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Economía

Lorenzo Amor: «A quien más afecta la reducción de la jornada es a las pymes y a los autónomos»

El presidente de ATA repasa el calvario de los autónomos o las negociaciones por la reducción de la jornada laboral

A punto de retomar la negociación por la reducción de la jornada laboral que impulsa el Gobierno, Lorenzo Amor advierte de que una imposición por ley haría saltar por los aires la negociación colectiva y todos los convenios firmados hace menos de un año. El líder de ATA asegura que cada vez es más difícil dar creer en el cumplimiento de los acuerdos con el Ejecutivo. Amor traslada su preocupación ante la posibilidad de que el Gobierno de Sánchez no logre aprobar de nuevo los Presupuestos Generales del Estado y se vea obligado a prorrogarlos por segundo año consecutivo.

PREGUNTA.- Con la vuelta de las vacaciones tienen que retomar la negociación con el Gobierno sobre la reducción de la jornada laboral. Decía el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que asistían a un «monólogo social». ¿Se sienten excluidos, ahora mismo, de la negociación?

RESPUESTA.- Nosotros vamos a estar en la mesa de negociación, como siempre: con voluntad de representar a los autónomos y a las empresas españolas y con la voluntad de buscar consenso y alcanzar un acuerdo. Ahora bien, el problema que nos hemos encontrado es que esto es un acuerdo entre dos partidos para conformar un gobierno, pues se quiere reducir la jornada máxima. Se habla de que la jornada máxima estaba en 40 horas y se quiere reducir ahora a 37,5 horas en el año 2025. Esto es muy lícito. Ahora bien, hay que pensar que se nos impone algo que habitualmente tratamos en la negociación colectiva: salario y jornada. Otros aspectos también, pero principalmente salario, jornada. Segundo, se habla de jornada máxima de 40 horas, cuando la jornada real en convenio, firmado ahora mismo en nuestro país, está ya cercano a las 38 horas, 38,2 aproximadamente. Todavía hay convenios firmados a 40 horas, pero también los hay a 34 horas. En determinadas compañías del Ibex, trabajan 35 y 36 horas. Y también los funcionarios. Luego están los autónomos, que de media trabajan más de 60 horas a la semana. No entendemos como diálogo social el hecho de que te llamen a negociar con un resultado final decidido. Por eso hablamos de monólogo social. Y el resultado es que ya han decidido que la jornada tiene que ser de 37,5 horas y que son lentejas, las tomas o las dejas… y nos dan un ultimátum. Los ultimátum no son buenos, ni para el diálogo social, ni para quien los plantea.

P.- Si en buena parte de sectores y convenios ya está implantada esa jornada e incluso más reducida, ¿a qué sectores les supone mayor problema desde el punto de vista de los empresarios esa reducción a 37,5 horas?

R.- A quien más afecta una reducción de la jornada máxima por ley es a las pequeñas empresas y a los autónomos, que son el 90%. Me refiero a los autónomos que tienen trabajadores. En España hay un millón de autónomos que tienen trabajadores asalariados. Una empresa con 500 trabajadores no tiene problema en aplicar la reducción de jornada, le puede suponer un coste, pero no tiene problema. Cuando tú llegas a un comercio de tres trabajadores, te dicen: ¿esto qué es?, porque tienen que abrir un turno para poder cumplir el horario. Lo que se está poniendo encima de la mesa supone de facto una subida de un 6,2% del salario y de las cotizaciones sociales, aquellos que tienen 40 horas en convenio. Pero en España lo importante es que la negociación colectiva depende de la actividad y el territorio donde se negocia. Es la importancia que tiene la negociación colectiva, que se firmó hace un año. Nadie daba un euro por ese acuerdo, que se firmó antes de las elecciones municipales y autonómicas. Pues los sindicatos y la patronal demostramos que nosotros, con diálogo social, conseguimos alcanzar un acuerdo que ahora salta por los aires.

P.- Si esa reducción de la jornada laboral dinamita la negociación colectiva, ¿qué ocurriría a partir de entonces?

