Solo 6.277 afectados por las riadas han reclamado las ayudas directas de Sánchez
Las solicitudes al Gobierno contrastan con las 61.000 reclamaciones al Consorcio de Seguros por daños en viviendas
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez | Europa Press
Solo 6.277 afectados por las riadas que asolaron principalmente Valencia a finales de octubre han solicitado hasta la fecha las ayudas directas aprobadas a principios de la semana pasada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Las peticiones parecen pocas atendiendo a los daños ocasionados por las inundaciones y a las voluminosas reclamaciones de indemnización ante el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), advierten fuentes financieras consultadas por THE OBJECTIVE, que matizan que aún es pronto para conocer el alcance del plan puesto en marcha por el Ejecutivo.
Los últimos datos oficiales de La Moncloa, de este viernes por la mañana, indican que de las 6.277 solicitudes de ayudas directas, 4.635 fueron cursadas en sede electrónica para daños en enseres y vivienda habitual, y que las reclamaciones al CSS alcanzan un total de 191.196. De estas, 60.855 corresponden a inmuebles que fueron castigados por la cantidad de agua embalsada.
Las ayudas directas del Gobierno, que en el primer plan anunciado se centraban principalmente en la compra de mobiliario y la rehabilitación de las viviendas, parece que por ahora no están despertando un gran interés entre los afectados. El Consejo de Ministros aprobó la entrega de hasta 60.000 euros para la reconstrucción de casas y otros 10.300 euros para reparar o cambiar electrodomésticos y muebles, por lo que, si se tienen en cuenta las peticiones al consorcio de seguros, en torno a un 10% de los damnificados demandan dinero al Ejecutivo.
La partida de ayudas para enseres y viviendas formó parte del paquete inicial de 10.600 millones, de los que el Estado solo asumía 2.100 millones a través de una serie de medidas -menos que la inversión en Telefónica-, entre las que se incluían beneficios fiscales. El pasado lunes se ampliaba la dotación total en otros 3.765 millones para, entre otras cosas, ampliar la asistencia a bienes de primera necesidad o auxiliar a propietarios no residentes.
Tal y como ya publicó este periódico, la mayor cuantía del plan saldrá de la banca, a través de los préstamos avalados por el ICO, con garantías por 5.000 millones. Estos créditos no son a fondo perdido y deben de ser devueltos por aquellas familias o empresas que los demanden. Otros 3.500 millones son los que afrontará, según las estimaciones, el consorcio de seguros, una institución adscrita al Ministerio de Economía dotado por las aseguradoras a través del recargo que cobran a los clientes en las pólizas.
Los últimos datos reflejan que este organismo ha recibido reclamaciones de indemnización para más de 115.300 vehículos; otras 10.900 reclamaciones para comercios y almacenes; 875 para oficinas; 3.223 para daños en industrias; y otras 37 para obras civiles, además de las anteriormente mencionadas para viviendas.
Si las solicitudes al consorcio no aumentan mucho más y el montante de las indemnizaciones llega al máximo previsto actualmente por el Gobierno, los afectados que cuenten con una póliza podrán percibir de media en torno a unos 18.000 euros al margen de las ayudas prometidas por Sánchez para compras de enseres y rehabilitación de viviendas. Asimismo, las víctimas de la DANA también tienen a su disposición hasta los 6.000 euros que ha ofrecido la Generalitat Valenciana.
Los expertos consideran que las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo se han quedado cortas, pero por el momento, tras más de una semana habilitadas, no están teniendo la acogida que podría esperarse en virtud de los daños ocasionados por la riada. El Colegio de Economistas, al que pertenecen 50.000 profesionales, considera que en el plan deben incluirse iniciativas, como la aplicación para los afectados de la deducción del 60% del IRPF, como ya está prevista en la norma para los residentes en Ceuta y Melilla; las deducciones del impuesto de Sociedades, o un IVA al 0% en distintas operaciones de compra, y aplazar la regularización de la cotización de autónomos de las zonas afectadas por la DANA.
El Gobierno ha puesto en marcha una red de oficinas especiales en las zonas afectadas por las riadas, facilitando la tramitación de las ayudas. Entre los puntos de esta red se encuentran edificios de la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Agencia Tributaria y Correos. En ellos se pueden gestionar las solicitudes y recibir la información que necesiten, por ejemplo, de carácter fiscal.
