Los inspectores alertan: el cupo catalán retrasará las devoluciones de IRPF en España
Los profesionales de Hacienda lamentan que el Gobierno «esté dispuesto a destrozar el sistema tributario»
Ana de la Herrán Piñar y Jesús Gascón. | THE OBJECTIVE
Los inspectores de Hacienda del Estado han enviado un mensaje claro sobre las consecuencias que podría tener el cupo o concierto fiscal en Cataluña al que se ha comprometido el Gobierno de Pedro Sánchez con Esquerra Republicana.
Esta pasada semana, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) se reunía en Córdoba para celebrar el XXXIV Congreso de la entidad profesional representativa de este cuerpo superior. Y precisamente fue en este foro y, con este programa, donde la IHE defendió abiertamente «una administración tributaria de todos y para todos», señalando además que resulta incomprensible que el Gobierno, «en contra de la opinión de todos los expertos, esté dispuesto a destrozar el sistema tributario, a dinamitar el régimen de financiación de las CCAA, y a fraccionar la AEAT, simplemente para conseguir la investidura del presidente de una comunidad autónoma».
Sobre este asunto concreto debatió una de las mesas del Congreso -seguido por THE OBJECTIVE– relativa a los modelos descentralizados en el ámbito de la financiación territorial y su impacto en la eficiencia de las Administraciones tributarias. Moderada por el inspector de Hacienda Francisco de la Torre, contó con la participación de Giovanni Padilha Da Silva -miembro del comité técnico de Febrafite-, Ángel de la Fuente Moreno -economista y director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ignacio Zubiri Oria -catedrático de la Universidad del País Vasco- y José María Peláez Martos -economista y vocal de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado-. Este último alertó de las graves consecuencias que tendría fraccionar la Agencia Tributaria a la hora de proceder a la devolución del IRPF, ya que, al dividirse la base de datos única, resultaría mucho más difícil cruzar datos y devolver esas retenciones con la eficiencia con la que 12 millones de contribuyentes las reciben actualmente. De manera que -recalcó-, «las devoluciones de IRPF serán más difíciles y sufrirán un retraso».
Peláez subrayó que -más allá de que un concierto fiscal para Cataluña «destrozará el sistema tributario», y que habría que cambiar la ley para poder llevarlo a cabo, lo que acarreará una auténtica «rebelión» del resto de comunidades autónomas del régimen general-, el trabajo de la aplicación práctica de los tributos tiene unas líneas rojas, como el sistema de base de datos de información, que tiene que ser único «porque es nuestra joya, tanto a nivel nacional como internacional, para prestar el servicio a los contribuyentes y luchar contra el fraude».
Más impuestos y más endeudamiento
De otro modo, apuntó Peláez Marcos, tendremos problemas en la ejecución de la localización de personas físicas, artistas, deportistas, famosos; en el seguimiento de grandes patrimonios y en el programa de sociedades, en el seguimiento también de grupos consolidados, de empresas multinacionales o en las actuaciones coordinadas que la Agencia Tributaria despliega con las inspecciones que se pueden hacer en todo el país en un mismo día.
Sobre la extensión del concierto vasco en Cataluña se pronunció el catedrático de la Universidad del País Vasco, Ignacio Zubiri Oria. Como Peláez Marcos, este experto en Políticas Públicas e Historia Económica advirtió que incluso a corto plazo este concierto acabará siendo más peligroso que a largo plazo, en el momento en el que la Agencia Tributaria Catalana gestione el IRPF, porque «romperá las bases de datos», y además, introducirá «políticas de inspección», que muy probablemente atenderán a «criterios políticos».
En cuanto al IVA, quedarse con la recaudación de este impuesto por parte de Cataluña sería quedarse con el IVA de otros, anticipó el catedrático de Hacienda Pública. Afirmó además que si Cataluña tiene esa capacidad normativa, acabaría teniendo esas competencias fiscales que luego recrimina a Madrid, y entonces sí que estaríamos ante un dumping fiscal, reduciendo la Hacienda catalana su aportación al régimen común de las comunidades autónomas y su aportación al Estado. Dicho de otro modo, un cupo catalán devendría en menos financiación para el resto de comunidades, con menos servicios al Estado, porque esa descompensación económica solo se podría resolver con «más impuestos para el resto y, con más endeudamiento».
