Renfe oculta los detalles de un contrato millonario que Barrabés arrebató a Telefónica
Argumenta la costosa labor, el consumo de sus recursos y las reticencias de los implicados para mostrar el expediente
Barrabés, socio de Begoña Gómez en el máster de la Complutense, también logró un contrato millonario con Renfe. | Ilustración de Alejandra Svriz
Renfe oculta la mayor parte de la información relativa al contrato que Juan Carlos Barrabés, socio de Begoña Gómez en su máster de la Universidad Complutense, se adjudicó en noviembre de 2022 a través de su consultora tecnológica Innova Next. Esta es una de las empresas protagonistas en el caso de presunta corrupción que salpica a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Barrabés arrebató a Telefónica, gracias a este pliego, la gestión de la aceleradora de startups TrenLab. Esta fue lanzada por la empresa ferroviaria en 2018. Durante cuatro años el proyecto fue comandado por Wayra, el hub de innovación de la multinacional de telecomunicaciones. La aceleradora corporativa de Renfe, ahora en manos de Innova Next, tiene como objeto crear soluciones tecnológicas con startups para mejorar la experiencia del viajero.
El empresario aragonés también logró batir en esta licitación a Seidor y a McKinsey & Company, que pretendían hacerse con el atractivo proyecto valorado en dos millones (sin IVA). Barrabés ha conseguido importantes contratos con diversos organismos dependientes del Gobierno. La mayor parte los obtuvo entre los años 2021 y 2022, después de que Gómez y Barrabés colaborasen en el máster de la Complutense.
Barrabés vs Telefónica
Los escasos datos que facilita la Plataforma de Contratación analizados por THE OBJECTIVE muestran que Innova Next se hizo con el pliego, vigente al menos hasta noviembre, gracias a su oferta económica. Finalmente, se adjudicó el contrato a Barrabés por algo más de 1,6 millones (sin IVA). Este convenio tiene la posibilidad de dos prórrogas hasta completar 24 meses más.
El opaco contrato no muestra detalles de los pliegos técnicos ni administrativos y tampoco facilita el nombre de las empresas licitadoras. Sí se señalaba que los candidatos invitados a presentar ofertas podían acceder a determinados documentos. Tampoco aparecen las puntuaciones en la parte técnica ni las vinculadas a juicios de valor. Sí se muestra en el anuncio de adjudicación que los criterios subjetivos tenían un valor de 40 puntos. Mientras, los evaluables con fórmulas, 20; y los criterios económicos, otros 40.
Las excusas de Renfe
Ante la opacidad de Renfe sobre este contrato -uno de los 99 valorados en 25 millones que logró Barrabés-, THE OBJECTIVE acudió a Transparencia. Renfe siguió denegando el acceso a buena parte de la información con la excusa de que afectaba a los intereses de diversas compañías. La empresa pública tardó dos meses y medio en responder a este periódico y basó la demora en «en una costosa labor de expurgo, anonimización y depuración de un expediente de contratación que contiene una gran cantidad de documentos».
Además, determinó, que tras estos arduos trabajos de depuración «realizados para disminuir el riesgo de eventuales acciones legales de los en su día licitadores, el resultado debería ser sometido a nuevo trámite de audiencia». Por último, añadió que estas labores «consumirían notables recursos de esta entidad que debían dedicarse a la prestación de servicios».
La empresa ferroviaria también señaló que McKinsey & Company había asegurado que el expediente de contratación contenía secretos comerciales que debían ser protegidos, lo mismo que argumentó Telefónica. Seidor también se opuso e Innova Next sostuvo que debía limitarse el acceso al contrato «para proteger sus intereses comerciales y que el expediente incluía datos personales».
Otros contratos en el foco
Según ha ido adelantando este medio, hay otras licitaciones adjudicadas a Barrabés, además de la de Renfe, que están bajo la lupa por irregularidades. Entre estas cabe mencionar uno del Consejo Superior de Deportes (CSD) de 3,6 millones de euros. Así, en diversas actas del órgano de asistencia de esta licitación se señala que se incumplió el plazo de presentación de ofertas legal. El proceso se cerró en 13 días, cuando la ley obliga a un mínimo de 15, por lo que se evitó que concurriesen más competidores.
El Consejo Superior de Deportes (CSD) optó por la vía de urgencia en este contrato por un supuesto interés público. La adjudicación, que superó los 10 millones de euros, se dividió en dos lotes. El segundo se encargó a Juan Carlos Barrabés, el empresario que avaló Begoña Gómez con varias cartas de recomendación. El contrato está siendo analizado por la Fiscalía Europea, ya que estuvo financiado con fondos comunitarios del programa Next Generation.
En otro contrato del Ministerio de Trabajo, la empresa de Barrabés arrasó en la valoración de los criterios subjetivos y fue la elegida pese a presentar una oferta un 40% más cara que algunos de sus rivales. Mientras, la Universidad Rey Juan Carlos fabricó un concurso ad hoc para dar cuatro millones a Barrabés. Un negocio que se fraguó tras la recepción de 12 millones de euros de fondos europeos a la Asociación del Deporte Español (Adesp) para la formación de «capacidades digitales» a 6.000 alumnos en el marco del plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
