El Gobierno cifra en 511.000 las víctimas del franquismo, aunque admite duplicidades
El Ejecutivo reconoce en una respuesta parlamentaria que el sistema sigue en depuración interna
Ángel Victor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. | Europa Press
El Gobierno ha fijado en 510.857 las víctimas del franquismo. Los expedientes incorporados al Registro y Censo Estatal de Víctimas de la Guerra y la Dictadura, pero la propia respuesta oficial deja claro que esa cifra no equivale todavía a un recuento cerrado, homogéneo y depurado de víctimas.
La cifra, facilitada en una contestación escrita remitida al Congreso a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, aparece acompañado de varias cautelas técnicas de peso: el sistema sigue en revisión interna, arrastra duplicidades, requiere normalización de identidades y continúa integrando nuevas fuentes documentales. El Ejecutivo ofrece una cifra muy elevada, pero al mismo tiempo admite que el registro sobre el que se apoya sigue en construcción.
La pregunta parlamentaria, registrada el 12 de febrero por los diputados de ERC Etna Estrems Fayos y Francesc-Marc Álvaro Vidal, pedía algo muy concreto: «Cuál es el número total de víctimas del franquismo y de la Transición reconocidas y contabilizadas oficialmente hasta la fecha» y qué instrumentos utiliza el Gobierno para cuantificarlas y actualizarlas. La exposición de motivos subrayaba, además, la falta de datos oficiales «completos, sistematizados y actualizados» sobre el total de víctimas, su identificación y su reparación.
Ley de Memoria Democrática
La respuesta oficial se apoya en el artículo 9 de la Ley de Memoria Democrática, que creó el Registro y Censo Estatal de Víctimas como instrumento para la sistematización y actualización progresiva de la información. A partir de ahí, el Gobierno precisa que el sistema interno contabiliza 510.857 registros procedentes de varias fuentes.
La Ley de Memoria Democrática define como víctima a cualquier persona que haya sufrido daños físicos, morales, psicológicos, patrimoniales o vulneraciones de derechos fundamentales como consecuencia de la Guerra Civil, la dictadura franquista y el periodo hasta 1978. Incluye un abanico muy amplio de situaciones: desde fallecidos y desaparecidos hasta detenidos arbitrariamente, torturados, exiliados, deportados o sometidos a trabajos forzosos. También incorpora a colectivos específicos como represaliados económicos, profesionales depurados, personas LGTBI perseguidas, niños sustraídos, opositores políticos, guerrilleros antifranquistas, personas perseguidas por su lengua o creencias, y quienes sufrieron represión en el ámbito militar o cultural.
La condición de víctima se reconoce con independencia de que exista autor identificado y se extiende a los familiares directos —cónyuges, descendientes, ascendientes y colaterales hasta cuarto grado—. Además, la ley amplía el concepto a entidades y colectivos represaliados, como partidos, sindicatos o instituciones, e incluso a comunidades lingüísticas como la catalana, vasca o gallega. Esta consideración implica el acceso a medidas de reconocimiento, reparación y protección previstas en el marco legal vigente.
Registro de víctimas del franquismo
La principal fuente son los más de 433.898 registros volcados desde los sumarios del Tribunal Militar Territorial Primero, custodiados en el Archivo General e Histórico de Defensa. A ellos se suman registros del Mapa Integrado de Localización de Personas Desaparecidas y las Declaraciones de Reconocimiento y Reparación Personal emitidas al amparo de la ley de memoria de 2007 y de la norma vigente.
El propio Gobierno reconoce que el Registro y Censo de las víctimas del franquismo se encuentra «todavía en fase de revisión técnica interna», con tareas de detección y depuración de duplicidades, normalización onomástica y contraste archivístico individualizado. Mientras esas tareas sigan abiertas, la cifra oficial debe leerse como un dato muy provisional de trabajo, no como una cuantificación cerrada y definitiva de víctimas.
El Gobierno admite que el registro continúa creciendo mediante la integración progresiva de nuevas fuentes documentales. Cita expresamente los registros de víctimas del exilio republicano en Francia, derivados del convenio con la Oficina Francesa de Protección de Refugiados y Apátridas, y los correspondientes a españoles fallecidos en los campos de concentración de Mauthausen y Gusen, que aún no habían sido migrados al sistema en el momento de responder al Congreso.
Pregunta de ERC
La pregunta parlamentaria pedía el número de víctimas del franquismo y de la Transición reconocidas oficialmente. Sin embargo, la respuesta del Gobierno se centra en el Registro y Censo Estatal de Víctimas de la Guerra y la Dictadura y no ofrece una cuantificación específica de víctimas de la Transición ni explica de forma diferenciada cómo quedan integradas en ese total. La respuesta deja sin resolver si el Ejecutivo dispone o no de una cifra desagregada y cerrada para el periodo de la Transición, que formaba parte expresa de la consulta registrada por los diputados republicanos.
El portal oficial del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ayuda a entender como se está realizando la investigación, pero también revela sus límites. En esa web el ministerio distingue de forma expresa entre registro y censo. El primero incluye a todas las víctimas sobre las que existe información y constancia; el segundo se limita a aquellas cuya información puede divulgarse conforme a la normativa de protección de datos.
El propio portal recoge que el acceso público al censo completo estaría disponible en el primer semestre de 2026 y que, por el momento, solo podía consultarse el censo de personas inhumadas en fosas. Es decir, la herramienta pública todavía no ofrece una visualización integral del universo que el Gobierno invoca en su respuesta parlamentaria.
Nueva metodología
La misma web oficial incorpora otro dato relevante para medir el alcance real del proyecto. El llamado Proyecto Cenomi, desarrollado con la Universidad de Santiago de Compostela, trabaja en la elaboración del registro y censo para el periodo 1936-1939. Se centra solo en víctimas con resultado de muerte, excluyendo combatientes.
La respuesta parlamentaria añade, además, una propuesta metodológica preliminar para ampliar el trabajo al periodo 1940-1942. Ese diseño confirma que el sistema no está cerrado ni temporal ni metodológicamente. El resultado es que el Gobierno ha puesto sobre la mesa una cifra muy elevada, 510.857 registros, que convive con una metodología todavía abierta, con fuentes pendientes, con duplicidades reconocidas y con un proceso técnico de depuración no concluido.