El Tribunal de Cuentas alertó antes de la DANA de irregularidades en las cuencas hidrográficas
El organismo fiscalizador detectó justo antes de la catástrofe deficiencias en la contratación y falta de control
La confederaciones hidrográficas tienen entre sus funciones la ejecución de la limpieza de los cauces de los ríos. | Europa Press
El Tribunal de Cuentas (TCu) alertó justo un día antes de la catástrofe de Valencia de indicios de presunta corrupción en varias de las confederaciones hidrográficas españolas, que son los organismos públicos encargados de la gestión del agua y que primero tendrían que haber dado la voz de alarma en caso de riesgo de desbordamiento de un río, como sucedió la semana pasada.
Tras analizar la situación de esos entes, en su mayoría dependientes del Ministerio de Transición Energética de Teresa Ribera, el órgano fiscalizador ha puesto en evidencia la falta de planificación y destacables deficiencias en los contratos adjudicados por las confederaciones en los años 2020 y 2021.
La publicación del informe del Tribunal de Cuentas coincidió justo con la tragedia de Valencia y en el mismo se apuntan fallos en la contratación con consecuencias en el erario público, pero también en el mantenimiento de determinadas instalaciones. El desastre natural, que ha provocado hasta ahora 217 fallecidos y cientos de miles de afectados, ha servido para dejar patente, entre otras cosas, la descoordinación entre administraciones.
La catástrofe también ha evidenciado la necesidad de trabajar e invertir en la limpieza de los cauces de los ríos. Esta es una de las funciones que tienen encomendadas las confederaciones hidrográficas. El informe de TCu, publicado el pasado 28 de octubre, destaca que ninguno de los organismos hidrográficos objeto de la fiscalización disponía de un plan anual o plurianual de contratación. Advierte que no tener una hoja de ruta de contratación obstaculiza la racionalización del gasto público y la «eficiente toma de decisiones».
El análisis del informe realizado por THE OBJECTIVE destaca además que esta situación restringe el acceso a los contratos de ciudadanos y licitadores y agudiza la falta de transparencia. Resulta relevante que el ente fiscalizador inste a la Dirección General del Agua (DGA), organismo al que también fiscaliza, a que se coordine de manera más eficaz con las confederaciones hidrográficas. Destaca que el objetivo debe ser dar prioridad a las actuaciones en materia de contratación. La Dirección General del Agua es un órgano del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que tiene asumidas las competencias de la Administración General del Estado sobre los recursos hídricos.
Contratos de las confederaciones
Al detalle, el trabajo muestra que uno de cada cuatro de los expedientes fiscalizados -29 de 111- no contemplaron la exigencia legal de justificar adecuadamente la necesidad del contrato. En algunos casos no se incorporó al expediente un informe explicativo de la necesidad de la prestación que se iba a contratar. Mientras, en otros la justificación no tiene entidad propia o no se formuló al inicio del expediente. El precio total de los contratos analizados supera los 430,8 millones de euros.
En cuanto a los expedientes con tramitación excepcional, el Tribunal de Cuentas ha observado que en cinco la justificación de la urgencia o emergencia no estaba individualizada para cada uno de ellos. En otros cuatro se apreció una deficiente planificación y falta de previsión por parte del órgano de contratación. También es determinante que en algunos contratos no se incluyeron informes que justificasen insuficiencia de medios. Además, en cuatro de cada diez contratos la justificación de no división fue excesivamente genérica.
En la mitad de los pliegos adjudicados por el procedimiento negociado sin publicidad -a dedo- no se justificó adecuadamente su empleo. El Tribunal destaca además el elevado peso de los criterios basados en juicios de valor en cerca de un 10% de los contratos. En nueve expedientes, la fórmula establecida en el LCAP para la valoración del precio no se fijó respecto del presupuesto de licitación.
Los contratos de las confederaciones hidrográficas analizados muestran diferencias significativas entre los presupuestos base de licitación y los precios de adjudicación. La media de baja es del 36% y es un punto mayor en el caso de la Confederación del Júcar. Según el TCu, esto indica «una estimación poco fiable de los presupuestos de licitación y una mejor optimización de los recursos públicos».
Incidencias en el mantenimiento
El ente fiscalizador recomienda adoptar medidas para la adecuación del presupuesto base de licitación a los precios de mercado, buscando optimizar los recursos económicos disponibles. Además, insta a elaborar fórmulas para la valoración del criterio precio que garanticen la proporcionalidad entre las ofertas presentadas y las puntuaciones asignadas. Por último, reclama incrementar los controles internos para garantizar la máxima transparencia y publicidad de la actividad contractual.
En octubre de 2020, el organismo fiscalizador también sacó adelante un informe sobre la contratación de las confederaciones hidrográficas. En este caso, fue menos amplio que el actual, que fiscaliza a todos las confederaciones hidrográficas, y se centró en la DGA y en las cuencas del Júcar y del Segura. Precisamente la gestión de estas dos confederaciones está ahora en el punto de mira tras la catástrofe en Valencia y Albacete. El informe analizaba los ejercicios entre 2008 y 2017. En ese trabajo resultaba relevante la recomendación del tribunal «para que se implementen programas que garanticen controles y vigilancias periódicas de todas las instalaciones de su competencia».
Con pocos cambios
Cuatro años después, el TCu admite que no se ha realizado un seguimiento específico del cumplimiento de esta recomendación. Sin embargo, deja patente que en los contratos de urgencia y emergencia «sí se han apreciado, entre otras, algunas circunstancias de la misma naturaleza que las mencionadas en la aludida recomendación».
Según ha constatado THE OBJECTIVE, dentro del plan de actuaciones de la Confederación Hidrográfica del Júcar para 2024 se habían previsto trabajos y estudios en el Bajo Turia: La Saleta, el Poio y Mandor. También estaba prevista la conectividad del nuevo cauce del Turia. Mientras, la Confederación Hidrográfica del Segura ha reconocido que los trabajos de mantenimiento realizados en el término municipal de Letur -el más afectado de Albacete- se llevaron a cabo en el año 2022.
