El Gobierno admite la 'fuga' de 45 técnicos del área de ciberseguridad en tan solo dos años
El Ejecutivo viene a confirmar las informaciones publicadas en su día por THE OBJECTIVE
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. | Europa Press
El Gobierno de Pedro Sánchez ha acabado por admitir que el Instituto Nacional de Ciberseguridad, conocido como Incibe, no es un remanso de paz. En respuesta a una pregunta formulada por el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, cuyo portavoz es Miguel Tellado, el Ejecutivo ha confirmado por carta que, en algo menos de dos años, se han producido hasta 45 bajas laborales de distinta índole, entre ellas, fugas y marchas por despido -aunque no precisa este número-, en un área considerada estratégica para este Gobierno. Se trata del área relacionada con la informática y la telemática, donde en la actualidad trabajan 300 personas, entre trabajadores directos e indirectos -asisten también empresas externas-, aunque las cifras de 2023 confirman solo 150 profesionales directos.
Por tanto, se trata de una cifra que podría ser llamativa -45 bajas laborales-, teniendo en cuenta las características y la dimensión de este negociado. Con sede en León, Incibe está dirigido desde junio de 2022 por Félix Barrios Juárez. Un cargo señalado por fuentes políticas y técnicas consultadas por este diario como el origen de un «ambiente de descontento, trabajo viciado y frustración», que en modo alguno responde a la empatía en la dirección de una persona que tenga un «pasado sindicalista», anclado también al Partido Socialista Obrero Español, y que llegó a esta casa de la mano del entonces presidente, José Luis Rodríguez Zapatero.
El «maltrato a los trabajadores» es lo que se infiere de las fuentes consultadas, razón que dio lugar a la publicación en THE OBJECTIVE de dos informaciones que recogen, por un lado, la sensación de «camarilla» que hay en la pirámide del staff de Incibe, marginando a puestos técnicos y cualificados y, por otro, la mala gobernanza y mala gestión de un departamento que depende ahora del ministro José Luis Escrivá, quien según relatan otras fuentes a este medio, sí estaría pendiente de la marcha del Instituto Nacional de Ciberseguridad.
Estas dos informaciones fueron también el motivo de la pregunta elevada al Gobierno al pasado 27 de febrero. La respuesta ha llegado este 3 de abril, añadiendo otra cuestión al final de la misiva, y es el reconocimiento de «la denuncia de un trabajador que está en vías de resolverse por el órgano competente». Lo cierto es que en la publicación de las cuentas anuales de Incibe de 2022, se puede observar una previsión de despido que viene de 2021, no resuelta entonces, por valor de 74.812.23, de saldo a corto plazo de 2022, por lo que se entiende que la denuncia interpuesta por un trabajador no debería ser a la que alude el Gobierno en la fecha de la carta.
Quejas de trabajadores y empresas
Ya en la noticia publicada en este periódico el 17 de enero, titulada Fuga de talento en el ministerio de Escrivá por un «chiringuito» en el área de ciberseguridad, las fuentes consultadas sostenían que en el seno de Incibe se estaba produciendo una criba de técnicos -concretamente hablaban de cinco-, despidos improcedentes, ofertas de empleo que parecen diseñadas, bajas por depresión y una situación complicada, a la que se añadía la desaparición del departamento de recursos humanos o las quejas de los trabajadores por el anuncio del cierre de la guardería del Incibe, abierta desde 2008, también con plazas al resto del público.
En este marco, según comentan a este diario, tampoco parece que haya encontrado mejor solución la pata de la gestión de Incibe con los fondos Next Generation, ya que «continúan los problemas financieros» de las empresas acogidas al programa España Digital 2026.
Si bien el Instituto se ha abierto desde las primeras denuncias hechas desde este digital a la posibilidad de adelantar algo del pulmón financiero con el que cuenta —Incibe es el cuarto perceptor de estas ayudas europeas (171.633.034,18), según la información oficial del Plan de Recuperación y Resiliencia enviado a la UE—, hoy no aporta gran cosa, ya que finalmente las empresas tienen que adelantar y avalar sus operaciones, aun con voluntad por parte de Incibe, creando hitos intermedios para cobrar antes. «Así no se puede frenar un problema que ha traído el abandono» de las pymes que se están yendo de este programa europeo a «cuenta gotas».
«Se nota –añaden a este medio– que Incibe tiene prisa por ejecutar. De hecho, están colaborando con las SGR –sociedades de garantía recíproca–, pero lo cierto es que, de momento, más allá de resolver o autorizar, no se han adelantado los pagos prácticamente nada». Y tampoco -apuntan- han buscado una salida a través del ICO, como le hubiera gustado a muchas pymes.