R.- Condición sine qua non para que nosotros avancemos en la negociación es que se acepte el convenio firmado. Los convenios son un acuerdo entre las partes, entre empresa y trabajador, unos contratos donde tú en tres años marcas cuál es la subida salarial, cuáles son las condiciones de trabajo y de jornada. Insisto, es muy lícito que el Gobierno quiera cambiar la jornada masiva, pero hay que respetar los contratos que están firmados. Lo primero que pedimos es que se respete la vigencia de esos convenios y se aplique para esos sectores una vez hayan decaído esos convenios firmados.

«Si se impone la aplicación ahora de la reducción de jornada saltarían por los aires la negociación colectiva y los convenios»

P.- De no ser así, ¿estaría el Gobierno generando inseguridad jurídica?

R.- De no ser así saltarían por los aires la negociación colectiva y los convenios firmados. Esto es lo que nosotros llamamos la inseguridad jurídica que hay en nuestro país muchas veces. Y lo denunciamos. Cuando te dicen cuáles son las condiciones que vas a tener como empresario, como autónomo o como empresa, cuando contratas, para los próximos tres años y, de buenas a primeras, te cambian las reglas de juego eso se llama inseguridad jurídica. Hay que respetar las condiciones del contrato mientras esté vigente.

P.- ¿La CEOE no va a seguir negociando si el Gobierno no les garantiza que la aplicación de la reducción de la jornada no se aplica de forma gradual?

R.- El cambio de jornada es un cambio del paradigma de las relaciones laborales y de la negociación colectiva. Hay que respetar a las 4.500 mesas que negocian los convenios colectivos y reconocer que no afecta del mismo modo a una mediana o gran empresa, que a la pequeña empresa, ni a todos los sectores, ni a todos los territorios por igual. Por eso, hemos propuesto que se cree una bolsa de horas para que se pueda distribuir la jornada irregular.

P.- ¿Puede poner un ejemplo?

R.- En La Barrosa, en Chiclana (Cádiz) no es lo mismo noviembre y diciembre que el mes de julio o agosto. A lo mejor, en verano, un restaurante tiene que tener abierto 80 horas a la semana -no quiere decir un trabajador trabaje 80 horas – pero en invierno solo abren para dar desayunos a los operarios que están allí. El empresario, el autónomo, debe tener capacidad de poder distribuir la jornada. Lo mismo ocurre con el comercio. Cuando llega el invierno hay comercios en este el territorio que cierran a las 18:00 de la tarde y, sin embargo, en plena actividad de verano han abierto hasta las 00:00 de la noche.

«El 99% de los empresarios no explotan, pagan sus horas extraordinarias»

P.- ¿Y cómo evitar abusos en este sistema de bolsa de horas?

R.- En España hay 3.300.000 autónomos empresarios. Lo mismo que yo os digo que ni todos los políticos son unos corruptos ni todos los trabajadores son unos vagos, no se puede decir que todos los empresarios que hay en este país son unos demonios o unos estafadores. El 99% de los empresarios de este país cumplen con sus trabajadores, no explotan, pagan sus horas extraordinarias, igual que el 99% de los conductores que usan una autopista cumplen la norma de tráfico. Y porque haya quien va a 200 km/h no se suprimen las autopistas.

Lo que hay que hacer es aumentar las horas extraordinarias en determinados sectores que lo puedan necesitar. Y es bueno para el trabajador, porque hay trabajadores que quieren ganar más dinero y echar más horas extraordinarias, porque supone ganar más. Últimamente el pluriempleo está creciendo. El otro día me decía un camarero debajo de casa dice «yo necesito ahora ganar más dinero, pero en esta empresa no puedes ganar más que 40 horas, pero si me voy a la de al lado, no tengo problema». Permitamos que esos trabajadores puedan ganar dinero, voluntariamente, echando horas extraordinarias. Entiendo que hay trabajadores que tienen más necesidad y, a veces, se tienen que pluriemplear para poder llevar a su casa el dinero y cumplir sus compromisos. Otro de los aspectos de lo que no tiene sentido es que a un directivo se le marque también el horario, no la jornada, o el registro. Yo sé que hablar aquí en España, tal y como está nuestro sistema de pensiones, de reducir cotizaciones, es complicado. Pero hay fórmulas, como bonificar los contratos nuevos a esas pequeñas empresas con una rebaja de cotizaciones. Otra: Las empresas, los autónomos, pagamos la incapacidad temporal y los primeros días el absentismo se ha disparado. Reduzcamos el tiempo que tiene que pagar la empresa. Hay fórmulas para buscar y compensar a esas pequeñas empresas, a esos autónomos, de lo que va a suponer un incremento salarial.

