España solo se ha gastado el 25% de los fondos europeos Next Generation, según un informe
El Instituto Juan de Mariana propone bloquear los fondos y poner en marcha un programa de incentivos fiscales
Pedro Sánchez con Ursula von der Leyen en un acto de la Comisión en Madrid. | Europa Press
A las puertas de la siguiente cita electoral con las urnas europeas, el Instituto Juan de Mariana (IJM) ha elaborado un informe -El fiasco de los fondos europeos- al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. En él, hace una disección de la gestión de los fondos Next Generation por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, relativos a su ineficacia, opacidad, burocracia, distorsión en el crecimiento económico y contrarreformas.
El citado informe evalúa la eficacia de la Administración española en cuanto a la ejecución de los fondos y el dinero que ha llegado hasta ahora a la economía real. Mientras la Fiscalía Europea ve indicios de malversación y prevaricación en el caso Begoña Gómez, el Instituto Juan de Mariana hace acopio de datos publicados por la Intervención General de la Administración del Estado, y resuelve que el Ejecutivo español solo ha hecho llegar, en el trienio de 2021 a 2023, el 25% del total de estas ayudas europeas, relativas al paquete de los 69.000 millones de euros que llegaron vía subvención.
Agregadas las cifras de todo el periodo 2021-2023, teniendo presentes las evaluaciones anuales de la Comisión Europea, el IJM señala que los gastos que realmente se han realizado desde que se puso en marcha el programa NextGeneration EU han ascendido a 2.400 millones de euros en 2021, 5.200 millones en 2022 y 12.400 millones en 2023.
Estas cantidades dejarían el importe total en el entorno de los 20.000 millones -como también señaló en su día la Airef-, lo que quiere decir que solamente se habría gastado el 25,1% de los fondos previstos para el trienio. Por lo tanto -insiste la institución que preside Manuel Llamas-, por cada 100 euros movilizados desde las instituciones europeas, España apenas habría desembolsado 25 euros.
Ineficacia de los fondos
En opinión del Instituto Juan de Mariana, uno de los aspectos más llamativos con los que se están gestionando los fondos europeos es la enorme ineficacia con la que se han procesado dichos recursos. Así queda desglosado en los gráficos 1 y 2, correspondientes a los años 2021, 2022 y 2023, con cifras referidas a los tres primeros meses del presente ejercicio 2024.
Los datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) muestran que las autorizaciones del Gobierno han ido a menos (91,4 por ciento en 2021, 88,3 por ciento en 2022 y 79,2 por ciento en 2023), lo que a su vez se traduce en un descenso de los fondos comprometidos (86,7 por ciento en 2021, 76 por ciento en 2022 y 65,5 por ciento en 2023) y en una caída de las obligaciones reconocidas (82,8 por ciento en 2021, 68,9 por ciento en 2022 y 57,3 por ciento en 2023).
Además, los pagos realizados han pasado del 45,5% de los fondos disponibles para el año 2021 al 39,6% registrado en el año 2022 y el 27,3% alcanzado en el ejercicio 2023.
Asimismo -sostiene esta institución-, «los ratios para los cuatro primeros meses de 2024 en los que disponemos de datos confirman que la tendencia a peor se mantiene».
Transferencias a entes públicos
El Instituto Juan de Mariana recuerda que es importante recordar que los pagos realizados pueden ser transferencias de
la Administración a otros entes públicos.
Por lo tanto, aunque los pagos realizados en 2023 supongan menos de 3 de cada 10 euros bajo gestión, esto no significa que tales desembolsos se hayan ejecutado de manera efectiva y hayan llegado a financiar un proyecto real.
En este sentido -defiende la fundación liberal-, «el Gobierno no ha ofrecido datos de ejecución real desde agosto de 2021, pero las estimaciones elaboradas por Fedea apuntan a que la ejecución real habría sido del 27% en 2021, 24% en 2022 y el 9% en el primer semestre de 2023.
Bloqueo de los fondos
En el epígrafe de conclusiones, el IJM sostiene que el grueso de los fondos europeos han ido a parar al sector público. De hecho, entre los principales receptores de estos recursos, el 80% son distintas instancias del Estado y menos de un 20 por ciento son empresas privadas. Y además -añade-, «se puede estimar que, frente a un presupuesto de casi 80.000 millones comprometidos en ayudas a fondo perdido, el Gobierno ha planteado 37.000 millones de nuevos gastos estructurales, desembolsos corrientes, subsidios y subvenciones, etc.».
De igual modo, detecta esta institución liberal que la ejecución de estos fondos por parte del Gobierno lleva aparejada la aprobación de distintas reformas que, en la práctica, «no solamente no tendrán efectos positivos, sino que suponen verdaderas contrarreformas de impacto francamente negativo en la economía española. Tres ejemplos claros de ello son la Ley de Vivienda (que está hundiendo la oferta de pisos disponibles), los cambios en el sistema de pensiones (que dispara las cotizaciones sociales mientras ensancha el agujero de la Seguridad Social) o los nuevos modelos de medición del empleo (plagados de maquillaje estadístico)».
Por eso -concluye el informe-, España «debe bloquear los fondos europeos que aún no se han comprometido y desembolsado y poner en marcha un programa masivo de incentivos fiscales -como también mantiene el PP- que permita devolver recursos al sector privado, dejando la ejecución de estos recursos comunitarios en manos de las empresas, que podrán asumir los fondos europeos por el lado de la oferta».
