El Gobierno alcanza el 10% de Telefónica tras gastar 2.285 millones de las arcas públicas
El Estado ha pagado un 12,9% más del precio que las acciones tenían cuando anunció su compra a finales de diciembre
Exterior de la sede de Telefónica, en el ensanche de Las Tablas, en el distrito de Fuencarral-El Pardo (Madrid). | Europa Press
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha alcanzado este lunes el 10% del capital social de Telefónica con lo que se convierte en su primer accionista, incluso si es que Saudi Telecom logra quedarse con el 9,9% que tienen previsto. La sociedad pública ha indicado además que «ha culminado el mandato del Gobierno trasladado a finales del año pasado», con lo que se supone que finaliza la compra de acciones de la operadora de telecomunicaciones por parte del Estado.
Queda la duda sobre una posible solicitud de un segundo consejero por parte del Gobierno, pero la SEPI no se ha referido a ello en su comunicado remitido al regulador. Lo que sí ha indicado es que ha adquirido un total de 567.016.155 acciones con un precio medio de 4,0295 euros por acción, por lo que el importe de la operación asciende a casi 2.285 millones. El dinero de la compra de Telefónica ha salido de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y de partidas destinadas originalmente a gasto de las autonomías y las entidades locales.
En total, el Estado se ha gastado un 12,9% más del precio que las acciones tenían el 19 de diciembre cuando se anunció la operación. Pese a ello, la SEPI dice que ha «la operación se ha llevado a cabo minimizando el impacto en la cotización y cumpliendo con las comunicaciones de participaciones significativas establecidas en la normativa de los mercados donde opera», ha detallado la entidad pública.
160 millones extra
No obstante, el movimiento ha supuesto un coste de 160 millones extra a los 2.024 millones que hubiese costado todo el paquete en diciembre, cuando la acción tenía un precio de 3,57 euros. Sin ir más lejos, Saudi Telecom anunció la compra de un 4,9% en acciones y un 5% en derivados después de que se hiciese efectiva la adquisición con un coste de solo 2.000 millones por el mismo paquete que ha adquirido de manera escalonada la SEPI.
Con todo, la participación de la SEPI en el capital de Telefónica tiene «vocación de permanencia» y busca aportar una «mayor estabilidad accionarial» a la compañía para la consecución de sus objetivos, al tiempo que contribuye a la «protección de sus capacidades estratégicas», ha indicado la sociedad pública.
Con la entrada accionarial cerrada en Telefónica la única duda que queda es saber si es que la SEPI y el Gobierno pedirán un segundo consejero en Telefónica. El pasado viernes, el ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, volvió a avivar los rumores sobre la solicitud de otro miembro en el consejo de administración de Telefónica indicando que «lo estudiaremos en su momento», en respuesta a un periodista durante un acto público. Una frase cuidadosamente ambigua que no confirma nada, pero que deja todas las opciones abiertas.
Consejo de Telefónica
Telefónica nombró hace poco más de un semana a Carlos Ocaña como nuevo consejero en representación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el organismo encargado por el Gobierno para hacerse cargo de la participación del Estado. Lo hizo tras la petición del Ejecutivo al superar el 7% de participación, levemente por encima del límite legal para solicitar un representante.
Si Telefónica tuviese dos sillones en el consejo su representación real se elevaría hasta los tres consejeros, ya que Javier de Paz (consejero otro externo) es un socialista convencido que no oculta su cercanía con el actual Gobierno de coalición. Telefónica tiene 15 sillones en su consejo. El problema es que este movimiento sería una bomba de relojería para la gobernanza de la cotizada, una sociedad que en los últimos años lleva realizando importantes esfuerzos para cumplir con el Código de buen gobierno de la CNMV.
De esta manera, fuentes bursátiles y de compañías cotizadas consultadas por este diario indicaron que este movimiento no solo podría vulnerar el Código de buen gobierno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sino que además enviaría una clara señal de injerencia gubernamental, algo duramente penalizado en el mercado y que podría perjudicar la cotización de la compañía.