P.- Da la sensación de que esa reducción de la jornada tiene mucho impacto en las pequeñas empresas de autónomos y muy poco en las grandes… ¿Habría que pensar en una legislación de dos velocidades?

R.- El problema son esas pequeñas empresas que son el 90% del tejido empresarial. En España, tienen menos de cinco trabajadores y han subido las cotizaciones. Han puesto cada día más zancadillas, más trabas, más trámites. Los impuestos están subiendo. Los costes de producción están subiendo en muchos momentos que el empleo está creciendo. Y cuando hablan de beneficios empresariales, hablan de las grandes y medianas empresas, pero no de las pequeñas. En España 700.000 pymes que dieron el año pasado pérdidas. Aspectos como estos puede lastrar la actividad de muchas pequeñas empresas que a duras penas mantienen el empleo.

P.- No parece que vaya a haber un acuerdo de forma inminente, pero por lo menos han cambiado las posiciones…

R.- Nosotros siempre hemos tenido voluntad. Ahora, si lo que nos dicen es «esto o nada», nuestra respuesta es «no». Ahora bien, nosotros vamos a estar en la mesa con voluntad de diálogo social, de consenso y de poder alcanzar un acuerdo. Y seremos proactivos. Hemos presentado 16 propuestas diferentes, una detrás de otra, no por escrito, pero son propuestas… vamos a presentarlas por escrito.

«El diálogo social no es un diálogo de sordos ni un monólogo social»

P.- Y si la respuesta del Gobierno es «no», ¿se plantean ustedes abandonar la mesa de negociación?

R.- No, la Mesa nunca la abandonamos. Lo que diremos es que no es tan democrático… El diálogo social no es un diálogo de sordos, ni un monólogo social. Si decimos «no» a algo que consideramos que no es bueno, lo único que pido es que no ensucien el diálogo social con la batalla política.

«Cada día se hace más difícil creer que se cumpla lo pactado»

P.- ¿Qué ha quedado de aquella relación idílica Patronal-Gobierno-Sindicatos que llegaban a acuerdos continuamente durante la pandemia?

R.- Llegamos a un acuerdo, como la Reforma Laboral, que fue aplaudido por unos y censurado por otros y se aprobó por un voto. Pero había un acuerdo importante del diálogo social, que se han ido cargando con diferentes reformas. La última, la más grave de todas, por un acuerdo político implícito. Si tú tienes un acuerdo en los ámbitos del diálogo social, no eches por tierra lo que es la negociación colectiva, porque dar prioridad a los convenios autonómicos sobre los convenios nacionales es una moción de censura completa a la reforma laboral que se había acordado con patronal y sindicatos. El problema es que los acuerdos no se han cumplido y cada día se hace más difícil creer que se cumpla lo pactado.

Foto: Carmen Suárez

P.- ¿Piensa usted, como el presidente de CEPYME, que Pedro Sánchez y el Gobierno legislan contra el empresariado?

R.- Pienso que cada vez tenemos más impuestos, más cotizaciones y más trabas. Yo represento a los autónomos, es decir, hay un millón de autónomos que tienen trabajadores, uno de cada tres. Y, para los autónomos que tienen trabajadores, emplear y mantener empleo, es mucho más difícil que hace diez años.

P.- ¿Qué ha supuesto para los empresarios la prórroga de los presupuestos 2024?

R.- No tener presupuestos es una mala noticia para las inversiones, pero sobre todo, porque el Gobierno de España no tiene una hoja de ruta para realizar las inversiones que necesita el país. Sería incomprensible que una empresa no tuviese presupuestos ni una hoja de ruta para cada ejercicio. Eso es una mala noticia.

«Estamos muy preocupados ante la posibilidad de una nueva prórroga presupuestaria»

P.- ¿Les preocupa que, con la mayoría precaria que tiene el Gobierno y las represalias anunciadas por Junts, entre otros, pueda haber una segunda prórroga, en esta ocasión para las cuentas de 2025?

