Puente impone la ley del silencio por el 'caso Koldo': «Hay órdenes de no ir a los eventos»
El escenario ha sido criticado por el empresariado del sector debido a los continuos plantones en los actos
El ministro de Transportes, Óscar Puente. | Europa Press
El Ministerio de Transportes ha dado orden para no acudir a los eventos del sector que se organicen mientras dure el caso Koldo. Así lo han confirmado a este medio fuentes conocedoras después de que este periódico comprobase in situ la queja generalizada por parte del empresariado por los continuos plantones de altos cargos y representantes del Ministerio en estos últimos días.
Puente está centralizando la posición de su ministerio con respecto a este caso de corrupción, que salpica de lleno al organismo del que es titular. Se busca cubrir a subsecretarios, secretarios generales y también a su secretario de Estado, José Antonio Santano, de posibles preguntas.
Este martes, sin ir más lejos, la consultora KPMG y la patronal de autobuses, Confebus, organizaron un evento para presentar un estudio que llevaban varios meses trabajando con el objetivo de mejorar los procesos de licitación para mejorar la movilidad sostenible. Estaba previsto que un representante del Ministerio de Transportes clausurase el evento a las 11.50 de la mañana, pero a última hora se excusaron por «problemas de agenda».
Aunque Óscar Puente ha tratado de ser transparente con este caso (dio una rueda de prensa en el Ministerio el 27 de febrero, aceptó una entrevista en La Sexta el 2 de marzo y ofreció declaraciones durante el II Congreso de Movilidad Inteligente y Sostenible de Prensa Ibérica) en cada intervención han aparecido titulares que subrayan que «no habrá destituciones» pese a que varios trabajadores se encuentran salpicados por la presunta trama y siguen hoy bajo su amparo. Ahora, y aprovechando el debate y la votación de la ley de amnistía, el ministro ha plantado a la agencia de comunicación Europa Press, que tenía previsto hacer un desayuno con él este jueves.
El 27 de febrero el ministro aseguró que solo había un único afectado por el caso Koldo. Se trataba del hermano de Koldo García, Joseba García. Al resto los defendió. Unos días después comenzó a airear una frase que ha ido repitiendo: «Yo no pongo la mano en el fuego por nadie». Así, el 5 de marzo destituyó al director general de Puertos del Estado. La razón fue por «pérdida de confianza». Pero desde entonces no ha habido ninguna salida más pese a la preocupación por la imagen del Ministerio que él mismo admitió en una entrevista el pasado 2 de marzo.
Uno de los que está en la diana es el subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez. El pasado 7 de marzo se conoció que había reconocido a la Guardia Civil la entrega de documentación sensible sobre los contratos que se están investigando al asesor de confianza del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, en un encuentro que tuvo en el restaurante La Chalana de Madrid. Días antes el ministro ya había hablado con él y mantuvo su confianza. Este martes en el Senado, Puente recordó que lo «conoce desde hace dos meses» para justificar que no guarda relación con él.
Otro de los que se encuentra en el ojo del huracán es el director general de una empresa pública adscrita a Adif, Vicente Calzado. Así relata la querella de la Fiscalía Anticorrupción la relación que tuvieron los dos altos cargos mencionados con el principal asesor de Ábalos. «Koldo García Izaguirre también ha tenido alguna reunión con altos cargos del Ministerio de Transportes. Así, el 2 de febrero de 2023 tuvo un encuentro con el subsecretario de este Ministerio, don Jesús Manuel Gómez García, y con don Vicente Calzado Tellez, director general de Emfesa, sociedad mercantil estatal dependiente del Ministerio de Transportes, en el restaurante La Chalana. En este punto se ha de reseñar que García Izaguirre se ha reunido en más ocasiones con esta persona, debiéndose destacar también que Joseba García Izaguirre, hermano de Koldo, es empleado de Emfesa desde el 1 de marzo de 2022″.
Precisamente el hermano de Koldo, Joseba García, es uno de los seis querellados por la Fiscalía Anticorrupción, y continúa hoy trabajando en la compañía pública Emfesa, en concreto para una brigada de limpieza. El ministro asegura que no lo puede despedir porque sería ilegal, y apunta a que un juez lo consideraría un despido nulo que le obligaría a readmitirlo. Pero esto último está muy tasado por ley. Además, fuentes expertas en derecho laboral sostienen que el Ministerio podría cesarlo a través de un despido improcedente, tras pagarle una indemnización (que no superaría las dos mensualidades).
Por último, en el Senado Puente quiso también justificar las acusaciones por su inacción con los trabajadores que aparecen en la investigación: «Yo no conocía a la mayoría de los funcionarios cuando llegué al Ministerio. No tengo ningún vínculo con ellos. No cesaré a nadie porque me lo digan los del Partido Popular, sino si yo tengo razones para ello».
