CSIF prepara movilizaciones masivas por Muface tras el informe de Sanidad
El sindicato exige a Función Pública que «rectifique» al ministerio de Mónica García y presente una nueva licitación
Varias personas se manifiestan durante una protesta por Muface. | EP.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, se ha dirigido a los ministerios de Función Pública y de Sanidad para pedir explicaciones por el informe filtrado a los medios de comunicación por este último departamento donde propone ‘desguazar’ Muface. Desde el sindicato informan que llevarán a cabo movilizaciones a cabo en el caso de que el Gobierno «no ofrezca una respuesta adecuada».
«CSIF está valorando con las estructuras el alcance de las movilizaciones que se llevarán a cabo en el caso de que el Gobierno no ofrezca una respuesta adecuada: manifestaciones, paros o incluso una huelga en la función pública», indica en un comunicado, donde exige a Función Pública que «rectifique» al ministerio de Mónica García y «presente una nueva licitación para el concierto con las aseguradoras, tal y como se comprometió en la última reunión del Consejo General de Muface, que garantice la calidad de la asistencia sanitaria al colectivo de funcionarios para los próximos años».
En este informe, Sanidad propone incorporar a los mutualistas a la asistencia sanitaria de las comunidades autónomas, trasladando la financiación que actualmente se destina a las aseguradoras que participan en el concierto sanitario. «No vamos a aceptar bajo ningún concepto una decisión unilateral del Gobierno sobre esta cuestión», señala el sindicato, que agrega que está recibiendo «cientos de llamadas de personas preguntando por esta cuestión». «Además, ya estamos recibiendo casos de mutualistas a los que se les está denegando la atención en clínicas o chequeos médicos, porque las aseguradoras no tienen claro el futuro del concierto», asegura en el comunicado.
«El Gobierno está jugando con la tranquilidad y la salud de un millón y medio de personas, funcionarios y sus familias (personas mayores y menores de edad) que en estos momentos ven con incertidumbre el futuro de su asistencia sanitaria», concluyen.
