El pacto (de dos) entre Moncloa y Arabia Saudí para controlar Telefónica
El Gobierno no oculta que quiere mandar, STC les apoyará y el resto de los accionistas recelan de la alianza
José María Álvarez-Pallete, presidente ejecutivo de Telefónica; Carlos Cuerpo, ministro de Economía; y Olayan M. Alwetaid, CEO de Saudi Telecom | ILUSTRACIÓN: Alejandra Svriz
«Telefónica es evidentemente una empresa estratégica para nuestro país y desde el Gobierno aplicaremos todos los mecanismos que sean necesarios, teniendo siempre en mente y de forma prioritaria la defensa de los intereses estratégicos de España». La frase es de la entonces vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, y la pronunció 24 horas después de que Saudi Telecom (STC) anunciara la compra del 9,9% de la compañía de telecomunicaciones (el 5 de septiembre de 2023), la mitad de estas acciones en derivados financieros pendientes de autorización gubernamental. Una intervención en la que Calviño además se encargó de dejar claro que la operación les había tomado por sorpresa, al igual que al equipo gestor de la ‘teleco’. «La empresa se ha puesto en contacto con el Gobierno ayer y ha transmitido el carácter amistoso», concluyó resaltando el carácter vigilante del Ejecutivo.
Una semana después (el 15 de septiembre) el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, fue aún más duro con las intenciones de los saudíes indicando que les vigilaría y que en caso de amenaza les pondría freno. Dijo que estaban analizando «detenidamente» la compra para garantizar «que en todo momento esté a salvo la defensa y la seguridad nacional». «El límite que existe para la inversión extranjera es la protección de nuestros legítimos intereses nacionales», señaló en una intervención en la sede de la CEOE, la patronal empresarial. Desde entonces -y por más de un año- el mensaje oficial ha sido siempre el mismo (argumentario de Moncloa mediante): «utilizaremos todos los resortes para bloquear la operación si detectamos que pudiese vulnerar los intereses nacionales».
Quince meses después y tras la autorización formal del Gobierno (anunciada el 28 de noviembre de 2024), nadie -excepto Moncloa y la compañía saudí- sabe qué condiciones se han impuesto para su entrada en la española. Solo se sabe (porque lo ha dicho la propia STC) que sus derechos políticos le permiten pedir un asiento en el consejo de administración, que se les ha otorgado exactamente la participación que pedían y que aparentemente no se ha cambiado una coma de su plan de entrada en Telefónica. Una situación que demuestra que las duras palabras que Calviño y Sánchez pronunciaron hace un año se han quedado como un simple papel mojado y una amenaza vacía.
Autorización de Defensa
Y es que se desconoce absolutamente qué medidas se han tomado para preservar la seguridad nacional y las redes críticas de Telefónica frente a una empresa cuyo 65% es propiedad del fondo soberano saudí PIF. STC no es solo propiedad de un Reino ajeno a la Unión Europea, sino que también está fuera de la OTAN y, lo que es peor, con duros cuestionamientos por no respetar los estándares básicos de las democracias occidentales. Condiciones que no sólo no son públicas, sino que tampoco son conocidas por el equipo gestor de Telefónica, ni por el resto de sus accionistas. Solo dos socios, el Estado con un 10% a través de la SEPI, y la saudí, con otro 10%, tienen los detalles de estos compromisos.
Pero para entender esta aparente contradicción debemos volver a septiembre de 2023 cuando se conoció -este diario fue el primero en contarlo– que STC necesitaba la autorización del Gobierno para completar su desembarco. La normativa de inversiones -aprobada solo tres meses antes- indica que la entrada en empresas estratégicas con contratos con el Ministerio de Defensa debe tener autorización de esta cartera, además de la Junta de Inversiones, si es que se superaba el 5% del accionariado. La pelota quedaba entonces en el tejado de los saudíes los que, sin embargo, tardaron diez meses en solicitar formalmente esta autorización y la llevaron hasta julio de 2024. Nadie sabe qué pasó en esos diez meses, en buena parte por la opacidad informativa de la compañía de Oriente Medio, alentada por el secretismo que ha impuesto el Ejecutivo a toda la operación.
Lo que sí sabemos es que en ese tiempo el Gobierno cocinó y ejecutó su entrada en Telefónica con una inversión de 2.300 millones de los presupuestos. Un calendario perfectamente engrasado: el 31 de octubre la SEPI confirmó su interés, en ese momento se especulaba con un 5%; el 19 de diciembre dijo que adquiriría el 10%; el 25 de marzo compró su primer 3%; el 8 de mayo (ya con un 7%) entró en el consejo designando a Carlos Ocaña; y el 20 de mayo completó el 10% del capital. Unos movimientos que se justificaron para contrarrestar la arremetida de los saudíes y preservar los intereses estratégicos de España. Dicho de otra manera, sin la irrupción de STC, el Ejecutivo no hubiese entrado en el capital… siempre según la versión oficial. Una inversión que además arrastró a Criteria a subir hasta el 10% e igualarles en el capital.