R.- Estamos muy preocupados ante la posibilidad de que pueda haber una nueva prórroga presupuestaria. Es verdad que unos nuevos presupuestos podrían disparar el gasto público, pero esperemos que España pueda tener presupuestos. No podemos permitirnos el lujo de tener un segundo año más con los presupuestos prorrogados, con los de 2023.

«Espero que el Gobierno de Illa sea capaz de frenar la fuga de empresas que sigue teniendo Cataluña»

P.- ¿Ha tenido ocasión de testar con el empresariado catalán y, en concreto, con el sector de los autónomos sus impresiones y expectativas del Gobierno de Salvador Illa?

R.- Salvador Illa es quien ganó las elecciones y con una mayoría sobre el resto de las fuerzas políticas. Ha conseguido acceder a la Presidencia del Gobierno de Cataluña pactando tanto con ERC como con los Comunes, con un pacto que es complicado, por lo que respecta al llamado concierto catalán, que rompe el principio de solidaridad. Es cierto que el cupo vasco está en la Constitución, porque lo votaron los españoles. Esto que se ha pactado no lo han votado los españoles. Esa es la gran diferencia. Aquí va a haber ciudadanos de primera y de segunda, dependiendo de la CC.AA. en la que viva. Desde luego, Cataluña necesita estabilidad. Estamos en 2024 y todavía hay empresas que están saliendo de Cataluña. Espero que este gobierno sea capaz de frenar la fuga de empresas que sigue teniendo Cataluña, pero estamos lejos de la estabilidad tan necesaria.

«Se le va a permitir a Cataluña tener una situación diferenciada sin que los españoles hayamos dado la aprobación»

P.- ¿Temen que haya tensiones entre el empresariado catalán y el del resto de España a cuenta de la exigencia del concierto económico para Cataluña?

R.- En el mundo empresarial hay preocupación, porque no es lo mismo ser empresario en Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia, Comunidad Valenciana… que serlo en Cataluña a partir de ahora, donde la propia agencia de calificación Fitch venía señalando que este acuerdo de financiación autonómica es bueno para Cataluña, pero malo para el resto de España. Y esto lo van a pagar vía impuestos las clases medias, porque unos van a salir con ventaja y otros perjudicados. Y tenemos el cupo vasco, sí, pero eso lo votaron todos los españoles. En este caso, se le va a permitir a Cataluña tener una situación diferenciada sin que los españoles hayamos dado la aprobación.

«Uno de cada cuatro autónomos en España sigue viviendo un calvario»

P.- El Gobierno asegura que la economía española va como un cohete y las previsiones de crecimiento se han revisado al alza por diversos organismos, pero según el barómetro hecho público por ATA, uno de cada cuatro autónomos no se ha ido de vacaciones, porque no se puede ir…

R.- Dice que las vacaciones solo las disfrutan seis de cada diez autónomos, el 40% no se va. Ni las cosas están tan bien, ni en España está todo tan desastroso como lo pintan por la parte de la de la oposición, ya que va por barrios, va por sectores. Uno de cada cuatro autónomos en España sigue viviendo un calvario. En los últimos cinco años, 50.000 comercios cerraron en España. ¡Que le digan a esos comerciantes que España va como un cohete! Es indudable que el rendimiento neto declarado por los autónomos ha aumentado, pero la inflación también ha subido y eso hace que aumente el nivel de impuestos. Que la recaudación está subiendo muchísimo y la inflación también, que la economía va creciendo y se va generando empleo es cierto, sobre todo en medianas y grandes empresas. El problema es cuando llega el eslabón más débil de la cadena productiva, que son las pequeñas empresas, que aquí vemos que hay sectores que están perdiendo ritmo. Hay 42.000 autónomos más. Sí, gracias a Andalucía, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Baleares, Canarias y Cataluña. En el resto, hay descenso de autónomos. Por eso digo que va por barrios. Hemos visto que el turismo está tirando de esas seis comunidades, por ejemplo.

P.- O sea que seguimos siendo un modelo económico muy basado en el turismo, aunque se supone que, con los fondos que recibimos de la UE tras la pandemia, eso tenía que empezar a cambiar ¿no es así?

