Vecinos del barrio de Vallecas denuncian la «inacción» de la Sareb en sus pisos okupados
Los habitantes de este edificio viven una situación complicada con varios pisos ocupados y problemas de convivencia
La paciencia de los vecinos del bloque número 10 de la calle El Yesero, entre los distritos de Puente y Villa de Vallecas, ha llegado casi al límite. Los habitantes de este edificio -y de la mancomunidad- viven desde hace años una situación complicada con varios pisos okupados y «problemas de convivencia constantes», tal y como asegura Pilar, la presidenta de esta comunidad a THE OBJECTIVE. Unos problemas que comenzaron y se fueron agravando hace aproximadamente tres años.
«Ignorábamos hasta entonces lo que pasaba. Pensábamos que era gente normal, que pagaba su alquiler, pero nos dimos cuenta de que los contratos no eran legales y fue cuando se destapó todo y empezaron los problemas», asegura esta vecina. «Ya empezamos a hilar. Pagábamos mucha luz, ya que ellos estaban enganchados al suministro. Todos los dispositivos de seguridad que intentábamos poner aparecían destrozados-como cámaras de seguridad-, han cortado cables, roto cerraduras, los garajes… etcétera», lamenta Pilar.
Estos vecinos han tenido que sufrir varios intentos de allanamiento de morada, intento de robos de coches y demás situaciones que están convirtiendo la convivencia en una «auténtica pesadilla». «Es raro el día que no viene la policía por la zona», aseguran. Los vecinos culpan de esta situación al propietario de estas viviendas por «inacción y por permitir esta situación». Se trata de varias viviendas pertenecientes a una promotora de un constructor que quebró y que ahora son de la Sareb.
Por ello, los vecinos de esta mancomunidad, hartos de esta situación, se han organizado para protestar este viernes a las 18 horas contra lo que consideran «inacción» de la Sareb en sus pisos okupados. En este momento, de las 120 viviendas hay 28 que pertenecen al conocido como ‘banco malo’. De estas, no todas están okupadas. Hay cerca de una decena vacías y otras tantas pendientes de una vista del juzgado que valore la situación de vulnerabilidad de las familias que viven dentro. El enfado de algunos vecinos se ha acentuado precisamente después de que el pasado 11 de abril se paralizase el desahucio de 20 familias inquilinas del bloque número 10 de la calle El Yesero.
Atasco del proceso
Por su parte, los okupas aseguran que tienen contratos de alquiler con las antiguas empresas propietarias de los pisos. Sin embargo, estas empresas quebraron y los pisos acabaron en los activos de Sareb. Tal y como ha podido saber este diario, se trata de un activo que ha pasado un largo proceso judicial y Sareb no pudo inscribirlo en el Registro hasta febrero de 2024, es por ello que los procesos se han ido demorando. La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria lo primero que hizo como nuevo propietario fue denunciar en el juzgado la okupación e iniciar el procedimiento de gestión dual para ver si había vulnerabilidad o no en esos ocupantes. Algo que le exige la ley.
Es entonces cuando fruto de ese análisis se detectaron indicios de vulnerabilidad en seis viviendas y por ello, hace unas semanas, el juzgado suspendió el lanzamiento de las mismas con una prórroga de 60 días para que se determine si hay o no vulnerabilidad. No obstante, tal y como aseguran fuentes de la Sareb a este diario, en este mismo proceso judicial, ante el acercamiento de la fecha de lanzamiento, hubo otro conjunto de viviendas en las que las personas conflictivas que residían allí se fueron. «Eran otras 6 viviendas. En todas esas viviendas se ha articulado un protocolo de seguridad con alarmas, etc. para que no se vuelvan a okupar», aseguran.
Ley de Vivienda
«Los problemas de conflictividad han ido creciendo, se han hecho fuertes. En uno de los pisos nos enteramos que han ejercido la prostitución, otro funciona como ‘camas calientes’ y nunca duermen los mismos. Teníamos a los estafadores dentro», lamenta Pilar, que también reconoce que los problemas de convivencia no se dan con todos los inquilinos que viven ilegalmente en estos pisos.
Tras la suspensión de los desahucios, cuando pasen los 60 días se procederá al lanzamiento de las viviendas en las que no haya vulnerabilidad o no haya colaboración de los ocupantes. Por otro lado, si estas familias colaboran y se demuestra la situación de vulnerabilidad, pasarán al programa de alquiler social que tiene Sareb en marcha desde hace más de un año. «Ese alquiler social conlleva el respeto de normas de convivencia con el acompañamiento de los trabajadores sociales», recuerdan en la gestora. Unos procesos legales que establece la Ley de la Vivienda aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez con respecto a la okupación de viviendas propiedad de grandes tenedores, como es el caso de Sareb. Al ser el ‘banco malo’ un gran propietario tiene que acreditar en los juzgados que las personas a las que va a desalojar no son vulnerables cumpliendo con la dicha ley.
Situación de vulnerabilidad
«Hemos tenido buena voluntad desde el principio, intentamos mantener buena relación. Hemos pensado que era gente estafada. Tú no alquilas un dúplex en una zona buena de Vallecas por 400 euros», explica la presidenta de esta comunidad. Sin embargo, la situación se ha torcido con el paso de los meses. Y es precisamente lo que cuestionan estos vecinos, que aseguran que no hay una comunicación fluida con Sareb y que la gestora les debe 40.000 euros correspondientes a los gastos de comunidad de sus pisos okupados. Un extremo que desde la gestora pública niegan tajantemente. También piden a Sareb una mayor seguridad en los pisos que son de su propiedad para no «fomentar la okupación».
Será a mediados de junio cuando el proceso entre en la siguiente fase y se demuestre o no la vulnerabilidad de estas familias. «Una persona que se permite el lujo de comprar un perro de 1.50o euros o lleva coches de alta gama no es vulnerable», alegan algunos de los vecinos afectados por esta situación. Muchos de ellos, asegura la presidenta de la comunidad, se encuentran en tratamiento psicológico ante «el infierno» que están viviendo en sus propias casas. Otros, como ella, asegura que están amenazados. «Esta gente nos graba en cualquier situación. Estamos amenazados cuatro vecinos con palizas. Hay denuncias… Esto es un infierno. Si te callas, se enganchan a la luz, te destrozan elementos comunes. Si no te callas, te amenazan». lamenta.