Sánchez y Mazón reparten a dedo 385 millones para reparar los daños de la riada de Valencia
Ocho empresas se han hecho con seis de cada diez euros de los contratos por un importe superior a un millón de euros
Las riadas del pasado 29 de octubre obligarán acometer obras millonarias para reparar los daños. | Europa Press
El Gobierno de Pedro Sánchez, a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar; la Diputación Provincial de Valencia, gobernada por el Partido Popular; y la Generalitat valenciana, que capitanea Carlos Mazón, han adjudicado 385 millones de euros a dedo para reparar los daños provocados por la riada del pasado 29 de octubre.
El análisis de los 69 contratos negociados sin publicidad realizado por THE OBJECTIVE muestra que la mayoría de las empresas beneficiarias son constructoras valencianas. Algunas de ellas, salpicadas por escándalos de corrupción. En concreto, ocho empresas –Aguas de Valencia, Torrescamara, Becsa, Senda, FCC, CHM Obras, Pavasal y Rover Rail– acumulan encargos que superan los 251,5 millones de euros. Esto supone más de seis de cada diez euros -65,3%-. Los principales licitadores han sido la Consejería de Medio Ambiente valenciana, la Confederación Hidrográfica del Júcar y Ferrocarriles de la Generalitat.
Obras en Valencia
Todos estos contratos, la mayor parte de emergencia, no recogen pliegos y la información que aporta la Plataforma de Contratación es mínima. El procedimiento negociado sin publicidad, que debería ser excepcional, impide la aparición de candidaturas no invitadas, lo que restringe de forma especial la concurrencia. El mínimo de invitaciones es tres, pero no prevé un mínimo de participantes. La competencia media de los contratos negociados con publicidad supera las tres candidaturas. Mientras, en los negociados sin publicidad la pugna se limita, de media, a 1,2 licitadores.
El pasado 13 de noviembre se formalizaba el contrato más importante de los adjudicados hasta ahora. El objetivo que contempla acometer obras y servicios en la Comunidad de Valencia para restaurar infraestructuras destrozadas por las inundaciones. La Confederación Hidrográfica del Júcar, organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, otorgaba a Aguas de Valencia y a Torrescamara un encargo valorado en 31,1 millones.
Efectos de la riada
Estas dos empresas fueron las beneficiarias de los dos lotes, en los que se prevé la reconstrucción de infraestructuras fluviales, entre ellas las dañadas en el barranco del Poyo. Torrescamara, una empresa que se ha hecho con otras tres importantes adjudicaciones en Valencia desde el 29 de octubre, participó junto a Levantina, Ingeniería y Construcción en un contrato en La Rioja que está en el punto de mira de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por el presunto pago de comisiones a cambio de pliegos de Fomento durante la etapa de José Luis Ábalos.
Después de décadas sin ejecutar obras, sin inversiones de calado y con un mantenimiento deficiente de las cuencas de los ríos, la Confederación Hidrográfica del Júcar se ha visto obligada a acometer ahora actuaciones urgentes. La facilitada a Torrescamara y a Aguas de Valencia prevé rehabilitar embalses e infraestructuras y, en concreto, los acueductos del Poyo y de la Horteta. Además, contempla actuaciones en el Río Magro. Mientras, el pasado 20 de noviembre, el organismo encargado del mantenimiento de las cuencas fluviales encargó obras de emergencia para la reparación de daños en el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) ocasionados por la dana.
Constructoras beneficiadas
La empresa beneficiaria fue Senda, Desarrollo de Infraestructuras y Medio Ambiente. En total, recibirá 22,1 millones por el encargo. Senda tiene su sede en Madrid y solo contaba con dos empleados en 2023. Esta plantilla es la que ha mantenido desde 2021, según los datos que recoge Insight View. En 2023 no alcanzó el millón de euros de facturación.
La compañía encargada de cambiar los sistemas de vigilancia del caudal del barranco del Poyo y el resto de las demarcaciones no cumple, en principio, los requisitos de solvencia, según la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). Así lo destacaba recientemente El Español. De acuerdo con la normativa, para obras contratadas por más de cinco millones de euros, la compañía beneficiaria debe estar clasificada en la categoría 6 ante la Administración contratante. Sin embargo, según señala el citado diario, esta empresa solo alcanza la categoría 4 de los 11 subgrupos en los que está inscrita.
Otra de las compañías agraciadas por los contratos públicos para paliar los efectos de las inundaciones en las infraestructuras valencianas ha sido Becsa. Esta empresa castellonense se ha hecho con siete adjudicaciones a dedo que suman 42 millones. Las concesiones proceden de varias consejerías de la Generalitat, de la Diputación Provincial y también de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Uno de los accionistas de esta empresa fue condenado hace años en el caso Gürtel.
Otra de las empresas beneficiarias de al menos seis megacontratos, que suman 32,4 millones, ha sido CHM Obras. Esta compañía también fue señalada por financiación ilegal del PP. En ningún caso la condena a estas compañías llevó aparejada su inhabilitación para contratar con las administraciones.
