Ribera se abre a negociar con la pesca por la eólica marina ante el riesgo de un 'caso Castor'
Propone a los pescadores por carta una reunión con tres primeros espadas de su ministerio para abordar sus exigencias
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. | Europa Press
Nervios dentro del Ministerio de Transición Ecológica. Por primera vez, la ministra Teresa Ribera se dirige a los pescadores personalmente a través de una carta para negociar la situación de la energía eólica marina en España. Así, el pasado 28 de febrero, la ministra pactó con el presidente de la plataforma que se rebela contra la nueva tecnología una reunión «a la mayor brevedad», a la que acudirán tres primeros espadas de su organismo: la directora general de Costas y el Mar, el director general de Política Energética y Minas y el director de gabinete de la propia ministra.
Ocurre en un momento de máxima tensión y tras meses, según denuncian los pescadores, de ninguneo por parte de la Administración. Ahora estos preparan movilizaciones en los puertos contra los planes de ordenación de la eólica marina: desde Galicia hasta Asturias, pasando por las Islas Canarias. En medio de este escenario, la ley aprobada a finales de febrero de 2023 –y que sirvió para ordenar el mar para la posterior puesta en marcha de la eólica marina– sigue empantanada en los tribunales.
«Si los planes de ordenación marina aprobados se anulan por el Tribunal Supremo, toda la normativa posterior de desarrollo no tendrá cobertura jurídica. Por lo tanto, nos podríamos encontrar con que el Estado realiza concesiones administrativas para decenas de años que luego no se pueden llevar a cabo. Nos podríamos ver con un proyecto Castor II, donde el Estado tendría que indemnizar a las empresas por la imposibilidad de ejecutar las concesiones adjudicadas», comentan desde el sector pesquero.
Por otro lado, fuentes jurídicas señalan que las empresas están cubiertas de un hipotético coste por una posible sentencia del Supremo en contra de sus intereses. «Las empresas lo que tienen claro es que, en el caso de que les otorguen una concesión administrativa y exista una anulación de esas concesiones, tendrán derecho a indemnización por parte del Estado», comentan fuentes jurídicas. Sin embargo, el riesgo existe y posiblemente esa indemnización no sacie del todo las pretensiones de las energéticas. Se espera que el fallo del alto tribunal esté listo «en el último trimestre del año o a principios de 2025».
En la carta de Ribera a los pescadores se reconoce que el Ministerio ha empezado a analizar dos estudios que habían reivindicado desde el sector: el impacto socioeconómico y el impacto medioambiental en los ecosistemas marinos. Una situación que sorprende en el sector, porque consideran que son dos análisis importantes y el Ministerio ha reconocido que aún no los tiene cuando está abriendo al mismo tiempo el marco para las concesiones administrativas.
En la misiva, la ministra subraya que se han tenido, en todo momento, en cuenta las preocupaciones del sector pesquero y que son conscientes del miedo que genera entre los pescadores el desarrollo de tecnología en los mares. Además, Ribera tacha de «esencial» mantener el diálogo, que resalta que ha ocurrido durante todo el proceso. La respuesta de la ministra llega tras el envío de una carta el pasado 1 de febrero por parte del sector pesquero, en la que mostraban su preocupación por la eólica marina.
La eólica marina pende del Supremo
De momento, el Tribunal Supremo ha tumbado pruebas clave que han usado los pescadores para inhabilitar el procedimiento del Ministerio de Ribera. Según apuntan, «no son necesarios informes sobre afectación al sector y a los ecosistemas marinos». La pesca presentó un recurso de reposición, que se espera que sea desestimado ya que será el mismo tribunal el que lo estudie y falle al respecto. La Abogacía del Estado todavía no ha enviado un escrito de conclusiones para replicar a los pescadores. Hasta ahora, lo único que han enviado al alto tribunal tuvo lugar a mediados de octubre y fue un escrito de casi 90 páginas argumentando la legalidad del plan de eólica marina.
El pasado 26 de febrero, el Ministerio para la Transición Ecológica dio un nuevo paso para dar luz verde a la eólica marina en nuestro país. De esta forma, el organismo inició una audiencia pública sobre el proyecto de Real Decreto por el que se regula la producción de energía eléctrica en instalaciones ubicadas en el mar. La propuesta normativa plantea «otorgar de forma simultánea, mediante un procedimiento de concurrencia competitiva, el régimen económico de energías renovables y la reserva de la capacidad de acceso a la red y de la concesión de uso del dominio público-marítimo terrestre». Un plan que llega dos meses tarde, ya que el objetivo es que este se hubiese aprobado «antes de 2024».