Telefónica y la SEPI
En este punto hay una pregunta evidente: ¿En qué momento el Gobierno decidió entrar en Telefónica?. Y aquí la hemeroteca juega una mala pasada a Calviño. En sus primeras declaraciones sobre STC, en septiembre de 2023, dijo que ya estaba analizando «todos los elementos que determinan la aplicación de esos mecanismos» (los del control de inversiones), como «el sector de actividad, su relación con la seguridad y defensa de España, la participación en el capital, el ejercicio de los derechos de voto y la participación en el consejo de administración u otros órganos de decisión de la empresa». «La participación en el capital». Quizás si se le vuelve a preguntar dirá que se refería a la entrada de STC, pero el análisis de la frase deja entrever que (desde el subconsciente) ya por esas fechas se estaba barruntando la posibilidad de entrar en Telefónica.
Y esto nos lleva a hacernos una segunda pregunta ¿Por qué el Estado decidió entrar en el capital de Telefónica sin esperar a que Saudi Telecom presentase su proyecto y sin siquiera valorar la posibilidad de bloquear la operación? Y la respuesta es quizás más simple que la pregunta: el Gobierno nunca tuvo intención de frenar la adquisición. Pese a las declaraciones de Sánchez, de María Jesús Montero, de Calviño y de Carlos Cuerpo cuando fue nombrado su sucesor, jamás estuvo sobre la mesa rechazar la entrada de la compañía asiática en la ‘teleco’ española.
Desde que se conoció el desembarco de Saudi Telecom un veto era inviable para no perjudicar los planes de las empresas árabes, claves en el futuro de la inversión extranjera en España y menos con un país que ha prometido centenares de millones de euros. Y los hechos lo han demostrado: dónde se bloqueó la entrada de la húngara Magyar Vagon a Talgo (rechazada desde el minuto uno), siempre estuvo desplegada la alfombra roja para la entrada de Arabia Saudí. Incluso esta misma semana -menos de quince días después de autorizar la entrada en Telefónica- el Reino firmó la compra de tres corbetas a Navantia (empresa pública de la SEPI) por más de 1.000 millones de euros.
España y Arabia Saudí
Y ahora quien haya llegado a este parte del relato ya tendrá una tercera pregunta ¿Han estado el Gobierno y Arabia Saudí coordinados en todo momento para entrar en Telefónica? La sucesión de los acontecimientos indica que sí. Saudi Telecom anunció su entrada con el 4,9% en septiembre de 2023, la SEPI anunció la compra del 10% en diciembre, la finalizó en marzo, STC presentó en julio la autorización para subir al 10%, y el plácet definitivo se les concedió en noviembre. Llegado el final de este año (quince meses después) los dos Estados aglutinan el 20% del capital, lo que les convierte en el mayor accionista si suman sus participaciones. Algo que en una empresa tan fragmentada como la operadora española les concede una fuerza accionarial sin contrapeso.
Es imposible que un Gobierno con la cercanía que tiene el saudí con el español no pusiera sobre aviso a Pedro Sánchez de la entrada de una de sus empresas públicas en la compañía española más estratégica de todas las que existen. Tampoco es casualidad que en esas fechas se filtrasen informaciones respecto de que el desembarco saudí era conocido por el equipo gestor, alejando toda sospecha de La Moncloa. Sin embargo, es imposible confirmar que el plan desde el comienzo fuese hacer una entrada conjunta y escalonado. Lo que sí han confirmado los hechos es que la llegada de STC fue la excusa perfecta para que Pedro Sánchez recuperase Telefónica para el Estado después de casi tres décadas fuera del capital.
El futuro de Telefónica
Es así como estas alturas existe un acuerdo claro entre los dos Gobiernos para intentar controlar Telefónica. Un pacto de control que además es excluyente con el resto de los socios relevantes como Criteria Caixa (10%), BBVA (5%) y BlackRock (5%). El primer paso fue la autorización de STC, cuyos detalles conocen solo las dos partes, los dos primeros accionistas de Telefónica junto con Criteria. Nadie sabe -ni el equipo gestor, ni el resto de accionistas- si Saudi Telecom puede ampliar su participación accionarial, si puede tener un segundo vocal, si puede auspiciar o vetar operaciones de venta o segregación de activos o si puede participar activamente en la gestión. Lo que sí es seguro es que estos acuerdos están dirigidos a que los saudíes apoyen al Ejecutivo español. Sin fisuras. Y dentro de este pacto, el que llevará la iniciativa será la SEPI, teledirigida por Moncloa, Economía y Hacienda.
Un pacto que se está cocinando a fuego lento. Primero, STC tiene que pedir su consejero, que se sumaría a Carlos Ocaña (SEPI), a Javier de Paz (histórico socialista) y a una nueva vocal independiente que el Gobierno quiere que sea cercana. Así, hasta cuatro afines a este eje de control, con la posibilidad de subir en número en la medida que el bloque siga creciendo en el capital si lo estiman conveniente. ¿Y qué quieren hacer? De momento supervisar, pero con poder de decisión cuando sea necesario ejercerlo. Tampoco quieren realizar cambios sustanciales ya que la idea es dar un voto de confianza al equipo gestor liderado por José María Álvarez-Pallete y al plan estratégico. Pero quieren hacer sentir cuanto antes su peso en el consejo y en la compañía. Habrá que ver cómo encajan sus intereses con el resto de los socios que miran con recelo estos movimientos.
