El fiasco fiscal: aplazamientos, prórrogas y dos impuestos pendientes de la justicia
El Gobierno se ha comprometido con Podemos a un acuerdo para gravar en un futuro a las empresas energéticas
María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda. | Europa Press
Después de numerosas ideas y vueltas, comisiones de Hacienda aplazadas, recesos de horas y un sinfín de conversaciones y negociaciones con los socios de investidura, el Gobierno logró sacar adelante este jueves el dictamen por el cual España cumple con la directiva europea que permite imponer un tipo mínimo del 15% global a las multinacionales con una facturación superior a 750 millones de euros.
Al mismo tiempo, el Ejecutivo ha conseguido aprobar un paquete fiscal con el que, según asegura, convencerá a la Comisión Europea para que, a cambio de esas nuevas figuras tributarias -que poco tienen que ver con el compromiso inicial de una gran reforma fiscal, como en principio había planteado tras el Libro Blanco de expertos- reciba el siguiente desembolso de los fondos Next Generation, por un valor de 7.200 millones.
Pero, lejos de esa reforma, el plan fiscal del Gobierno se ha quedado más en compromisos de acuerdos que en realidades. En efecto, ha dado luz verde al tipo mínimo global a multinacionales, cuya idea partió de la OCDE. También a un nuevo impuesto bancario, a medidas contra el fraude de hidrocarburos -cuya comisión de Hacienda tiene paralizada desde el mes de marzo esta misma acción-, a la adecuación a sentencias sobre el impuesto de Sociedades -tras sentencia del Constitucional en contra de una medida de Montoro, para evitar la devolución de cientos de millones-, a la recaudación del gravamen para las pymes, al aumento de IRPF en las rentas de ahorro, a un nuevo impuesto sobre los cigarrillos electrónicos y al aumento del impuesto al tabaco y del IVA a los pisos turísticos. Además, ha incluido, por parte de una enmienda de Sumar, como ya avanza la propia página de Moncloa, que el Estatuto del Artista avanzará con la aprobación de la reforma del IRPF que contempla la intermitencia de los trabajadores de la cultura, además de la deducción rentas irregulares artistas en IRPF.
Veneno para las inversiones
Atrás se queda la intención del Gobierno y de sus socios de gravar a 15 millones de consumidores de diésel, a las socimis y a los 12,4 millones de personas que poseen seguros de asistencia de sanidad privada. Eso sí, ha recibido el apoyo suficiente del Parlamento para un nuevo impuesto a la banca, sector que está esperando a que falle la Justicia para echar por tierra una figura fiscal que no existe en ninguno de los principales países de la economía europea. Sin ir más lejos, las asociaciones bancarias AEB y CECA reiteraron ayer su determinación de emprender acciones legales contra el nuevo diseño del impuesto que se ha aprobado en el Congreso dentro de la reforma fiscal.
Además, en un juego de malabares y carambola política, el Ejecutivo ha convencido a los diputados reticentes de Unidas Podemos para apoyar un acuerdo que impulse una nueva proposición de ley que contenga un impuesto a las energéticas. En el caso de que no se consiguiera ese consenso antes del 31 de diciembre, el Gobierno aprobará un Real Decreto Ley con la prórroga del gravamen para el año 2025.
Pero esta prórroga, como ya contó THE OBJECTIVE, no es necesaria, porque ya existe, desde el día que el Gobierno escondió detrás de la continuidad y permanencia del impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas la prórroga de los gravámenes a los beneficios extraordinarios a la banca y a las empresas energéticas, a recaudar en 2025.
Los socios de Sánchez se quedan expectantes. Unos, porque quieren que el impuesto a las energéticas sea permanente, pero otros, como Junts y PNV, porque solo piensan en la prórroga. Dos puntos de vista distintos y contrapuestos que ponen de manifiesto -explica un alto ejecutivo económico- que la reforma fiscal de Pedro Sánchez no hay por dónde cogerla. Además, señala, esta falta de claridad es veneno para las inversiones: quien quiera invertir en España en el sector de las energéticas ahora mismo no sabe qué va a pasar con este impuesto, porque un compromiso de un Real Decreto no deja de provocar mayor inseguridad jurídica.
«Tomaduras de pelo»
Nada más concluir la votación, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, felicitaba al Ejecutivo por conseguir una reforma fiscal que, en su opinión, va a seguir empujando para tratar de incorporar más medidas fiscales progresivas, como el impuesto permanente a las eléctricas o aumentar la fiscalidad a la «especulación inmobiliaria», una vez que no ha prosperado la enmienda para eliminar las ventajas fiscales de las sociedades de inversión cotizadas inmobiliarias (socimis)
Este impuesto ha sido el punto de fricción que por momentos parecía que iba a derrumbar la reforma fiscal del Gobierno y llevarla de nuevo al punto de partida, ya que Podemos afirmaba que no entraría a negociar y dar su respaldo a Sánchez.
Antes de cambiar de opinión, UP mantenía que «no aceptaba tomaduras de pelo» con la reforma fiscal y que sus votos solo estarán disponibles si se mantenía el impuesto a las energéticas, dado que «no iba a pasar por el aro» de suprimir este tributo mediante acuerdos con PNV y Junts.
Pero lo cierto es que este impuesto se ha quedado ahora en el aire. El resumen -según fuentes parlamentarias- es que «el bloque de izquierdas se ha dejado engañar sabiendo que les estaban engañando… y el Gobierno ha salvado los trastos, pero no ha podido aprobar su reforma fiscal».
