De Cos 'suspende' a Díaz y pide una revisión exhaustiva de las políticas de empleo
Las conclusiones aparecen en el último informe del Banco de España sobre la situación actual y el mercado de trabajo
Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España. | Europa Press
La dinámica del mercado laboral español y el creciente número de asalariados –20,9 millones de personas trabajando, en buena medida por el incremento del empleo público y la vuelta de trabajadores inmigrantes– no es tan evidente como describe el relato del Gobierno.
A esas conclusiones ha llegado el último informe anual del Banco de España, relativo al mercado de trabajo español: su situación actual, sus tendencias estructurales y las políticas de empleo. El informe subraya los síntomas de tensionamiento que ya experimenta nuestro país, un fenómeno más propio de otros con tasas de paro inferiores a las de España, y que obliga a nuestro «marco institucional» a una «revisión exhaustiva» de sus políticas para alcanzar el grado de eficiencia óptimo.
El reciente estudio del organismo supervisor detecta hasta seis elementos que condicionan un ecosistema en el que paradójicamente conviven la tasa de paro más elevada de la Unión Europea con un crecimiento de costes laborales hasta un 2,6% por encima de la media de los países de nuestro entorno. Un 42,5% de empresas llegaron a declarar en 2023 cómo la falta de mano de obra que padecen y limita su actividad, colocando a España con una tasas de productividad que apenas remontan los datos prepandemia.
En efecto, las causas de la persistencia de este diferencial positivo en la tasa de paro entre España y la mayor parte de los países de nuestro entorno han sido objeto de mucha investigación a lo largo de las últimas décadas.
Incentivos al empleo
No en vano, aun reconociendo que las razones de esta brecha continúan siendo objeto de debate, el organismo que dirige el gobernador Pablo Hernández de Cos pondera lo que la literatura económica mantiene con carácter general. Y es que una parte importante de las diferencias internacionales observadas en las tasas de paro tienen que ver fundamentalmente «con las propias instituciones y políticas que afectan directamente al funcionamiento del mercado laboral».
Actuaciones, entre ellas, como el enfoque de las políticas activas (formación e intermediación laboral) y pasivas de empleo –que hoy corresponden a Yolanda Díaz–, lo que obliga a la prioridad de los legisladores a «revisar» esas políticas e incluso a «reconsiderarlas».
En este sentido, el Banco de España destaca el actual diseño de las políticas activas, cuyo objetivo principal –señala– «debe estar centrado en aumentar la empleabilidad de los parados»; así como el de las políticas pasivas de empleo, «que han de ofrecer –suscribe el documento– un nivel adecuado de protección a los desempleados, al tiempo que deben proporcionar los suficientes incentivos para el retorno al empleo».
En opinión del supervisor –planteando de antemano otros retos de nuestro mercado laboral como los tecnológicos, demográficos, normativos y educativos–, en el caso de España se dan dos indicadores que explican la situación y esa falta de eficiencia: la falta de mano de obra y, por otro lado, el creciente número de vacantes.
Las encuestas regulares realizadas a empresas, por parte tanto de la Comisión Europea como del Banco de España, ya ponen de manifiesto –recoge el documento– «que la falta de mano de obra es percibida por las empresas como uno de los principales factores que limitan su actividad productiva». En particular, el porcentaje de empresas que declara que la falta de mano de obra es un factor que limita la actividad empresarial pasó del 25% a principios de 2022 al 42,5% a finales de 2023. Por otra parte, aunque las vacantes de puestos de trabajo son difíciles de medir, también «hay indicios de escasez de oferta de trabajo en varios sectores de actividad y ocupaciones».
El subsidio
El informe del BdE entra de lleno en el subsidio por desempleo. Y así, anticipa que «la literatura económica muestra que los incentivos al reempleo son mayores si la cuantía del subsidio disminuye con la duración del desempleo y si dicha cuantía y dicha duración son limitadas». Un argumento que no parece estar muy en la línea de la idea original de Yolanda Díaz, con una prestación que está pendiente de una reforma a enviar a Bruselas, a cambio del cuarto desembolso de los fondos Next Generation.
En este sentido, la evidencia internacional sugiere –indica el escrito– que «una cobertura, una cuantía y una duración de las prestaciones por desempleo relativamente elevadas solo son compatibles con bajas tasas de paro cuando los incentivos a retornar al mercado laboral también son elevados y, en particular, cuando los servicios públicos de empleo son especialmente eficaces en la intermediación, asesoramiento, perfilado, formación y control de la búsqueda de empleo por parte de los trabajadores desempleados (Asenjo y Pignatti, 2019)».
Por eso, a la luz de las mejores prácticas desplegadas en otros países de nuestro entorno y de la evidencia empírica disponible, «resultaría deseable explorar –propone el Banco de España–, entre otras, las siguientes opciones de cara a una eventual reforma de las políticas pasivas de empleo en España: introducir cambios en la duración de las prestaciones/subsidios —posiblemente condicionados al ciclo económico— y/o sendas decrecientes en sus cuantías, sin reducir los niveles de protección ex ante; permitir que determinados subsidios/prestaciones sean compatibles, con carácter temporal o permanente, con el empleo; mejorar la integración del cúmulo de políticas de rentas que las distintas Administraciones Públicas han desplegado y, reforzar la coordinación de las políticas activas y pasivas desempleo, en aras, también, de incrementar su eficacia y eficiencia».
Entretanto, el Banco de España insiste en las conclusiones que afectan al tensionamiento del mercado de trabajo. Con la tasa de paro más elevada de la Unión Europea, en España suben los salarios, la productividad es débil y está estancada y los costes laborales suben, una apreciación que ya hizo la semana pasada la Comisión Europea al alertar del déficit que España acumula en la Seguridad Social y del incremento del mismo de cara a la sostenibilidad del sistema público de pensiones.
