Interior amplió hace cuatro meses un contrato a la firma de PCR salpicada por el 'caso Koldo'

El Ministerio del Interior amplió hace apenas cuatro meses un contrato para la Policía Nacional suscrito con Eurofins Megalab, una empresa clínica que se ha visto salpicada estos días por el caso Koldo por adjudicaciones de test PCR durante la Covid a distintos departamentos estatales y gobiernos autonómicos, como el canario presidido entonces por el actual Ministro de Política Territorial, Víctor Torres.

El 23 de octubre del año pasado, cuando la investigación judicial ya estaba en marcha y cuando el Gobierno conocía su existencia, la División Económica y Técnica del Cuerpo Nacional de Policía prorrogó los servicios de la compañía hasta noviembre de 2024 para la realización de pruebas especiales complementarias a los aspirantes a ingresos en su Escuela Básica, según ha constatado THE OBJECTIVE.

Este departamento de Interior adjudicó en septiembre de 2022 a Eurofins Megalab Clinical Diagnostics para llevar a cabo estos estudios a través de un contrato que fue rubricado en su momento por Luisa María Benvenuty, jefa de la división económica de la Policía dependiente de Interior, y por Álvaro Delgado Mendoza, apoderado de la compañía.

En ese momento las principales adjudicaciones de la pandemia, que están siendo investigadas por irregularidades y tras la intervención del asesor del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y las mordidas que, entre otros los empresarios, recibió el presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama Delgado.

Por este contrato con Interior, ahora extendido en el tiempo, el laboratorio recibirá 424.000 euros. Una cantidad que se suma a otras licitaciones conseguidas por la administración con anterioridad. En el foco de la investigación judicial destacan las adjudicaciones de por 5,3 millones para test covid en Canarias y otra de la Policía por 600.000 euros para un servicio similar en los peores momentos de la pandemia.

Eurofins Megalab es una sociedad cuya matriz está radicada en Luxemburgo. De acuerdo con el registro mercantil, el administrador y socio único es Eurofins Clinical Testing Holding Lux Sarl. En una de las filiales del conglomerado, Eurofins Histolog figura como apoderado uno de los implicados en la trama, César Moreno García, dueño de Ferinvest.

La investigación judicial, tras la intervención de los teléfonos móviles, inicia las labores de indagaciones de hechos delictivos en este derivada de la causa —los test PRC que se suman a las mascarillas— por las conversaciones que mantenían varios participantes del entramado en un grupo de WhatsApp denominado precisamente Fertinvest.

En el chat el empresario Ignacio Díaz Tapia aseguraba que Koldo García se había puesto en contacto con él en relación a los test. Y decía que «me acaba de llamar K. para la Policía. Y me ha dicho que si estamos preparados para hacer una Comunidad Autónoma completa. Esto va a ser la polla». Además, señalaba que estaba vinculado a Eurofins Megalab. Y concretaba posteriormente: «Una Comunidad Autónoma. Los policías ya está para el día 4. Me ha dicho que mañana me contaba más».

El Ministerio del Interior ya había contado con los servicios de las mascarillas, que han salpicado también a Baleares y a la actual presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. El Departamento que lidera Fernando Grande-Marlaska adquirió en abril de 2020 tapabocas a Soluciones de Gestión —también de la trama— por 3,48 millones.

Y antes de la pandemia ya tenía relación con otros integrantes de la red corrupta. Una de las empresas del cabecilla de la banda, Juan Carlos Cueto, declaraba, según el sumario al que ha accedido este periódico y la información tributaria, haber ingresado entre 2017 y 2021 «un total de 8.132.897 euros con origen en diversas sociedades y organismos públicos. El mayor cliente resulta ser la Dirección General de la Guardia Civil, organismo dependiente de Interior que habría abonado en el periodo temporal reseñado un total de 2.052.167 euros».

En concreto, en 2018 es cuando esta firma del líder de la trama Koldo consiguió el mayor pago de todos por parte de la Dirección General de la Guardia Civil, al anotarse 734.762 euros. El sumario de la causa de las mascarillas apunta que esta dependencia de Interior emitió 190 facturas a favor de Comercial Cueto 92 y, según los asientos contables de cada una de ellas, estarían relacionadas con el abono por el suministro de piezas de vehículos, negocio en el que está especializada la compañía. «Continuando con los ingresos que habría realizado la Guardia Civil a la sociedad al cabecilla de la trama, también figura que en el año 2017, la Comandancia de Badajoz habría pagado 6.512 euros», añaden los investigadores.