No se puede decir por tanto, concluyó Zubiri Oria, «que con el concierto catalán van a salir ganando todas las comunidades autónomas, porque eso es un ejercicio de desfachatez, de desconocimiento, o de ambas cosas a la vez».
Las políticas sociales se verán perjudicadas
El economista y responsable de la dirección de Fedea Ángel de la Fuente valoró por su parte negativamente las consecuencias de un posible concierto fiscal en Cataluña. Por un lado, porque «dar más dinero a una comunidad para que esté contenta no es una solución para abordar la reforma del sistema de financiación autonómica, partiendo de una premisa, y es que la región catalana no está mal financiada, como corean las fuerzas políticas independentistas».
De la Fuente sostuvo también que una reforma del sistema tributario que cede el 100% de los impuestos a Cataluña tampoco es positivo, ya que «ceder esta capacidad técnica e instrumental a esta autonomía no le daría mayor capacidad de autogobierno, porque si no hay control de la información -debido a la fragmentación de la Agencia Tributaria-, habrá más caos y más fraude fiscal». En realidad -afirmó Ángel de la Fuente- «lo que quieren los independentistas catalanes es tener las llaves de la caja para quedarse con más dinero».
Por último -apuntó el director ejecutivo de Fedea- «no es solo un cambio del sistema de financiación o del sistema tributario lo que quieren los independentistas, sino un cambio en un modelo de Estado que es federal para pasar a ser confederal, rompiendo así el equilibrio que se había conseguido construir entre las dos administraciones, cediendo a las regiones con menos recursos».
Destacó el moderador de la mesa, Francisco de la Torre, que fraccionar las Agencia Tributaria también acarreará otro serio problema. Y es que «las políticas sociales que defiende el Gobierno, como el Ingreso Mínimo Vital, entre otras ayudas, se verán seriamente perjudicadas, porque partir la base de datos de la AEAT lo hará más difícil, y al mismo tiempo elevará el coste y hará que todas esas políticas sean más caras de gestionar».
Los cuatro retos de los inspectores
En un ambiente de cierta desazón al ver los cambios que se están aplicando en el sistema de acceso a la función pública, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) que preside Ana de la Herrán Piñar concluyó en el XXXIV Congreso -al que asistió el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón Catalán– planteándose cuatro retos. Por un lado, alarmados ante las graves consecuencias que se producirían en la AEAT y en la gestión de los impuestos, de llevarse a cabo el régimen de concierto económico para Cataluña, piden la aprobación del Estatuto de la AEAT. Un estatuto que sirva para regular un régimen de autonomía e independencia del poder político y que en su estructura organizativa participen todas las Administraciones tributarias -estatal, autonómica y local-.
Asimismo, proponen una política de recursos humanos del Gobierno, no sólo referida al incremento de sus efectivos, sino también a la imprescindible especialización y formación de sus funcionarios. IHE considera que las nuevas medidas de selección y formación que pretende implantar el Gobierno van en detrimento de la profesionalidad e independencia de los funcionarios y provocarán en el futuro peores servicios a los ciudadanos.
El tercer reto se refiere a la necesidad de que la AEAT afronte los nuevos desafíos tecnológicos, como la aplicación de la inteligencia artificial (IA) en sus actuaciones, para mejorar los servicios que presta a los ciudadanos y la lucha contra el fraude fiscal.
Finalmente, el cuarto reto se centra en la necesidad de solucionar los problemas estructurales y de personal que desde hace años inciden negativamente en la actuación desarrollada por los tribunales económico-administrativos y por la Dirección General de Tributos, no habiéndose materializado ninguna de las propuestas que al respecto se habían planteado por parte de IHE.