R.- En estos momentos el nivel de ejecución de esos fondos es muy bajo, no el comprometido, pero en el ámbito de los autónomos no ha llegado al 30% de los autónomos beneficiados…

«La inmensa mayoría de las empresas de nuestro país no saben lo que son los fondos europeos»

P.- El eurobarómetro dice que el 29,4% de los autónomos son los beneficiados…

R.-Exactamente. Y el 22%, son el llamado «kit digital». Si vamos al entorno empresarial,  la inmensa mayoría de las empresas en nuestro país no saben lo que son los fondos europeos. Gran parte se ha quedado en la administración y otra ha ido a determinados sectores. Sí es verdad que son tractores. Pero nosotros echamos de menos el PERTE turístico, que es la principal industria que tiene nuestro país ahora mismo.

P.- Pues llevamos muchos años diciendo que no podemos depender del turismo…

R.- Si a mí, hace 20 años, cuando empecé a presidir ATA, me dijeran que los dos principales empresarios de este país iban a estar uno en el textil, con los problemas que tenía el sector, y el otro en el sector de la distribución alimentaria… No se puede fijar en el BOE el modelo productivo de un país, porque eso depende de muchas cosas, de sus emprendedores, de las capacidades y recursos que tenga ese país. Y España tiene unos recursos que, indudablemente, pueden estar viniendo del turismo. ¿Es que la gente va a dejar de ir a ese paraíso que es Fuerteventura, por ejemplo? Pues no, por mucho que queramos crear allí una industria del queso. Por mucho que queramos impulsar, el turismo seguirá siendo el principal recurso que tenga esa isla.

P.- Volviendo a los fondos y ese 29,4 de autónomos que son los únicos que han accedido a esos fondos, fundamentalmente a través del kit digital ¿cuál cree que es el problema? ¿Falta de fluidez? ¿De control? ¿Exceso de burocracia?

R.- Bueno, en estos momentos, hay un parón tremendo.

P.- ¿A qué cree que se debe?

R.- Es incomprensible. A la altura que estamos, por ejemplo, hay formación que depende de los fondos europeos que no hemos podido iniciar y tenemos que tener.

Foto: Carmen Suárez

P.- ¿Y qué ocurre si no se ejecuta?

R.- Bueno, ha habido una ampliación del plazo de ejecución, pero de momento no han podido empezar. Creo que parte del problema es la gestión, También creo que parte de burocracia, que hace que muchos abandonen. Y creo que es el tema fundamental el que aunque no entendamos el kit digital, está llegando mucha gente esperando a que alguien con se le concede el kit digital, que son 2.000 €. Ahora se ha ampliado a 3000. Al final son muchos trámites, mucha burocracia.

Sobre los ERE de Andalucía: «Nadie va a cambiar mi pensamiento de lo que ocurrió»

P.- Por otra parte, no parece normal que el Gobierno afirme que los fondos están llegando a buen ritmo y la CEOE diga que no llegan a las empresas…¿Qué está ocurriendo?

R.- Desde la CEOE, desde el BBVA y desde todos aquellos foros que están haciendo un análisis sobre los fondos. Se hablaba de un impacto importante de la ejecución de los fondos sobre el PIB. Y ahora mismo el nivel de ejecución que llevamos -y digo de ejecución- es muy bajo. De hecho, algunos sectores se han levantado en armas hace poco, como los representantes de los fabricantes de vehículos.

P.- Como andaluz y representante de los empresarios autónomos ¿Qué opina de la decisión del Tribunal Constitucional de modificar y/o suprimir las condenas por los ERES de Andalucía, que había dictado el Tribunal Supremo y la interpretación que ha hecho el ex presidente Manuel Chaves de que fue víctima de una cacería por ese caso?

R.- Creo que hay que respetar las instituciones y el Tribunal Constitucional es una institución. Yo, en la época de los ERE, viví en Andalucía. Y a mí la memoria no se me olvida. No me gusta ver ni a Chaves ni a ningún político en la cárcel y mucho menos por gestión política. Pero es indudable que hay casi 700 millones de euros que se han malgastado en Andalucía con el tema de los ERE. Que lo ha dicho el Tribunal Supremo. A partir de ahí, bueno, yo voy a respetar las decisiones, pero tengo mi propia decisión particular. Nadie me va a cambiar de mi pensamiento, de lo que ocurrió.

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