de 165 euros mensuales de la comunidad que incluye calefacción central y agua caliente», explica. En el caso de Marcelino es él el que está haciendo frente al pago de la residencia de su madre y de la comunidad. Pero él tiene su propia familia, con dos hijas de las que ocuparse. «Son muchas noches sin dormir, impotencia por no poder hacer nada y ver que tienen ellos más derechos y nosotros más obligaciones que derechos», lamenta.
Este caso de inquiokupación es creciente en este momento. Se trata de un tipo de inquilinos que firman un contrato de alquiler de manera totalmente legal, pero, al poco tiempo, dejan de pagar la renta. Una situación que también está sufriendo Esther. Esta propietaria compró su vivienda en Madrid hace ya más de 10 años pero por motivos de trabajo tuvo que desplazarse a Valladolid, donde reside en estos momentos.
Vivir al día
«Esa casa la compré hace bastante pensando vivir en ella, amueblada, cuidada…La vivienda ha estado alquilada desde 2012 con varios inquilinos y sin ningún tipo de problema hasta el 2019, con los últimos inquilinos», explica a THE OBJECTIVE. La afectada relata que estos últimos arrendatarios pagaron bien hasta el año 2021, cuando empezaron los retrasos y el calvario para Esther.
«Entonces era una pareja con hijos. Ahora solo vive la mujer, aunque tiene empadronada a su hija para hacerse pasar por vulnerable», asegura. Tras seis meses de impagos, siguiendo el procedimiento establecido, esta propietaria denunció la situación que estaba viviendo. Tuvo fecha de juicio en varios momentos pero fueron suspendidos por esa supuesta situación de vulnerabilidad. «Desde entonces llevo sin cobrar nada. Son tres años. La Comunidad de Madrid da compensaciones, pero tardan más de un año y medio. Pero yo tengo que estar pagando la hipoteca, el seguro, comunidad, todos los gastos», relata Esther.
Esta víctima de la inquiokupación lamenta que esta situación le ha provocado tener que «vivir al día» ya que ha tenido que gastar «todos sus ahorros y se está endeudando más» con familiares y créditos personales para poder afrontar todos los costes. Esther asegura que su situación en este momento es posiblemente de «mayor vulnerabilidad» que la de la inquiokupa que vive en su propiedad. Y teme que esta situación se prolongue más en el tiempo. «¿Cuánto tiempo voy a estar sin mi vivienda y sin cobrar pagando todo, cuatro años más?», se pregunta.
