El Gobierno veta la opa de Magyar sobre Talgo por razones de seguridad nacional
La compañía húngara ofrecía cinco euros por acción y suponía valorar la compañía en 620 millones de euros
El empresario András Tombor ofrece una rueda de prensa sobre la OPA de Magyar sobre Talgo. | Gustavo Valiente (Europa Press)
El Gobierno ha rechazado la opa presentada por el grupo húngaro Ganz Mavag (Magyar Vagon) sobre Talgo alegando razones de seguridad nacional, según ha adelantado el diario vasco El Correo y ha confirmado posteriormente el Ministerio de Economía y Empresa. Con ello el Ejecutivo cierra la puerta a una operación que nunca fue de su agrado en una decisión inédita -es la segunda vez que se bloquea una compra a través del escudo antiopas- que podría generar un importante terremoto empresarial e inversor.
De momento, Ganz Mavag estudia interponer un recurso ante el Tribunal Supremo denunciando este bloqueo a la opa de Talgo y unos argumentos (los de seguridad nacional) que no parecen ajustarse a la realidad del expediente. De hecho, como ha informado este diario, la compañía no descarta llegar a Europa si el tribunal español plantease una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
«El análisis llevado a cabo ha determinado que la autorización de esta operación conllevaría riesgos para garantizar la seguridad nacional y el orden público», confirmó el Gobierno tras validar el informe de la Junta de Inversiones Exteriores (JEC) en el Consejo de ministros celebrado este martes, el primero tras la vuelta de las vacaciones.
Más información
El mismo Consejo de ministros ha declarado la información contenida en este expediente como clasificada, por lo que se han negado a dar más información al respecto. La opa sobre el 100% de Talgo presentada por el consorcio húngaro, que ofrecía cinco euros por acción y suponía valorar la compañía en 620 millones de euros, aunque el Ejecutivo nunca estuvo de acuerdo con el proyecto por considerar que existían conexiones entre el consorcio oferente el Gobierno de ultraderecha de Víctor Orban.
El Gobierno tenía plazo hasta finales de octubre para pronunciarse sobre esta operación, después de que la Junta de Inversiones solicitó nueva información y alargó el plazo por un máximo de tres meses más. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ya anticipó el pasado mes de marzo que el Gobierno haría «todo lo posible» para frenar esta operación y desde ese momento sondeó el mercado para buscar un nuevo socio industrial que hiciese frente a la húngara.
El 45% del capital del consorcio húngaro está controlado por Corvinus, un fondo estatal húngaro, aunque la compañía se comprometió a ailarse de la compra de Talgo si se aprobaba la operación de compra el capital. Sin embargo, el directivo de Magyar Vagon, András Tombor, fue asesor del Gobierno húngaro que también lideró Orbán como primer ministro entre 1998 y 2002.
Ofertas por Talgo
Del mismo modo, el fallo de la Junta de Inversiones Extranjeras -argumentando razones de seguridad nacional- coincide con la tesis del Ministerio de Transportes respecto de que esta opa planteaba un problema estratégico porque Talgo tiene tecnología que atañe a la movilidad militar de otros países europeos como los bálticos.
Además, el Gobierno dudaba de si las fábricas de Magyar Vagon en Hungría tenían la capacidad suficiente para resolver todos los problemas de producción que tiene Talgo, con fallos que se han incrementado en las últimas semanas y en pleno periodo estival. Recientemente, representantes del Ministerio de Puente visitaron sus instalaciones para ayudar a tomar una decisión, momento en el que se especuló con que se estaba buscando un acuerdo entre el Ejecutivo y los húngaros, algo que finalmente no se ha producido.
Irrupción de Skoda
Con el rechazo a la opa de Magyar se abre la puerta a Skoda, que antes del verano adelantó su interés de fusionar sus negocios con Talgo con el patrocinio del Gobierno español, aunque sin plantear oficialmente una oferta pública de acciones. Los accionistas de referencia de Talgo ya han manifestado que rechazan cualquier oferta que no sea una oferta de adquisición competidora, en efectivo y a mejor precio, aunque con los húngaros fuera de la ecuación deberán replantearse su posición.
Por otro lado, la Asociación Española de accionistas Minoritarios en Empresas Cotizadas (Aemec) publicó un comunicado asegurando que «iniciará acciones judiciales de resarcimiento contra el Gobierno en el caso de que con sus actos se generase un daño efectivo o un lucro cesante en el patrimonio de los accionistas».
