Diana Morant oculta los detalles de las adjudicaciones de la farmacéutica semipública
Rovi e Insud han sido los laboratorios elegidos por el Ministerio de Ciencia e Innovación
Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades. | EP.
Rovi e Insud Pharma han sido las farmacéuticas elegidas por el Ministerio de Ciencia e Innovación para crear junto con el Gobierno la primera farmacéutica semipublica. A través de Innierte, esta semana, firmaron un acuerdo conjunto de más de 74 millones de euros para desarrollar y comercializar terapias avanzadas, que puede llegar a movilizar hasta 220 millones, con una aportación pública total de 107 millones de euros.
Sin embargo, de los detalles de este acuerdo, poco se conoce. En marzo de 2023, el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Cdti) hizo una llamada para que los grupos privados interesados en participar en esta iniciativa mostraran su interés. THE OBJECTIVE se ha puesto en contacto con el Ministerio de Ciencia e Innovación para conocer cuáles fueron estos grupos, y por qué finalmente han sido Rovi e Insud los laboratorios elegidos. Desde el departamento de Diana Morant solo nos han comentado que, en junio de 2023, se seleccionó la propuesta conjunta de ambas farmacéuticas «atendiendo a las capacidades técnicas y financieras».
Nada se sabe de cuáles son esas capacidades técnicas y financieras, ni cuáles fueron las capacidades del resto de empresas que se postularon a este «ambicioso» proyecto, enmarcado en el Perte para la Salud de Vanguardia. Los fármacos desarrollados por esta sociedad –que pretende convertir al Estado en «ente emprendedor»– se ofrecerán al Sistema Nacional de Salud con un precio reducido, compitiendo así con el resto de farmacéuticas privadas.
Estado como productor-oferente
Y es que con la creación de esta sociedad, con una participación inicial del 51% por parte de los socios privados (38.182.346 euros), Insud Pharma y Rovi, y un 49% de inversión pública (36.685.000 euros), el Estado se convierte en regulador del sector farmacéutico —estableciendo qué medicamento es financiado por el Sistema y a qué precio— y, al mismo tiempo, en productor-oferente. Esto, según fuentes del sector farmacéutico en declaraciones a THE OBJECTIVE, «contraviene cualquier lógica, porque no puede haber alguien que establezca las reglas y al mismo tiempo se quiera aprovechar de ellas o las use para impedir la presencia de otros».
En este sentido, según fuentes del Ministerio de Ciencia e Innovación, será un Comité Científico Técnico –aún por establecer– el encargado de determinar las terapias con mayor proyección e interés para su desarrollo». La farmacéutica semipública, para la cual aún no hay nombre y que pretender comercializar dos terapias avanzadas en 2027, fue aprobada el martes 12 en Consejo de Ministros y constituida ante notario el miércoles. Según las fuentes consultadas, en Europa no se conoce ningún caso parecido; solo en Francia la multinacional Sanofi tiene una participación minoritaria (poco más del 11%) del Estado francés.
Propuesta electoral de Sumar
Esta iniciativa, como ya adelantó THE OBJECTIVE, era una propuesta electoral de Sumar. De esta forma, se consolida una de las pretensiones de la ministra de Sanidad, Mónica García, y de su secretario de Estado, Javier Padilla. Este último publicaba un artículo titulado ‘Una industria farmacéutica pública: ¿para qué y cómo?’, donde defendía la creación de esta entidad para investigar, desarrollar, fabricar y comercializar medicamentos que «ayuden a generar un ecosistema de investigación e innovación farmacéutica sostenible».
«La presencia de lo público en la industria farmacéutica ha de servir para generar ecosistemas que lideren y dirijan la inversión biomédica de titularidad privada hacia ámbitos de investigación relevantes socialmente, generando un ente público con capacidad para acumular know how en los procesos de investigación y desarrollo biomédico pero también con ambición y generosidad para crear círculos virtuosos que hagan que esto redunde favorablemente en el tejido empresarial biomédico de los lugares donde se implante», se lee en el documento. De esta forma, se desprende del texto, el número dos de García defiende que sean los poderes públicos los que dirijan la investigación del sector privado.
Por su parte, la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha asegurado que esta sociedad mercantil «responde al compromiso del Gobierno con el impulso, a través de la ciencia y la innovación, de la medicina más avanzada y la llegada al mercado de las investigaciones en salud que se llevan a cabo en el sistema de ciencia español para promover su acceso a todas las personas». El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) también colaborará en la aportación del conocimiento científico y participará en los órganos científico-tecnológicos de decisión de la sociedad.
